LOS RADICALES Y LA DOCTRINA BONADÍO

Hace pocos días supimos que el impresentable juez Bonadío embargó la jubilación que percibe Cristina como ex presidenta, y la pensión que le corresponde por el fallecimiento de Néstor Kirchner; pese a que la Ley 24.018 que la instituye establece expresamente en su artículo 3 que es inembargable. De paso: algunos deberían leer el artículo 4 que dice que en caso de fallecimiento del titular el beneficio pasa al viudo/viuda y sus hijos menores, antes de repetir como loros que es incompatible que CFK cobre los dos.

Cosas que ni siquiera un burro como Bonadío -que redacta sus fallos con apoyo en “El rincón del vago”- ignora, pero en realidad busca otro propósito: sumar a la hoguera del linchamiento público y mediático de Cristina, sabedor de que la medida será festejada por los salames que están todo el día evadiéndose de la realidad concreta del país de hoy (tarifazos, desempleo, inflación, recesión) con el famoso “que devuelvan la que se llevaron”.

Sobre esa misma plataforma social y tomando a Boudou como excusa (plégándose a la campaña que con ese fin se armó en las redes sociales) se monta ahora el diputado Marcucci, digno exponente de ese radicalismo cacerolo de batón y ruleros, que disputa desesperadamente electorado con Carrió, el PRO y Stolbizer. En un punto es comprensible: la competencia por el mismo nicho es fuerte, y el año pasado no les fue muy bien que digamos en las PASO de “Cambiemos”; y por eso tienen que bancar un gobierno en el que quedaron de comparsa.

El beneficio sobrevivió a la poda de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que hizo en plena ola anti-política del 2001/2002 la Ley 25.668, y no se funda -como sostiene Marcucci- “en el mérito y el honor” de cada uno que lo percibe (lo cobran Menem y De La Rúa, por caso), sino en el hecho de haber desempeñado la más alta dignidad a la que puede aspirar un argentino, elegido por el voto de sus conciudadanos; al menos en los casos de presidente y vice.

Reparemos en éste detalle: ni siquiera en plena furia social post corralito, fuga de los dólares del país por los bancos y Megacanje por 55.000 millones de dólares (aquélla gigantesca estafa de la que zafaron De La Rúa y Cavallo, y acaba de zafar Sturzenegger), se les ocurrió sacarles esta asignación a los ex presidentes acusados por hechos de corrupción, siendo que Menem la cobraba, y De La Rúa pasaba a cobrarla.

La misma ley contempla que los beneficiarios de la asignación la pierden si no completaron su mandato porque fueron destituidos por juicio político, que es el procedimiento establecido por la Constitución para separarlos de sus cargos; y sin embargo la justicia (esa en la que la UCR tiene tantos jueces del palo, desde los tiempos de la dictadura) ha ordenado pagárselo a Boggiano, el ex juez de la mayoría automática de la Corte menemista.

Si lo que se quiere es eliminar la asignación porque no es contributiva (es decir se otorga sin que se hagan aportes, por lo menos por la cantidad de años que demanda una jubilación normal) a nosotros no nos parece mal, pero aun en ese caso no se les podría privar a los que lo tiene otorgando, y lo vienen percibiendo.

Jurídicamente hablando el proyecto es un mamarracho: ni siquiera a los genocidas juzgados por violaciones a los derechos humanos se les suspendía el pago de sus jubilaciones o haberes de retiro, hasta tanto no tuvieran una condena penal firme, pasada en autoridad de cosa juzgada. Es lo que dicen además todos los regímenes previsionales del país, y del derecho comparado.

En nuestro sistema legal, no hay otra solución posible; pues de lo contrario se privaría a alguien de un derecho otorgado por ley por la simple sospecha de que está involucrado en un acto de corrupción; yendo además en contra de la presunción de inocencia. El proyecto de Marcucci incluye el simple procesamiento (como es el caso de Boudou, que ni siquiera ha ido a juicio oral por el caso Ciccone).

Marcucci -pese a que no le sobran luces- también sabe todas estas cosas, pero el propósito es el mismo del embargo de Bonadío: una guillotina simbólica que cae sobre la cabeza de Cristina, o sobre su billetera; como parte de la persecución sistemática a la que la vienen sometiendo desde que dejó el cargo.

Un ejemplo de lo trastocado que están no solo los términos del debate político en el país (o por lo menos al nivel cloacal al que lo quieren hacer descender algunos), sino de la imperiosa necesidad del oficialismo de generar todos los días cortinas de humo distractivas de la realidad que acucia a buena parte de los argentinos, como consecuencia de las políticas del gobierno de Macri y la UCR.

Como leíamos en Twitter el otro día a propósito del embargo de Bonadío: mientras De La Rúa, que se fue del gobierno huyendo en helicóptero, con estado de sitio y dejando 39 muertos por la represión de las protestas sociales contra su gobierno (sin hablar de corralitos y Megacanjes), está cobrando normalmente su asignación como ex presidente y nadie reclama que se la quiten, Cristina que lo dejó con una plaza llena de gente que fue a acompañarla, no lo puede cobrar: todo un indicador de lo trastocadas que están las cosas.

O del extraño sentido de la ética que tienen algunos, como buena parte de los radicales.