Por A.C.
Los meses de abril y mayo están comprendidos en el período anual de mayor liquidación de dólares provenientes de la soja. Sin embargo, entre abril y mayo de 2017 solamente se liquidaron 4.344 millones, la cifra más baja de los últimos siete años.
Una cifra bajísima, casi 10% menos que en el mismo período de 2015, cuando cerealeras y productores retuvieron la cosecha durante todo ese año apostando a un triunfo de Macri en las elecciones de Diciembre, lo que generaba la expectativa de la baja de las retenciones y una devaluación.
Con la asunción del gobierno de Macri, y la enorme devaluación del peso implementada por el macrismo, ello produjo una suba en el precio del dólar de un 50%, beneficiando así al sector agroexportador que vió incrementada sustancialmente su ya extraordinaria renta.
Debido a la devaluación, eliminación de retenciones y su disminución del porcentaje para la soja , el sector agroexportador durante todo el año 2016 ingresó algo más de 67.000 millones de pesos en retenciones.
Sin las medidas del gobierno de Macri, el complejo agroexportador hubiera tenido que ingresar durante 2016, más de 115.000 millones de pesos, es decir que solo durante el año 2016, el gobierno actual transfirió al sector agroexportador más de 48.000 millones de pesos. Una brutal transferencia de ingresos en perjucio del resto de la población.
Sin embargo, y mientras en 2017 se mantienen las medidas que posibilitan aumentar aún más éstas ganancias extraordinarias, el “campo” vuelve a su estrategia de retener la cosecha para forzar una nueva devaluación para así incrementar aún más su sideral rentabilidad. La avaricia del sector no tiene límites. Ni ideología.
Durante el gobierno de la anterior Presidenta, el sector del “campo” cortaba rutas, desasbastecia el mercado interno, y retenía la cosecha. La falta de liquidación de la cosecha, era utilizaban como herramienta declarada para ahogar financieramente al gobierno kirchnerista. Pero ahora, con el gobierno al que ellos votaron, al que le financiaron la campaña y con el cual coinciden en un proyecto de país que solo produzca alimentos (es decir un país para pocos), vuelven a la vieja estrategia de retener la cosecha.
A los más de 48.000 millones de pesos donados por el gobierno de Macri durante el año 2016, que se suman a la altísima rentabilidad de las empresas cerealeras, hay que agregar un importante porcentaje de la cosecha que no se declara y que se negocia en negro, y por la que se obtiene una rentabilidad mayor que por el cereal declarado.
Desde Diciembre de 2015 los controles, relevamientos y determinaciones estimadas de rindes han dejado de utilizarse como herramienta del Estado para obtener la información necesaria a los fines de cotejar las producciones declaradas y lo efectivamente cosechado. Ese porcentaje de la cosecha sin declarar -que ha existido siempre- ha tenido un gran incremento desde Diciembre de 2015 a la fecha debido a la falta de controles.
Y coincidentemente con el incesante aumento del volumen de cereal en negro, el gobierno de Macri a través la Resolución 143-E/2017 del Ministerio de Agroindustria (que viene a complementar su antecedente, la Resolución Conjunta 4/15) deja sin efecto la prohibición de realizar solicitudes de Registro de Operaciones de Exportación (ROE Verde), para efectuar exportaciones por cuenta y orden de terceros. Es muy difícil no vincular ésta herramienta que posibilita la exportación “por cuenta y orden de terceros” a los volúmenes de cereal no declarado.
Pero al “campo” todo le resulta insuficiente: la devaluación de 2015, la baja o eliminación de retenciones, la facilitación de herramientas para reacomodar el cereal no declarado, la renuncia del Estado a los controles sobre lo efectivamente cosechado, o la falta de acciones legales por la evasión tributaria sistemática. Todo es poco y van por más.
Mientras las ganancias de las empresas cerealeras se incrementan, el Estado, que brinda toda la infraestructura que posibilita esa producción, recauda cada vez menos. Y como consecuencia de esas extraordinarias ganancias, grandes sectores de la población han caído en la pobreza desde Diciembre de 2015, ya que la suba de precios, sobre todo de los alimentos, tienen su causa excluyente en una combinación explosiva: aumento del dólar y eliminación de retenciones, es decir justamente las razones que incrementan las ganancias de las cerealeras.
Pero como la avaricia del sector no tiene límites, buscan lo de siempre: una nueva devaluación que les genere otra enorme transferencia de ingresos a su favor. Y la esperan para después de Octubre, si las elecciones tienen el resultado al que ellos apuestan.
Aunque “su” gobierno les transfirió graciosamente 48.000 millones de pesos durante el año 2016, y con una cifra similar los beneficiará este año, nunca es suficiente. Mientras los exportadores y productores retienen cereal especulando con otra devaluación, el gobierno de Macri está ocupado en dar de baja 70.000 pensiones por invalidez.
Si uno piensa que con los 48.000 millones transferidos por Macri en 2016 a las cerealeras, se podrían pagar $ 685.000 al año a cada uno de esos 70.000 discapacitados, es decir más de $57.000 por mes a cada uno, entonces comprende que no hay errores ni dudas en el gobierno de Macri.
No hay comentarios:
Publicar un comentario