LA FRASE

"LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL NUEVO ACUERDO CON EL GOBIERNO ARGENTINO TIENE QUE VER CON LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL FMI; NO ESTÁ RELACIONADA EN MODO ALGUNO A LA CARTA DE ESE TAL MORENO." (CHRISTINE LAGARDE)

sábado, 19 de mayo de 2018

PUERTO DE SANTA FE: LA PELEA POR LOS DESPOJOS DEL BOTÍN



Tal como da cuenta la imagen de apertura, en la semana Corral se reunió con el “Consejo Económico y Social” de la ciudad, que integran (según dice en la página oficial de laMunicipalidad) “Benito Correnti por la Asociación Dirigentes de Empresa y por el Foro para el Desarrollo de Santa Fe y la Región; Diego Dummont, por la Cámara de Comercio Exterior; Pedro Sánchez Izquierdo, por la Universidad Nacional del Litoral; Ricardo Argenti por la Sociedad Rural de Santa Fe; Javier Gómez, por la Universidad Tecnológica Nacional; Ulises Mendoza por la Bolsa de Comercio de Santa Fe; Guido Montes de Oca de la Unión Industrial de Santa Fe; Carlos Benassi por el Centro Comercial de Santa Fe; y Antonella Minem por el Parque Tecnológico Litoral Centro.”, es decir el “círculo rojo” santafesino en pleno.

El objeto principal de la reunión fue expresar la preocupación (del intendente y de sus contertulios) por el raje del presidente del Ente Administrador del puerto de Santa y representante del Poder Ejecutivo provincial, Sebastián Fumis; que dispuso Lifschitz (al decir de Corral) “en forma inconsulta”. Cabe recordar que la Municipalidad tiene a su vez su propio representante en el Consejo Directivo del Ente, pero el caso con Fumis es que -igual que todos los anteriores- fue propuesto por Corral, a propuesta a su vez de las entidades del “círculo rojo” local, la mayoría de las cuáles (cabe recordar) tienen a su vez sus propios representantes en el organismo que es “público no estatal”.

Es decir entonces que -como hemos dicho reiteradas veces acá- el representante del Estado provincial, que es el presidente del Ente de acuerdo a lo dispuesto en la ley de creación, es tradicionalmente una especie de “Paladino” portuario”: designado para representar al Estado ante los sectores privados vinculados al puerto, termina siendo desde el origen y por su forma de elección, un representante de éstos ante el Estado; cuya misión primordial es garantizar que el Estado nunca meterá sus narices en los negocios (privados) del puerto ni en nada que tenga que ver con él; a menos que sea para poner plata, como el socio bobo.

Así viene funcionando el ENAP desde su creación en 1993, con todos los gobiernos y con prescindencia de su color político, y así seguirá funcionando con el nuevo presidente, designado por Lifschitz para reemplazar a Fumis: el esposo de una ex funcionaria de Corral que ya no está en el gabinete municipal porque era socialista, y fue eyectada cuando rompieron lanzas con los radicales porque la UCR se integró a “Cambiemos”.

Ahora pasa a la inversa en el ente portuario en una especie de canje de prisioneros: el raje de Fumis no tiene nada que ver con su gestión (desastrosa, ya que no entra un barco al puerto desde el 2014), como con el conventillo entre radicales y socialistas; por lo que no cabe esperar de este cambio que algo cambie.

Por el contrario, veíamos hace poco acá que Lifschitz ya “compró llave en mano” una propuesta del mismo “círculo rojo” local para que la explotación del puerto sea tercerizada en manos de una empresa privada, que por supuesto elegirán ellos mismo, y luego le comunicarán al gobierno provincial. Los mismos tipos van a las reuniones con el gobernador para proponerle negocios, y a las reuniones con el intendente, para reclamar porque temen que les corten los negocios que ya tienen en marcha.

Mientras tanto se lamenta Corral de la “inconsulta y unilateral” salida de Fumis porque a su criterio “venía cumpliendo una excelente gestión, ejecutando el Master Plan aprobado por Ordenanza municipal para el puerto”; al tiempo que subraya que la gestión del puerto requiere de permisos y autorizaciones municipales, y eso exige coordinar acciones y no enfrentarse.

Traducimos: el “Master Plan” fue elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y aprobado a libro cerrado por el Concejo Municipal, para desarrollar en el puerto santafesino todo tipo de actividades, menos las portuarias; violando así groseramente la Ley 11.011 de creación del Ente.

Así tuvimos casino, shopping, hotel, torres de lujo y edificios de oficinas (todos construidos y vendidos sobre terrenos propiedad del Estado), pero no tuvimos barcos, ni cargas, ni empleos vinculados a la actividad portuaria; y ni siquiera un escáner que pide la Aduana para autorizar embarques desde la estación local

Así también tuvimos una gestión escandalosa como las de Vorobiof a la que todos (los radicales de la Municipalidad, los socialistas del gobierno provincial y sobre todo, el "círculo rojo") sostuvieron hasta que ya fue insostenible; porque no se conformó simplemente con ser el gestor de sus curros (ver más información, acá), sino que armó sus propios quiosquitos, que derivaron en una causa judicial que duerme en los tribunales santafesinos; frizzada de común acuerdo por ambos socios (el socialismo y la UCR) mediante su red de jueces y fiscales propios.  

Mientras tanto, el proyecto del nuevo puerto a la vera del Paraná (también motorizado por el “círculo rojo” para negociados inmobiliarios de los cuáles se descubre uno nuevo cada día) está completamente parado y ya no se habla de él, pese a que la provincia se endeudó en dólares para contratar primero una consultora que dijera donde ubicarlo, y luego los estudios de prefactibilidad; asumiendo una deuda que era del ente portuario.

En resumidas cuentas, los cambios en el puerto como se dijo, tienen que ver exclusivamente con el conventillo entre radicales y socialistas por a cual frente antiperonista adherir, y pasan a kilómetros de distancia de cualquier cosa parecida a hacer que el puerto funcione, o que se terminen en él los curros privados con bienes públicos.

Tanto es así que por ejemplo Lifschitz paga alquileres astronómicos para reparticiones públicas en oficinas del puerto del grupo Boldt, construidas sobre terrenos que son del Estado provincial, o sea que la provincia se alquila a sí misma: ver más info, acá y acá.

Y los miembros del "círculo rojo" (ellos personalmente, y los empresarios que forman las entidades que lo integran) siguen medrando con lo público, pagando cánones irrisorios por el alquiler de espacios, generando negocios inmobiliarios con bienes públicos y las mil y una formas del curro. A lo que asistimos por estas horas es -simplemente- a la pelea final por los despojos del botín.

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