COPARTICIPACIÓN

 

Por Diego Rubinzal (*)

La distribución de la recaudación tributaria siempre fue motivo de controversia entre la Nación y las provincias.

En la actualidad, la mayoría de los especialistas coinciden en que el sistema vigente -sancionado en 1988- presenta marcadas deficiencias.

La última reforma constitucional estableció que debía sancionarse un nuevo régimen de coparticipación antes de la finalización del año 1996.

Los complejos acuerdos interjuridiccionales que requieren la sanción de una ley-convenio, explican el incumplimiento del mandato de los constituyentes.

En ese marco, la dirigencia opositora cuestiona una creciente centralización de los recursos en desmedro de las administraciones provinciales.

Por ejemplo, el gobernador santafesino demandó judicialmente al Estado Nacional la restitución del 15 % de la masa coparticipable.

Además de esa detracción, existen algunas otras destinadas a financiar -en gran medida- al sistema de seguridad social. 

Ninguna de esas disminuciones fue implementada durante la gestión kirchnerista sino que fueron efectuadas durante las administraciones de Menem, De la Rúa y Duhalde.

En otras palabras, desde el 2003 a la fecha no existió ninguna disminución adicional implementada por el gobierno nacional.

Por el contrario, el Decreto de Necesidad y Urgencia 206/09 constituyó un “Fondo Federal Solidario” a través del cual se comenzaron a remitir a las provincias recursos no coparticipables (el 30 % de la recaudación de los derechos a la exportación de soja y sus derivados).

Además se produjo un sustancial incremento de transferencias presupuestarias destinadas a financiar planes sociales, obras públicas, programas de vivienda y se diseñaron distintos programas (de Financiamiento Ordenado (PFO), de Asistencia Financiera (PAF), Convenios de Suspensión de Intereses, Plan de Desendeudamiento Provincial) tendientes a aliviar las cuentas fiscales provinciales.

Así, “los recursos que el Sector Público Nacional remesa a las provincias, se mantuvieron alrededor del 6% del PIB en todos los años de la década de los '90s y empezaron a crecer desde el año 2004 para ubicarse por encima del 8% desde 2005 hasta 2008. En el año 2009, un nuevo incremento, en este caso exclusivamente en las transferencias presupuestarias, llevó esta relación a casi el 9% del PBI y en 2010 se produjo una nueva alza…para llevar las remesas a provincias al 9,4% del PBI” tal como explican los economistas Alfredo Iñiguez y Ramiro Manzanal (“Entre los dichos y los hechos en la relación Nación- Provincias” – Revista Entrelíneas de la Política Económica).

Sin perjuicio de eso, la oposición cuestiona el incremento observado en las transferencias discrecionales. 

Pero lo cierto es que también se registra un fuerte aumento de la coparticipación federal. Entre 1993 y 2010, las transferencias automáticas se elevaron desde el 3,4 al 5,6 por ciento del PIB (en ese último porcentaje no se incluyen los montos acreditados por el “fondo soja”).

Otro de los cuestionamientos apunta a que el incremento porcentual de la coparticipación fue inferior al crecimiento de la recaudación tributaria nacional.

Manzanal e Iñiguez explican “La ostensible expansión de la recaudación tributaria en los últimos años tiene varias causas, dos de las cuales se explican por medidas de política que afectaron a dos fuentes de recursos que no son estrictamente impuestos y que por definición no corresponde que se compartan con los gobiernos subnacionales: las cargas para la Seguridad Social y los Derechos de Exportación. Las cargas no son impuestos sino, como su nombre lo indica, aportes y contribuciones que tienen como destino el financiamiento del sistema de seguridad social…estos recursos crecieron en los últimos tiempos por tres razones: la recuperación del salario real de los trabajadores formales; el aumento de los puestos de trabajo formales…; y por la eliminación del régimen privado de capitalización individual…los Derechos de Exportación, junto al resto de los gravámenes que recaen sobre el Comercio exterior son, por origen en cuanto a la conformación del Estado Nación…recursos destinados a financiar las actividades del propio Estado Nacional”.

En esa línea, los economistas analizan la evolución de la transferencia de recursos de Nación a Provincias excluyendo a las cargas sociales y los gravámenes al comercio exterior.

Ese análisis comparativo permite observar que la coparticipación representaba cerca del 30% de los impuestos nacionales durante los primeros años de la década de los noventa.

Esa proporción se fue retrayendo progresivamente hasta alcanzar el 23,6 % en 2002. Actualmente, la relación alcanza el 31 %.

“Esta contracción fue más que compensada con las transferencias presupuestarias que permitieron al conjunto de remesas a las provincias superar el 53% a partir de 2009 de los impuestos nacionales, esto es, por cada 100 pesos que ingresan a las arcas del Estado Nacional mediante impuestos, 53 pesos son asignados, por alguno de los mecanismos antes descriptos, a los gobiernos provinciales, de los cuales 31 pesos son provistos por la coparticipación federal, más de 8 pesos por las Leyes Especiales, cerca de 5 pesos mediante transferencias corrientes y más de 8 pesos por transferencias de capital”, concluyen Iñiguez y Manzanal. 

(*) Especial para Nestornautas (la imagen que ilustra el post es tomada de Conurbanos)