EL TARIFAZO SOCIAL

Lo que no pudieron ni el arreglo “a como dé lugar” con los fondos buitres, los despidos, las suspensiones, los cierres de empresas y comercio y las remarcaciones de precios, podría estarlo logrando el tarifazo de los servicios públicos: que vastos sectores de la sociedad pasen de la queja a la acción, y protesten contra el gobierno de Macri y sus políticas. Aranguren lo hizo.

A Macri se le sublevó incluso buena parte del voto propio a lo largo y a lo ancho del país, y donde no hubo huelgas ni piquetes, sobraron amparos y cautelares. El estoicismo de “pago lo que sea con tal de que ya no estén más los k” o la racionalidad de “a las cosas hay que pagarlas por lo que valen” parecieran estar cediendo ante la llegada de las tarifas de luz, gas y agua “sinceradas”. Del aguante “militante” y la “comprensión y acompañamiento” a la furia, en un par de vencimientos.

El tarifazo tiene impacto económico, posponiendo en sus efectos la anunciada baja de la inflación y colocando en el limbo las promesas de reactivación futura; pero también produce efectos políticos: se desmarcan los aliados de "Cambiemos" (como Carrió y la UCR), tanto como sus segundas marcas (Massa, Stolbizer); aunque paradojalmente les tiran más cables a Macri que los propios socios de “Cambiemos”: en la discusión en el Congreso de la llamada “ley Pyme” Massa se opuso de plano al planteo del Frente Para La Victoria de incluir un capítulo tumbando el tarifazo, y plantando tarifas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas.

Los gobernadores en su casi totalidad (incluyendo los oficialistas, como los de Jujuy y Mendoza) secundaron los planteos judiciales de lo usuarios y consumidores porque -al fin y al cabo- votan; y ya están empezando a hacer control de daños de cara a las legislativas del año que viene.

Desde los medios afines al gobierno se hace un esfuerzo ingente por desvincularlo a Macri de la génesis política del tarifazo, y circunscribirlo a los “excesos” de Aranguren, o a su mala praxis. El intento choca contra la realidad y contra el propio Macri, que en cuanta ocasión tiene a la mano (incluyendo el acto del bicentenario de la independencia, o el "relanzamiento" del Procrear) justifica ampliamente las medidas y no duda en asumir su paternidad, acaso suponiendo que aun goza de indemnidad política ante el aumento del malhumor social.

El tarifazo es una brasa ardiente que todos se pasan de mano en mano, y pone en aprietos a la Corte Suprema, en pleno proceso de recomposición interna, y en pleno operativo de integración del Poder Judicial (comenzando por su cabeza) al dispositivo político de poder que sustenta a Macri y su programa de gobierno.

El discurso del gobierno trasunta incoherencia por donde se lo mire: o el tarifazo “era inevitable, porque de lo contrario íbamos camino a ser Venezuela”, o “estamos aprendiendo sobre marcha”, y por eso recularon de los aumentos del 2000 % para poner topes del 400 o 500 % según se trate de usuarios residenciales, comercios o industrias.

La rebelión social contra el tarifazo es transversal a la geografía nacional, los alineamientos políticos, la opción del voto en las últimas elecciones y los sectores sociales; aunque con fuerte predominio de las clases medias en las protestas. La protesta vuelve a poner en primer plano la polémica por la política de subsidios a los servicios públicos que ocupara primerísimo lugar durante todos los años del kirchnerismo

Una polémica que merece recordarse hoy, en éste contexto: el kirchnerismo amagó allá por los inicios del segundo mandato de Cristina con revisar los subsidios en el marco de lo que se dio en llamar “sintonía fina”, apelando a la renuncia voluntaria (como en su momento Kirchner apeló a la elección voluntaria de la jubilación privada o estatal), con un estrepitoso fracaso: tanto los que hoy protestan por los aumentos como -sobre todo- los pocos que van quedando que aun los justifican, no renunciaron a seguir cobrando los subsidios.

Con la experiencia Aranguren a la vista, habrá que suponer que “el mejor equipo de los últimos 50 años” no es tal y por el contrario son bastante mamertos, o que la “sintonía fina” que asegure operar con bisturí sobre el sistema de subsidios para que le lleguen a los sectores que realmente los necesitan (tal la cantinela opositora en los tiempos de los gobiernos kirchneristas), no es tan sencilla desde el gobierno, como se veía desde el llano opositor.

La otra enseñanza que deja el proceso (en el marco de un brusco retroceso del salario real como consecuencia de las políticas del macrismo) es que queda más claro que nunca que los subsidios (con todo y sus imperfecciones) constituían una forma de salario indirecto a los sectores populares; que complementaba la capacidad adquisitiva del salario formal.

Por otro lado ha quedado palmariamente demostrado que el tarifazo no se vio compensado con una baja sustancial del gasto del Estado en subsidios (tal el objetivo declarado), porque se lo hizo a los hachazos y con el estricto fin de favorecer los números de la petroleras, aumentando el gas en boca de pozo; entre otras barbaridades como las que reseñaba Claudio Scaletta en ésta nota de Página 12.

En el caso de las prestadoras privadas del sistema energético (generadoras, transportadoras, distribuidoras) no se les exigieron a cambio de las nuevas tarifas compromisos concretos de inversiones para mejorar los servicios, ni se redefinieron los contratos y los marcos regulatorios. Por el contrario, esas tareas pendientes se ensayan como argumentos para justificar una segunda ronda de aumentos, cuando se fijen “los cuadros tarifarios definitivos”.

Una línea argumental consistente con la que está sosteniendo el gobierno en los estrados judiciales para defender los tarifazos decididos sin haber realizado audiencias públicas (en la que piensa insistir, por eso estaba ayer Garavano en la conferencia de prensa), y con el discurso del “club de los ex Secretarios de Energía” (buena parte de ellos, hoy nuevamente en el gobierno) de que es necesario seguir aumentando aun más las tarifas, para cubrir los costos reales de la energía. Algo de eso subyace en el discurso del propio Macri.

El problema es mucho más complejo que no haber hecho audiencias públicas, aunque eso sería hoy para el gobierno un engorro político porque lo expondría a un debate abierto para justificar los aumentos, del que no es dudoso saldría perdiendo.

El tema pasa por discutir la cuestión de las tarifas de los servicios públicos en un contexto social, político y económico mucho más amplio: la política de redistribución social de los ingresos, el modelo productivo, los costos sociales de asfixiar a los hogares y las empresas con tarifas “sinceradas”, la suba de costos productivos provocada por medidas del propio gobierno. En definitiva, la misma discusión de fondo de cualquier faceta del ajuste: aun cuando se asuma que la economía presenta ciertos desequilibrios  estructurales que hay que corregir, el asunto es como se reparten las cargas, a la hora de corregirlos.

En ese contexto, no podemos admitir que nos encierren en la falsa disyuntiva de que un 2000 % de aumento del gas o la luz está mal y es impagable, mientras que un 400 % o 500 % sería razonable y aceptable; mientras la “tarifa social” como está planteada es un chiste, engorroso y burocrático.

Y la reflexión viene a cuento del hecho (más que probable) que la Corte termine convalidando más tarde o más temprano ese nivel de aumentos: ¿qué harán entonces los “indignados” sociales y los “desmarcados” políticos?