UN TRIUNFO DE LA JUSTICIA. O DEL PODER JUDICIAL, QUE PARA EL CASO ES LO MISMO

Hace exactamente un mes nos preguntábamos acá que onda con la causa penal que tramitaba en la justicia santafesina por el accidente de tránsito en Rafaela que involucró el año pasado a Ricardo Lorenzetti, del cual resultó muerto un joven de 26 años.

Al respecto leemos en la página de FM Sol: “La investigación penal iniciada por el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, concluyó con un criterio de oportunidad. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, a partir de una solicitud presentada por el fiscal Carlos Vottero.

La salida alternativa propuesta por la Fiscalía fue presentada el miércoles 22 de marzo ante el magistrado a raíz de que la familia de la víctima manifestó su expresa voluntad de que no prosiguiera la investigación penal. Por su parte, la resolución de Mognaschi fue emitida el viernes 28 de abril y notificada al fiscal Vottero el mismo día.

De acuerdo a la investigación hecha por el fiscal Vottero, la responsabilidad exclusiva del accidente la tuvo el conductor de la motocicleta en la que la víctima fatal -un joven de 26 años identificado como Alejandro David Buffet- se trasladaba como acompañante. En tal sentido, las pericias técnicas llevadas a cabo determinaron que el conductor de la moto estaba alcoholizado y había ingerido drogas; se desplazaba a una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora y no disminuyó su marcha a pesar de que había un reductor de velocidad; no tenía prioridad de paso; y fue quien embistió el automóvil.

Por su parte, quien conducía el vehículo tenía prioridad de paso. Además, las pericias determinaron que circulaba a la velocidad permitida y que no tenía alcohol ni droga en sangre.

En este marco, la madre y la pareja del joven fallecido manifestaron judicialmente que no pretendían continuar la investigación. Ambas argumentaron que Buffet era amigo desde hacía muchos años del conductor de la moto y por ese motivo no quisieron que prosiguiera la investigación.

El nuevo sistema procesal penal de la provincia permite que, en determinadas circunstancias, se apliquen las denominadas salidas alternativas de resolución de conflictos. En este caso, el fiscal solicitó un criterio de oportunidad que consistió en no continuar con la acción penal debido a que la madre y la pareja de la víctima manifestaron su voluntad de que así fuera.” (las negritas son nuestras)

Dejando de lado toda suspicacia sobre el desarrollo de la causa y los resultados de las pericias y demás pruebas producidas, lo que no se entiende es lo del “criterio de oportunidad” propuesto por el fiscal y aceptado por el juez, para archivar la causa.

En efecto, el artículo 19 de la Ley 12.734 (Código Procesal Penal de la provincia) establece sobre los criterios de oportunidad que “El Ministerio Público podrá no promover o prescindir total o parcialmente, de la acción penal, en los siguientes casos:

1) cuando el Código Penal o las leyes penales especiales lo establezcan o permitan al Tribunal prescindir de la pena;

2) cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo;

3) cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado sean de tal gravedad que tornen innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena, salvo que mediaren razones de seguridad o interés público;

4) cuando la pena en expectativa carezca de importancia con relación a la pena ya impuesta por otros hechos;

5) cuando exista conciliación entre los interesados, y el imputado haya reparado los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial  cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad;

6) cuando exista conciliación entre los interesados y el imputado, en los delitos culposos, lesiones leves, amenazas y/o violación de domicilio, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad;

7) cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, según dictamen pericial o tenga más de setenta años, y no exista mayor compromiso para el interés público.

En los supuestos de los incisos 2, 3 y 6 es necesario que el imputado haya reparado los daños y perjuicios ocasionados, en la medida de lo posible, o firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, o afianzado suficientemente esa reparación.” (las negritas son nuestras)

Como se ve, no hay forma de calzar este caso (que se trata de un homicidio culposo) dentro de ninguno de los supuestos que habilitan a archivar la causa, desistiendo de proseguir con la persecución penal; y aun cuando se admitiera que sí porque se trata de un delito culposo (inciso 6), no hay forma de que el ahora imputado (el conductor de la moto) repare el daño causado con la muerte del acompañante.

Así como sorprende que, siendo las pruebas periciales tan contundentes como se afirma, la justicia haya tardado seis meses en archivar la causa, y el juez se haya tomado un mes dentro de ese plazo para resolver el pedido del fiscal de archivarla.

¿Será acaso que el poder judicial santafesino desea dar vuelta lo más rápidamente posible la página en éste caso, porque estaba involucrado el presidente de la Corte nacional, y no había muchas ganas de seguir ventilando todas las pruebas presuntamente colectadas, no sea cosa que se pusieran en duda las conclusiones del fiscal?