LA REFORMA LABORAL EN EL CHANGUITO

Se pueden ensayar muchos análisis sobre las causas de la crisis que afecta a Carrefour en sus operaciones en el país, y que llevaron a la multinacional francesa a pedir el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la nación: que si la baja en el consumo, que si la suba de los costos por los tarifazos y la quita de las retenciones, que si la búsqueda de canales alternativos por parte de los consumidores; y hasta Macri mencionó desde su nube de pedos estelar, a la competencia desleal de los supermercados chinos.

También se puede especular respecto a si se trata de la consecuencia de un conjunto de malas decisiones empresariales de la cadena, o una muestra de una realidad más extendida, que afecta a todo el sector del supermercadismo. Lo cierto es que hasta ahora -es decir, hasta que Carrefour ingresó al procedimiento preventivo de crisis- ninguno de esos factores era siquiera considerado por los medios dominantes, o por los funcionarios del gobierno o los economistas afectos a sus ideas: por el contrario, no venían haciendo más que destacar que la economía crece, junto con el consumo y el empleo.

Esa circunstancia debería de por sí ya llamarnos la atención, para centrarnos no tanto en las causas del problema, sino en sus posibles consecuencias; sobre todo porque tenemos un gobierno que ha hecho de la crisis oportunidad, para conseguir sus objetivos centrales de política económica: disciplinar a la fuerza laboral a través del desempleo, utilizar al salario como ancla inflacionaria (única visible, a esta altura) y forzar negociaciones colectivas a la baja, y hacia el retroceso en materia de condiciones de trabajo y derechos laborales.

Durante el kirchnerismo la herramienta del procedimiento preventivo de crisis que contempla la Ley 24.013 estaba indisolublemente ligada al programa REPRO (Recuperación Productiva), por el cual el Estado subsidiaba durante un tiempo a las empresas el pago de parte de su nómina salarial, para poder sostener los puestos de trabajo: allí la  intervención del poder público tenía un sentido claro y definido, que obviamente no es el que prevalece en estos tiempos.

Muy por el contrario, el gobierno de Macri vetó la ley anti despidos sancionada por el Congreso, impulsó una reforma laboral que disminuía considerablemente las indemnizaciones por despido (abaratando así a los empresarios los costos de prescindir de personal) y en la práctica hibernó los REPRO, de los que ejecuta un promedio de entre un 25 y un 30 % apenas, de las partidas presupuestarias al Ministerio de Trabajo con ese fin; pese a que las situaciones de crisis que ameritarían utilizarlo, lejos de disminuir, se multiplican. 

Un gobierno, el de "Cambiemos", que aprovechó invariablemente cada crisis sectorial de la economía para convertirse no en el árbitro que interviene entre las partes para garantizar la paz social, sino en un activo y decidido gestor de un solo tipo de soluciones: las que suponen que los trabajadores resignen salarios y derechos, sin la contrapartida de una resignación parecida (no ya equivalente) de rentabilidad y beneficios de las empresas.

Así fue en el caso de la industria petrolera (primero en Vaca Muerta, luego en el resto de las cuencas productivas del país), de la metalúrgica con sede en Tierra del Fuego, de las automotrices y de la construcción; sectores todos a su vez colocados en circunstancias dificultosas como consecuencia de las propias políticas del gobierno, que aparece así creando el problema, y proponiendo al mismo tiempo la solución; que siempre es en contra de los intereses de los trabajadores.

Nada que deba sorprender, atento al marcado carácter de clase del elenco gobernante, y de los sectores de los que provienen sus apoyos principales.

Y con la información disponible hasta acá, todo indica que en el caso de Carrefour el mecanismo se repetirá, con la intención de tomarlo como caso testigo que se puede proyectar a un sinnúmero de situaciones similares; introduciendo de forma subrepticia por el lado del procedimiento preventivo de crisis y por goteo, la reforma laboral flexibilizadora que sería difícil de pasar en bloque, a través del Congreso.

El artículo 103 inciso a) de la Ley 24.013 permite homologar los acuerdos de las partes en el marco del procedimiento preventivo de crisis, con la fuerza de un convenio colectivo: una hermosa oportunidad para una patronal ávida de reducir costos laborales y un gobierno "del palo", para aprobar convenios de empresa que fijen condiciones más gravosas para los trabajadores, que el convenio general de la actividad.

Triaca ha convocado para tratar el pedido de Carrefour al sindicato de empleados de Comercio que ya no conduce Cavallieri, pero que le sigue respondiendo: uno de los gremios más oficialistas de todos los gobiernos, que siempre se apura a cerrar paritarias de acuerdo con el techo que les interesa a estos. Y lo ha hecho marginando al mismo tiempo al sindicato de Camioneros, que nuclea a más de 1500 empleados de la cadena francesa, en todo el país; con otra dirigencia sindical y -sobre todo- con otro convenio colectivo de trabajo, y otro nivel de salarios.

La omisión no es casual: de ese modo el gobierno busca aislar a Moyano, y ponerlo luego frente al hecho consumado de un acuerdo flexibilizador, que sería presentado como la única solución posible para evitar que se pierdan miles de puestos de tabajo; y al que a los camioneros no les quedaría más remedio que adherir, aceptando resignar derechos reconocidos por su convenio.

La maniobra supone un intento de desgastar a Moyano en momentos en los que éste se ha alejado de la conducción de la CGT "dialoguista" (que no termina de definir su conducción, pero en la que todos están de acuerdo en seguir dándole aire al gobierno), para acercarse  al kirchnerismo y a los sectores del PJ más proclives al enfrentamiento con el gobierno de Macri, que a dialogar con él.

El conflicto de Carrefour tiene así una dimensión política más allá de la específicamente laboral, que a su vez no es poca: resulta que a una multinacional que se vio impedida (durante la vigencia del "cepo" cambiario del kirchnerismo) de repatriar dividendos a su casa matriz -que atraviesa en Francia sus propios problemas- le va mal ahora, cuando esa posibilidad es irrestricta; claro que aduce que en realidad no puede ejercerla, porque viene perdiendo plata.

Si la movida de pedir el procedimiento preventivo de crisis les sirve a los franceses para legitimar despidos y -sobre todo- para reducir salarios y flexibilizar condiciones laborales a sus trabajadores, con la anuencia -y aún más, el apoyo explícito- del gobierno, ¿qué impedirá que otras multinacionales con sede en el país o grandes grupos económicos locales sigan el mismo camino, aunque sus balances digan que la están levantando en pala?

Después de todo, el encargado de controlar que eso no sea así (en cuyo caso no correspondería invocar el procedimiento de crisis) es el Estado, que ahora está en manos de los patrones.