LOS RIESGOS DEL CHOLULISMO

 

Aunque en estos momentos los números del ráting le sean esquivos y ya se hable de su ocaso, Marcelo Tinelli lleva tres décadas instalado en el prime time de la televisión de aire, constituyendo un fenómeno -guste o no- difícil de ignorar. De allí que la política siempre le haya prestado atención durante todo ese tiempo, cosa que él aprovechó siempre para sus propios fines.

Sin embargo, esos 30 o más años no son cualquiera: son los de la degradación del país bajo las políticas del menemato y su continuación en el gobierno de la Alianza, más la trabajosa (e incompleta) reconstrucción bajo los 12 años de gobiernos kirchneristas, para volver a caer estrepitosamente en los cuatro años de Macri, generando un nuevo "piso" desde el cual tenemos que esforzarnos para levantarnos, con una pandemia en el medio.

El ciclo de protagonismo mediático de Tinelli coincide con la implantación en la sociedad de ciertos valores y códigos comunicacionales, de los que él y sus productos son cabal expresión; valores y códigos que se trasvasaron a la política, creando vasos comunicantes entre ambos mundos. La "cholulización" de la política fue y es, en ese contexto, un fenómeno frecuente, con raras excepciones.

Allá por el segundo mandato de Cristina se pensó en la posibilidad de encomendarle al conductor el manejo del "Fútbol Para Todos" y la cosa avanzó hasta el punto en el que Cristina (siempre ella) advirtió que se estaba prostituyendo una política pública de acceso garantizado por el Estado a uno de los consumos culturales más populares del país (si no el más popular de todos), bajo la lógica del negocio televisivo.

En esa idea de sumarlo a Tinelli entonces al FPT, subyacía un cierto complejo de inferioridad de la política frente a las "popularidades" (que no prestigios) construidos en otros ámbitos: la premisa de que una determinada política pública se legitima socialmente no por sus valores intrínsecos, sino porque la apoyan "famosos", aportándole su imagen para que sea asimilada por los sectores de la sociedad que siguen a esos personajes conocidos o populares de los medios, el deporte o la farándula.

Bajo esa misma idea, el gobierno de Alberto Fernández convocó en sus inicios a Marcelo Tinelli a sumarse al programa de lucha contra el hambre, junto con figuras como Juan Carr o Estela Carlotto: la sola comparación de los convocados debió indicar que algo fallaba en el razonamiento, sin necesidad de enterarse ahora que el conductor televisivo debe millones de pesos en impuestos, y la AFIP lo embargó y quiere rematarle bienes para cobrarse.

Sin ánimo de hacer generalizaciones injustas, es muy posible que alguien que hizo fama y fortuna en estos años del modo en los que lo hizo Tinelli no se caracterice precisamente por el escrupuloso cumplimiento de las normas fiscales. De hecho, el secreto fiscal no lo es para el Estado, que debía saber que Tinelli no pagaba regularmente sus impuestos, cuando lo convocó para "popularizar" una política pública, prestando su figura, ya que nadie puede creer que pueda aportar otra cosa para el fin para el que fue convocado.

Si la idea es "ejemplarizar" (pensando en modo: "mirá si será bueno el plan del presidente para combatir el hambre, que participa Tinelli"), la lógica de la cholulización de la política, más tarde o más temprano, se te termina volviendo en contra. Por ejemplo cuando el convocado (que está en la minoría de las personas más pudientes del país) encanuta dinero de nuestros impuestos (y no cualquier impuesto: nada menos que Bienes Personales), los de todos, en plena pandemia.

Y en el medio, es decir, mientras aparecía como colaborando con el gobierno en el plan de lucha contra el hambre y no tomaba estado público aun que el Estado le reclamaba impuestos impagos, el tipo se dio el gusto de replicar las críticas de Daniel Gollán por las groseras violaciones de todos los protocolos sanitarios en su programa, recordándole que tenía un causa en la justicia armada por el impresentable de Bonadío, por el Plan Qnita. Todo un ejemplo social el muchacho, como para prestigiar con su presencia las políticas públicas.