Dentro del proyecto de presupuesto que el
gobierno envió esta semana al Congreso introdujo subrepticiamente
modificaciones a la Ley 25.246 de lavado de dinero, por la que se creara la
Unidad de Información Financiera.
No es la primera vez que lo hace: ya en el
blanqueo de capitales y en la votación en particular, en acuerdo con el
massismo logró cambiarla de depedencia, haciéndola pasar del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos en el que siempre había estado, al de Finanzas que
por entonces conducía “Toto” Caputo.
Los cambios que se
introducirían en la UIF si el presupuesto sale del Congreso tal como lo envió
el Ejecutivo, consisten en eliminar el Consejo Asesor del organismo,
incorporado en el año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner por la Ley
26.119.
El Consejo está
integrado por siete (7) vocales, a razón de un funcionario en representación de
cada uno de los siguientes organismos: el Banco
Central de la República Argentina; la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores (CNV), un experto en
temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (SEDRONAR), y representantes de los
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Finanzas (hoy sería Hacienda) e
Interior.
Los integrantes del
Consejo Asesor son designados por el presidente a propuesta de los titulares de
cada uno de los organismos que representan; y el organismo debe ser presidido
por el presidente de la Unidad de Información Financiera, quien tendrá voz pero
no voto en la adopción de sus decisiones.
El Consejo sesiona con la presencia de al menos cinco (5) de
sus integrantes y decide por mayoría simple de sus miembros presentes; y si
bien su opinión no es vinculante (es decir, de seguimiento obligatorio) para
UIF, si es obligatorio pedirla. Con la desaparición del Consejo Asesor
postulada e el proyecto de presupuesto y conforme lo dispone el mismo, todas las
decisiones del organismo pasarían a ser adoptadas en lo sucesivo por su
presidente, actualmente Mariano Federici, un ex funcionario del FMI.
¿Los cambios serán otra exigencia del Fondo en el marco del
acuerdo firmado con el gobierno, o una decisión más de Macri en el sentido de
darle oscuridad a las actividades del organismo encargado de combatir el lavado
de dinero, como fue por ejemplo la renovación (previos despidos masivos) de más
del 40 % de su planta de personal al asumir el gobierno, o la designación de su
sobrina María Pía Calcaterra en uno de los cargos más importantes del área?
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