LA FRASE

"LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL NUEVO ACUERDO CON EL GOBIERNO ARGENTINO TIENE QUE VER CON LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL FMI; NO ESTÁ RELACIONADA EN MODO ALGUNO A LA CARTA DE ESE TAL MORENO." (CHRISTINE LAGARDE)

domingo, 13 de mayo de 2018

UNOS ESTRATEGAS DEL CARAJO


La mayoría de los gobernadores del Pj (casi todos en realidad) hicieron punta en la idea de convertirse en “oposición responsable” al gobierno de Macri, y “dadores voluntarios de gobernabilidad” a la gestión iniciada en diciembre del 2015; que desde el Congreso desarrollaban otros como Massa y Bossio, con los que terminaron coordinando estrategias vía Pichetto y los diputados que controlan.

De esa idea también participaron el socialismo santafesino, el MPN neuquino, los frentes provinciales que gobiernan Misiones y Santiago del Estero y los partidos distritales que lo hacen en Chubt y Río Negro; justificándose todos en las necesidades de la gestión, que imponen una convivencia civilizada y sin conflictos con el gobierno nacional de turno; y en el caso puntual de la experiencia “Cambiemos”, en la necesidad de volver a los mercados de deuda para poder financiar obras de infraestructura, necesarias en términos tanto sociales y económicos en sus respectivas provincias, como políticos: para la perduración de sus respectivas administraciones.

Bajo esas premisas y la eterna promesa nacional de financiar los déficits de los sistemas previsionales provinciales, la inmensa mayoría de los gobernadores (reiteramos, dentro y fuera del PJ) acompañaron el cuerdo con los fondos, buitres, los presupuestos de cada año, el régimen de “participación pública privada” en la obra pública, el blanqueo de capitales, y últimamente la reforma al régimen de los mercados de capitales.

En el medio y no obstante la sequía de inversiones y las promesas incumplidas de obras en las provincias (recordar el fracaso estrepitoso del Plan Belgrano, y la disolución en el aire del “Plan Patagonia”), se avinieron a firmar el pacto fiscal aceptando trasladar a sus provincias el ajuste que Macri descargaba sobre la nación, y aportando votos y respaldo político (lo admitieran o no, como Lifschitz) a la reforma previsional que les metió la mano en los bolsillos a los jubilados y pensionados, modificando a la baja la fórmula de movilidad de sus haberes.

Todo eso antes del acuerdo en ciernes con el FMI, que ahora Macri les pide defender, o por lo menos no criticar en público. Las consecuencias políticas están a la vista: la mayoría de ellos pagó caro el colaboracionismo, perdiendo las elecciones en sus distritos, en algunos casos con pésimas perfomances.

Y por si todo eso fuera poco, vemos acá que ahora la nación anuncia que recortará fuertemente la obra pública para reducir el déficit fiscal (luego de que le sirviera en el tramo final del 2017 para que “Cambiemos” ganar las elecciones), y que por ende las provincias y las municipalidades deberán poner de su bolsillo la diferencia; o adherir al esquema de las PPP, y esperar a que las obras se hagan bajo ese régimen, que hasta el FMI cuestiona, y que a entrado en zona de riesgo tras la suba del dólar y las tasas de interés.

Es decir entonces que la principal razón bajo la cual aceptaron convertirse (de hecho) en parte del dispositivo político que sostiene al oficialismo siendo opositores ha dejado de existir, si es que lo hizo efectivamente alguna vez. De hecho, la mayoría de las ruinosas operaciones de endeudamiento que realizaron las provincias estuvieron destinadas a cubrir gastos corrientes en pesos, y prestarle baratos los dólares al gobierno nacional (como hicieron Córdoba y Tierra del Fuego) para alimentar la bicicleta financiera y la fuga de capitales; quedándose las provincias sin las obras, y con las deudas.

Ahora trascienden las condiciones (previsibles por conocidas) que impondría el FMI a la asistencia financiera que otorgaría al gobierno de Macri, e impactan de lleno en las finanzas de las provincias, y en las gestiones (y aspiraciones políticas) de sus gobiernos: reducir o limitar las transferencias “discrecionales” a los Estados provinciales y –más temprano que tarde- retomará el planteo de discutir las que no lo son, como la coparticipación federal. Si alguno infiere que eso implica volver a la discusión de los 90’ sobre provincias “inviables” en términos de sustentabilidad económica, estará en lo cierto.

De tal modo que, con los elementos señalados, la estrategia de los “Maquiavellos” provinciales reyes del pragmatismo se ha revelado, juzgada bajo sus propios y estrictos términos, completamente desacertada y desastrosa, y no ha hecho sino transferirles parte sustancial del costo político del fracaso de Macri y su gobierno. 

Y pensar que muchos de ellos (los del PJ) se asumieron rápidamente como el “liderazgo natural” del peronismo post kirchnerista, y un actor político relevante y de peso en los tiempos que vendrían tras la derrota de Scioli en el balotaje del 2015. Una muestra de que la ambición y la vanidad (condiciones hasta cierto punto necesarias en política) no siempre están a la altura del talento; que por el contrario, es indispensable.

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