La mayoría de los gobernadores del Pj (casi
todos en realidad) hicieron punta en la idea de convertirse en “oposición
responsable” al gobierno de Macri, y “dadores voluntarios de gobernabilidad” a
la gestión iniciada en diciembre del 2015; que desde el Congreso desarrollaban
otros como Massa y Bossio, con los que terminaron coordinando estrategias vía
Pichetto y los diputados que controlan.
De esa idea también
participaron el socialismo santafesino, el MPN neuquino, los frentes
provinciales que gobiernan Misiones y Santiago del Estero y los partidos
distritales que lo hacen en Chubt y Río Negro; justificándose todos en las
necesidades de la gestión, que imponen una convivencia civilizada y sin
conflictos con el gobierno nacional de turno; y en el caso puntual de la
experiencia “Cambiemos”, en la necesidad de volver a los mercados de deuda para
poder financiar obras de infraestructura, necesarias en términos tanto sociales
y económicos en sus respectivas provincias, como políticos: para la perduración
de sus respectivas administraciones.
Bajo esas premisas
y la eterna promesa nacional de financiar los déficits de los sistemas
previsionales provinciales, la inmensa mayoría de los gobernadores (reiteramos,
dentro y fuera del PJ) acompañaron el cuerdo con los fondos, buitres, los
presupuestos de cada año, el régimen de “participación pública privada” en la
obra pública, el blanqueo de capitales, y últimamente la reforma al régimen de
los mercados de capitales.
En el medio y no
obstante la sequía de inversiones y las promesas incumplidas de obras en las
provincias (recordar el fracaso estrepitoso del Plan Belgrano, y la disolución
en el aire del “Plan Patagonia”), se avinieron a firmar el pacto fiscal
aceptando trasladar a sus provincias el ajuste que Macri descargaba sobre la
nación, y aportando votos y respaldo político (lo admitieran o no, como
Lifschitz) a la reforma previsional que les metió la mano en los bolsillos a
los jubilados y pensionados, modificando a la baja la fórmula de movilidad de
sus haberes.
Todo eso antes del
acuerdo en ciernes con el FMI, que ahora Macri les pide defender, o por lo
menos no criticar en público. Las consecuencias políticas están a la vista: la
mayoría de ellos pagó caro el colaboracionismo, perdiendo las elecciones en sus
distritos, en algunos casos con pésimas perfomances.
Y por si todo eso
fuera poco, vemos acá que ahora la nación anuncia
que recortará fuertemente la obra pública para reducir el déficit fiscal (luego
de que le sirviera en el tramo final del 2017 para que “Cambiemos” ganar las
elecciones), y que por ende las provincias y las municipalidades deberán poner
de su bolsillo la diferencia; o adherir al esquema de las PPP, y esperar a que
las obras se hagan bajo ese régimen, que hasta el FMI cuestiona, y que a
entrado en zona de riesgo tras la suba del dólar y las tasas de interés.
Es decir entonces
que la principal razón bajo la cual aceptaron convertirse (de hecho) en parte
del dispositivo político que sostiene al oficialismo siendo opositores ha
dejado de existir, si es que lo hizo efectivamente alguna vez. De hecho, la
mayoría de las ruinosas operaciones de endeudamiento que realizaron las
provincias estuvieron destinadas a cubrir gastos corrientes en pesos, y
prestarle baratos los dólares al gobierno nacional (como hicieron Córdoba y
Tierra del Fuego) para alimentar la bicicleta financiera y la fuga de
capitales; quedándose las provincias sin las obras, y con las deudas.
Ahora trascienden
las condiciones (previsibles por conocidas) que impondría el FMI a la
asistencia financiera que otorgaría al gobierno de Macri, e impactan de lleno
en las finanzas de las provincias, y en las gestiones (y aspiraciones
políticas) de sus gobiernos: reducir o limitar las transferencias
“discrecionales” a los Estados provinciales y –más temprano que tarde- retomará
el planteo de discutir las que no lo son, como la coparticipación federal. Si
alguno infiere que eso implica volver a la discusión de los 90’ sobre
provincias “inviables” en términos de sustentabilidad económica, estará en lo
cierto.
De tal modo que,
con los elementos señalados, la estrategia de los “Maquiavellos” provinciales
reyes del pragmatismo se ha revelado, juzgada bajo sus propios y estrictos
términos, completamente desacertada y desastrosa, y no ha hecho sino
transferirles parte sustancial del costo político del fracaso de Macri y su
gobierno.
Y pensar que muchos de ellos (los del PJ) se
asumieron rápidamente como el “liderazgo natural” del peronismo post
kirchnerista, y un actor político relevante y de peso en los tiempos que
vendrían tras la derrota de Scioli en el balotaje del 2015. Una muestra de que
la ambición y la vanidad (condiciones hasta cierto punto necesarias en
política) no siempre están a la altura del talento; que por el contrario, es
indispensable.
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