FAVOR CON FAVOR SE PAGA

Como es sabido, el único entre los gremios estatales importantes de la provincia que aceptó la propuesta salarial del gobierno fue UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

Incluso hizo bastante más que eso: se tomó el trabajo de aclarar a los medios y por las redes sociales que el miércoles pasado (cuando los demás gremios pararon y se movilizaron) iba a ser un día absolutamente normal para la Administración Pública provincial, así como que ellos no avalaban ningún tipo de medida de fuerza, porque la paritaria estaba cerrada, y la nueva política salarial ya fijada.

Hicieron circular (dicen) planillas en las que se les explicaba a los empleados públicos no cuanto iban a cobrar con el aumento, sino cuanto iban a perder con el descuento de los días de paro que ordenó el gobierno de Lifschitz; y sus delegados recorrieron reparticiones públicas el día previo al paro, pidiendo información sobre quienes adherirían a la medida de fuerza: escenas de “momoveneguismo” explícito, poniéndose en el lugar de alcahuetes de los patrones.

Antes de que el gobernador anunciara que cerraba la discusión y fijaba el aumento por decreto, sus dirigentes reclamaron que se lo hiciera, porque ellos habían aceptado la oferta.

Y la recompensa no tardó en llegar: en el decreto que muestra la imagen de apertura (dictado por Lifschitz el día anterior al paro de ATE y los gremios docentes) se envía a la Legislatura para su tratamiento en extraordinarias un proyecto de ley fijando un nuevo marco jurídico para la Caja de Previsión de los Agentes Civiles del Estado (Seguro Mutual), reemplazando al vigente aprobado por la Ley 9816 y sus modificatorias.

El proyecto fue originariamente enviado por Bonfatti el último día de su gestión de gobierno (el 10 de diciembre del 2015), había perdido estado parlamentario porque transcurrieron dos períodos ordinarios de sesiones de la Legislatura sin que fuera tratado (artículo 61 de la Constitución provincial) y ahora Lifschitz busca reactivarlo.

De prosperar, el monto de los seguros que paga la Caja (que pasarían a llamarse “subsidios”) a los empleados públicos y jubilados provinciales se vería modificado, en algunos casos para peor: por ejemplo los subsidios (hoy seguros) por incapacidad y por carecer el afiliado de familiares directos pasarían a ser del 50 % del monto correspondiente a la categoría de aportes correspondientes, y el anticipo que se paga en esos casos bajaría del 30 al 20 % del monto que corresponda; y en el caso del seguro (subsidio ahora) por enfermedad terminal, sería del 10 % del importe correspondiente a la categoría para la cual se aporta pero sin aclarar que es con carácter de anticipo, lo que supone una poda del 90 % respecto al monto vigente actualmente.

Los cambios no son neutros: si la Caja debe pagar montos menores por ciertos beneficios, cada año le irán quedando mayores excedentes financieros disponibles; que de acuerdo con la ley vigente y con el proyecto (que en esto no cambia) podrán ser destinados a préstamos para los afiliados, que son otorgados discrecionalmente por el Directorio.

Y allí aparecen lo otros cambios, que son cruciales: actualmente el directorio está compuesto por un representante del Poder Ejecutivo designado por el gobernador, y cuatro (4) vocales, dos por los activos y dos por los pasivos, elegidos por los afiliados a la Caja por voto secreto.

De prosperar los cambios, el Directorio pasaría a tener nueve (9) miembros: el representante del Poder Ejecutivo y ocho (8) representantes por los activos y pasivos, elegidos entre “...las organizaciones gremiales con mayor representatividad en el organismo...”, según reza el artículo 52 del proyecto; y la representatividad de cada una de las organizaciones gremiales “se resolverá en el momento de ejecutar la reglamentación correspondiente...”, según la misma norma.

Lo que supone que será el gobernador al reglamentar la ley (y no el voto de los trabajadores y jubilados provinciales) el que determine quien integra el directorio de la Caja, que será ampliado en cuatro miembros.

Lo llamativo (o no) del asunto es que el Mensaje 4431 del Ejecutivo que acompaña la iniciativa (que tiene unos 70 artículos) no hace la más mínima mención a ninguna de éstas cuestiones, y se limita a decir en apenas una carilla que el propósito del proyecto es cambiar la denominación de los beneficios que otorga la Caja (pasando, como dijimos, de "seguros" a "subsidios"), por exigencias técnicas de la Superintendencia de Seguros de la nación. 

El organismo ha sido tradicionalmente una “cajita feliz” de UPCN, que lo maneja a gusto y paladar prácticamente desde su creación, y de prosperar la reforma, todo indica que ese predominio se verá fortalecido en desmedro de otros gremios (seguramente los díscolos con la propuesta salarial oficial); no solo dando posibles conchabos a más dirigentes del sindicato (los empleados son prácticamente todos del palo), sino una caja interesante para manejar a través de los préstamos, engordada a base del recorte de beneficios a los a afiliados.

No sea cosa que nos enteremos que el año que viene y si sigue vigente el canje de favores con el gobierno provincial, la terminen poniendo a disposición de la campaña de Jatón para la intendencia. El que viva lo verá, como reza el dicho.