En medio de la corrida cambiaria (perdón:
“turbulencia”) esta misma semana se abrieron las ofertas de la licitación de
los corredores viales cuya construcción, mantenimiento o conservación se hará
bajo el sistema de “participación pública privada” (PPP); tal como da cuenta la
imagen de apertura que corresponde a ésta nota de La Política Online (enlace).
A tono con el
triunfalismo imperante en el gobierno tras la superación del “súper martes” de
la renovación de las LEBAC’s, los funcionarios y el propio Macri (ver tuit al
final del post) se felicitan de las bajas ofertas recibidas, aunque en la
mayoría de los casos superan los presupuestos oficiales.
En reiteradas
oportunidades hemos explicado acá como funciona el sistema PPP, que viene de
fracasar estrepitosamente en aquellos países de los cuales el gobierno de Macri
lo copió, como el Reino Unido, Canadá o España. Incluso el propio FMI lo mira
con desconfianza, porque es un sistema para “ocultar” deuda de los Estados que
no figura en sus presupuestos, pero que estos más tarde o más temprano tienen
que afrontar.
En efecto, en
teoría los contratistas aportan el financiamiento para ejecutar las obras
(asumiendo por su parte el costo financiero, en un momento en el que suben las
tasas de interés en el país y en el mundo), pero lo que se dice menos es que
esa inversión tiene repago; no solo porque luego de construida la obra (a veces
ni siquiera eso: uno de los corredores licitados es la autopista
Rosario-Córdoba construida durante el kirchnerismo) puede operarla y explotarla
económicamente por ejemplo cobrando el peaje, sino porque el Estado avala su
inversión con bonos de deuda, emitidos en dólares, ajustables por inflación y
con garantía de impuestos afectados para su pago.
De allí que mueve a
risa que en el gobierno hagan alarde de lo barata que resultan las ofertas,
cuando las obras (si finalmente se hacen) terminarán siendo pagadas por más del
doble de su valor actual, si las ejecutara directamente el Estado; sobreprecios
pactados en moneda dura (dólares), que no harán sino agravar a futuro la
restricción externa de la economía, el endeudamiento público y la necesidad de
hacerse con las divisas.
Lo dice la propia nota a la que corresponde la imagen de apertura: “Por el corredor vial A (rutas 3 y 226), la oferta más baja la
presentó el Grupo Cartellone: 994 millones de dólares (10 millones más que la
inversión prevista). Ese número equivale al valor actual que le saldría al
gobierno la obra. Pero el número más importante es el que las firmas
presentaron como el monto anual que solicitan por el pago de inversión. En este
caso es 184,8 millones de dólares por año, un número que hay que multiplicar
por diez para calcular cuánto va a salir la construcción de la obra más los
intereses (unos 1840 millones en este caso, el doble aproximadamente). Para
este corredor, el que más sedujo a las constructoras, la segunda oferta más
baja es la del consorcio de Paolini, Vial Agro e INC: 1002 millones de dólares
al valor actual y 186,3 millones a percibir anualmente (unos 1863 millones en
total).
Luego, le siguen el consorcio de Helport y Panedile
(1100 millones de dólares al valor actual y 203,8 millones a percibir
anualmente siempre por diez años); CCA Panamá y Grenn (1451 millones y 263
millones); Grodco, CRZ y Alberdi (1474 millones y 258,8 millones); Techint
(1576 millones y 295,8 millones); Roggio y Chediak (1740 millones y 325,6
millones); y MSU (1799 millones y 334,5 millones).”
Eso sin contar que Macri y su gobierno también se
jactan de la “transparencia” de las licitaciones, siendo que hemos visto acá y
acá (que las bases de la misma fueron
cambiadas varias veces antes de la apertura de las ofertas, a pedido de las
empresas; para eximirlas del pago de IVA y Ganancias sobre el financiamiento,
para establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros
en caso de controversias derivadas del contrato si la empresa no es del país y
para afectar el producido del impuesto a los combustibles líquidos (cuando su
recaudación aumenta por los constantes aumentos de las naftas) al pago de los
certificados, como si se tratara de un embargo trabado sobre las cuentas de un
particular y no los recursos del Estado; con los que debe atender múltiples
obligaciones.
Las licitaciones transparentes permiten la competencia y bajar los costos de la obra pública. Eso es bueno para todos los argentinos. https://t.co/F0V58lokPK— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 17 de mayo de 2018
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