A diferencia de las demás vacunas comprendidas dentro del calendario nacional de vacunación, la del COVID no es obligatoria, y cabe suponer que por una razón: cuando se lanzó el plan estratégico de vacunación el Estado no podía garantizar que hubiera dosis para todos (aun hoy no lo puede hacer, aunque se haya avanzado mucho), y no parecía lógico crear una obligación legal, sin proveer los medios para cumplirla.
Sin embargo, desde el principio mismo de la pandemia y aún en medio del mayor nivel de restricciones (por ejemplo cuando existía el ASPO en todo el país), hubo quienes tuvieron que trabajar forzosamente, exponiéndose a los riesgos de contagio, porque sus actividades eran consideradas esenciales. Y algunos de ellos (como los camioneros, empleados de supermercados y negocios de comestibles, de empresas de servicios públicos esenciales) debieron esperar bastante para poder acceder a vacunarse.
Nada de eso les preocupaba por entonces a los popes de la UIA: por el contrario, presionaron al gobierno por mayores aperturas, aun cuando las cifras de los contagios y las muertes no las hacían aconsejables. En la dicotomía entre la salud (la vida, en definitiva) y la economía, jamás dudaron: los negocios primero.
La confluencia entre la dinámica propia del capitalismo de cobrarse su libra de carne para garantizar las ganancias (incluso al extremo de poner en riesgo la supervivencia física de la fuerza de trabajo que emplea), y la pulsión fiscalista del ministro de Economía que, apenas pudo, canceló o disminuyó las asistencias compensatorias por las restricciones como el IFE o los ATP, dio como resultado una circulación mayor que la que aconsejaban los epidemiólogos, para que no se interrumpiera la actividad económica, y en consecuencia mayores contagios y muertes. Pasó acá y en muchos otros países.
Ahora, con el plan de vacunación avanzando a buen ritmo en el país y un porcentaje importante de la población con al menos una dosis, la UIA vuelve sobre sus pasos y aprovecha la oportunidad de la existencia de un número (por suerte menor que hace un tiempo) de gente que no se vacunó porque no quiso, para colar por la hendija el pedido de manos libres para despedir sin costos, o dejar de pagar salarios.
Cuando hace un par de meses atrás asumió el esclavista Funes De Rioja (que no es empresario ni industrial) al frente de la central empresaria, decíamos acá que esa designación era un signo muy claro del orden de prioridades de las demandas del establishment local, en el cual una reforma laboral flexibilizadora sigue ranqueando alto.
Si cuando se habla de peronismo cualquiera más o menos avisado entiende derechos para el trabajador y leyes laborales, cuando cierta gente le echa la culpa de todos los males del país a "los 70 años de peronismo", está hablando precisamente de eso: quiere borrar del mapa la legislación laboral, volviendo al país a 1943, en ese terreno, en nombre de la modernización y el crecimiento.
Al plantear despedir o dejar de pagarles los sueldos a los que no aceptan vacunarse, Funes De Rioja y la UIA no están preocupados por los contagios, las muertes por COVID o las camas de terapia intensiva: simplemente están haciendo números para recortar costos, y así aumentar sus ganancias. Y los salarios son un costo, al que siempre le van a apuntar para reducirlo, como a los impuestos.
El problema no sería tanto ése -al fin y al cabo el gobierno, correctamente, cruzó la idea- sino que es el propio gobierno el que a veces, pierde el norte, se olvida que llegó a donde llegó en nombre del peronismo, y empieza a pensar con la lógica de los garcas que el peronismo vino a combatir, para proteger a los trabajadores. Como por ejemplo cuando piensa en la reducción o eliminación de las contribuciones patronales (desfinanciando así la seguridad social) como casi la única herramienta para promover el empleo.
O cuando alienta indirectamente que se paguen remuneraciones de miseria, incluso por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en especial en el campo y las llamadas "economías regionales", eliminando la incompatibilidad con los planes sociales, que no sería tal si se tratara -como debe ser- de empleo registrado, en blanco, que hace que el trabajador pase a percibir las asignaciones familiares. Claramente no es por ahí donde se van a contener las pulsiones esclavistas de nuestro empresariado más concentrado.
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