LA FRASE

"NO TENGO NADA QUE VER CON EL HUMO QUE ESTÁ CUBRIENDO BUENA PARTE DEL PAÍS." (RICARDO CARUSO LOMBARDI)

sábado, 19 de mayo de 2018

COMO AHORRAR PAGANDO EL DOBLE


En medio de la corrida cambiaria (perdón: “turbulencia”) esta misma semana se abrieron las ofertas de la licitación de los corredores viales cuya construcción, mantenimiento o conservación se hará bajo el sistema de “participación pública privada” (PPP); tal como da cuenta la imagen de apertura que corresponde a ésta nota de La Política Online (enlace).

A tono con el triunfalismo imperante en el gobierno tras la superación del “súper martes” de la renovación de las LEBAC’s, los funcionarios y el propio Macri (ver tuit al final del post) se felicitan de las bajas ofertas recibidas, aunque en la mayoría de los casos superan los presupuestos oficiales.

En reiteradas oportunidades hemos explicado acá como funciona el sistema PPP, que viene de fracasar estrepitosamente en aquellos países de los cuales el gobierno de Macri lo copió, como el Reino Unido, Canadá o España. Incluso el propio FMI lo mira con desconfianza, porque es un sistema para “ocultar” deuda de los Estados que no figura en sus presupuestos, pero que estos más tarde o más temprano tienen que afrontar.

En efecto, en teoría los contratistas aportan el financiamiento para ejecutar las obras (asumiendo por su parte el costo financiero, en un momento en el que suben las tasas de interés en el país y en el mundo), pero lo que se dice menos es que esa inversión tiene repago; no solo porque luego de construida la obra (a veces ni siquiera eso: uno de los corredores licitados es la autopista Rosario-Córdoba construida durante el kirchnerismo) puede operarla y explotarla económicamente por ejemplo cobrando el peaje, sino porque el Estado avala su inversión con bonos de deuda, emitidos en dólares, ajustables por inflación y con garantía de impuestos afectados para su pago.

De allí que mueve a risa que en el gobierno hagan alarde de lo barata que resultan las ofertas, cuando las obras (si finalmente se hacen) terminarán siendo pagadas por más del doble de su valor actual, si las ejecutara directamente el Estado; sobreprecios pactados en moneda dura (dólares), que no harán sino agravar a futuro la restricción externa de la economía, el endeudamiento público y la necesidad de hacerse con las divisas.

Lo dice la propia nota a la que corresponde la imagen de apertura: “Por el corredor vial A (rutas 3 y 226), la oferta más baja la presentó el Grupo Cartellone: 994 millones de dólares (10 millones más que la inversión prevista). Ese número equivale al valor actual que le saldría al gobierno la obra. Pero el número más importante es el que las firmas presentaron como el monto anual que solicitan por el pago de inversión. En este caso es 184,8 millones de dólares por año, un número que hay que multiplicar por diez para calcular cuánto va a salir la construcción de la obra más los intereses (unos 1840 millones en este caso, el doble aproximadamente). Para este corredor, el que más sedujo a las constructoras, la segunda oferta más baja es la del consorcio de Paolini, Vial Agro e INC: 1002 millones de dólares al valor actual y 186,3 millones a percibir anualmente (unos 1863 millones en total).

Luego, le siguen el consorcio de Helport y Panedile (1100 millones de dólares al valor actual y 203,8 millones a percibir anualmente siempre por diez años); CCA Panamá y Grenn (1451 millones y 263 millones); Grodco, CRZ y Alberdi (1474 millones y 258,8 millones); Techint (1576 millones y 295,8 millones); Roggio y Chediak (1740 millones y 325,6 millones); y MSU (1799 millones y 334,5 millones).
Eso sin contar que Macri y su gobierno también se jactan de la “transparencia” de las licitaciones, siendo que hemos visto acá y acá (que las bases de la misma fueron cambiadas varias veces antes de la apertura de las ofertas, a pedido de las empresas; para eximirlas del pago de IVA y Ganancias sobre el financiamiento, para establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros en caso de controversias derivadas del contrato si la empresa no es del país y para afectar el producido del impuesto a los combustibles líquidos (cuando su recaudación aumenta por los constantes aumentos de las naftas) al pago de los certificados, como si se tratara de un embargo trabado sobre las cuentas de un particular y no los recursos del Estado; con los que debe atender múltiples obligaciones.

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