El gobierno de la provincia fue uno de los primeros que se anotaron en el festival de endeudamiento externo abierto luego del arreglo con los fondos buitres, y fue justamente por esa razón que los diputados del socialismo acompañaron el acuerdo en el Congreso: para poder salir a los mercados de capitales a endeudarse, con el presunto fin de hacer obras de infraestructura.
Lifschitz logró que la Legislatura le votara un endeudamiento de 500 millones de dólares, con prórroga de la jurisdicción y ley de los tribunales de Nueva York, como es de estilo en estos tiempos, y anexo a la ley respectiva fue un listado de obras que se financiaría con las mismas.
Al mismo tiempo decretaba y luego prorrogaba la "emergencia vial" (ver al respecto acá) para poder contratar obras de reparación y mantenimiento en las rutas provinciales sin tener que hacer licitación pública.
Pero eso no fue todo: como lo muestra la imagen de apertura del post, acaba de decretar hace un mes destinar más de 34 millones de pesos de los fondos provenientes del endeudamiento (porque la deuda se contrae y paga en dólares, pero las obras se pagan en pesos, como es natural) para pagarles anticipos financieros a las empresas contratistas seleccionadas.
Para que se entienda: el Estado provincial se endeuda en moneda dura en la que tiene que pagar los servicios de esa deuda, para convertir esos dólares en pesos y dárselos (en parte) a empresas contratistas de obra pública elegidas a dedo (sin licitación pública, amparándose en la "emergencia"), por obras que todavía no comenzaron.
Lo que supone que si se revisaran los números de la ejecución del presupuesto de obra (como le gusta hacer al ministro Saglione) figuraría una inversión de más de 34 millones de pesos con fondos del endeudamiento, que no se corresponderá por un tiempo con obra efectivamente ejecutada.
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