Como decíamos en una entrada anterior, continuamos analizando la inversión del Estado nacional en Santa Fe, y comparándola con la del gobierno provincial; en este caso en los programas destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad, atendidos desde las áreas de Desarrollo Social y Seguridad Social, así como los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (una redistribución indirecta de ingresos), en el rubro electricidad.
Desarrollo Social:
El Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para este año será de $ 518.043.00, levemente inferior a lo que invertirá en la provincia de Santa Fe el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Alicia Kirchner: $ 530.944.092.
Pero además hay una diferencia cualitativa: del total de las partidas asignadas a la cartera de Pablo Farías, un 68,97 % son asignadas a "Transferencias", es decir dinero que llega directamente a los beneficiarios del programa, quedando el resto de los fondos afectados a los gastos operativos y de funcionamiento del área. En el caso de Desarrollo Social de la Nación, el 99,91 % de los fondos tienen como destino directo a los beneficiarios de cada programa.
Del total de los fondos imputados a "Transferencias" del Ministerio conducido por el candidato de Binner a la intendencia de Santa Fe, $ 133.614.000 (es decir el 37,39 %) son partidas aportadas por la Nación en el marco del programa "El hambre más urgente", establecido por la Ley 25.724 (2003), para los comedores comunitarios; y otros $ 15.091.000 son destinados por la provincia a los municipios y comunas, y a las entidades deportivas de acuerdo a la Ley Provincial del Deporte 10.554.
Si se considera eso, la relación entre los aportes nacionales y provinciales que llegan directamente a sectores que demandan asistencia crítica, es de 1,81 a 1, o sea: por cada peso que pone la provincia, la Nación pone en su territorio casi dos.
Seguridad social:
Este es un capítulo particularmente interesante para el análisis, especialmente a partir del reclamo del gobierno de Binner ante la Corte Suprema por el descuento del 15 % de la coparticipación que se destina a la ANSES, el 82 % móvil que la oposición intentó sancionar en el Congreso, medida que el gobierno dice que rige en Santa Fe para los jubilados provinciales; cosa que en su momento demostraremos que no es cierto.
De acuerdo al Presupuesto provincial de éste año, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia invertirá $ 3.277.055.000 en "Prestaciones de la Seguridad Social", es decir el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a sus beneficiarios, y la contribución al IAPOS para la cobertura prestacional de salud de los mismos; cifra importante que representa el 13,20 % del total del gasto público planteado para el 2011 por el gobierno de Hermes Binner.
No tan importante como los $ 11.041.808.097 (más de once mil millones de pesos) que invertirá en Santa Fe este año la ANSES, y que representan el 63,88 % del gasto público nacional en territorio santafesino. De ese total de gastos de la ANSES, el 99,17 % son "Prestaciones de la Seguridad Social", lo que incluye además en este caso el Seguro de Desempleo, que es un programa sin contrapartida provincial (Santa Fe no tiene uno equivalente), y distinto a los que administra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación Profesional de la Nación de los que hablábamos en la entrada anterior de éste tema; y los $ 349.998.654 que se transfieren al PAMI para la atención médica de los beneficiarios (más allá de los aportes personales de estos a la obra social).
Estas cifras implican que, por cada peso que el gobierno provincial invierte en prestaciones de la seguridad social, el Estado nacional invierte en Santa Fe $ 3,37, o sea más del triple.
Y para tener una perspectiva de la amplitud de la cobertura en uno y otro caso (y poner en contexto la discusión sobre el 82 % móvil): los 65.159 jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia representan el 2,03 % de su población; mientras que que los 487.589 jubilados y pensionados cuyos haberes paga la ANSES en Santa Fe, representan el 15,23 % de la población provincial; es decir una diferencia de cobertura de 7,48 a 1 (siete y medio jubilados y pensionados nacionales, por cada uno provincial).
Mientras las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 arrojaron que la provincia de Santa Fe reúne en su territorio al 7,98 % de la población total de la Argentina, tiene en su territorio al 8,79 % de los beneficiarios del sistema previsional de reparto que administra la ANSES, es decir por encima de la participación porcentual que le corresponde en el conjunto poblacional.
Y eso obedece a que hay en la provincia un gran número de beneficiarios del régimen de inclusión previsional establecido por la Ley 25.994 (2005), para aquéllos trabajadores que perdieron sus empleos durante el menemismo, y como consecuencia de eso les faltaban años de aportes para poder acceder a la jubilación. No hay que olvidar que los conglomerados urbanos del Gran Santa Fe y el Gran Rosario lideraron por años las estadísticas nacionales de desempleo.
Comparación del conjunto de "Transferencias":
Comparems a continuación los volúmenes de dinero transferidos en Santa Fe por la Nación y la provincia, directamente a los sectores sociales más vulnerables, a través de diferentes programas, administrados por distintos organismos.
En el caso del Estado provincial, si sumamos los montos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Provincial con fondos provinciales, las pensiones que paga Santa Fe a los veteranos de Malvinas, las pensiones sociales no contributivas de la Ley 5110 y los importes que gasta en la atención de la salud de los dos últimos rubros, obtenemos unos 418 millones de pesos.
Si, en el caso del Estado nacional y su despliegue de recursos en Santa Fe, sumamos la AUH, las pensiones no contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, las que se pagan a los ex combatientes (que no son incompatibles con las provinciales), los aportes al Ministerio de Salud de la provincia para la atención de ambos sectores en los hospitales provinciales, los fondos transferidos a la provincia para los comedores de Desarrollo Social y para sus similares del Ministerio de Educación y los programas Repro y el Seguro de Capacitación y Empleo de la cartera laboral nacional, el total asciende a $ 1.538.999.711 (casi mil quinientos treinta y nueve millones).
Lo cual implica que por cada peso que esos sectores más vulnerables del entramado social reciben del Estado provincial, están recibiendo $ 3,69 de la Nación.
Subsidios a la tarifas eléctricas:
Una política de Estado seguida invariablemente por el gobierno nacional desde el 2003, ha sido subsidiar el costo de los servicios públicos básicos a la población, de modo de evitar aumentar las tarifas de los mismos; lo que alimentaría aun más la inflación y perjudicaría a los sectores de ingresos fijos, además de aumentar significativamente los costos de la producción industrial.
De acuerdo al Presupuesto nacional 2011, el Estado invertirá en subsidios a las tarifas de energía eléctrica $ 17.509.000.000 (más de diecisiete mil millones de pesos) en todo el país, y si bien este es un gasto difícil de clasificar geográficamente -porque se distribuye entre todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN)-, vemos que comparación se puede hacer en el caso santafesino considerando los números que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, y las cifras del Presupuesto de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para este año.
Como de acuerdo al Censo, Santa Fe reúne al 7,98 % de la población total del país; si utilizáramos esa pauta para asignar ese porcentual de los subsidios a las tarifas eléctricas en nuestro territorio, tendríamos que el gobierno nacional invierte aquí en ese ítem $ 1.397.218.200 (casi mil cuatrocientos millones de pesos); lo que en la práctica debe ser mucho más: Santa Fe es una de las provincias con mayor actividad industrial del país, en su territorio funciona el mayor polo aceitero del mundo y una importante industria petroquímica en el cordon industrial del Gran Rosario.
Todo ello implica que es una provincia "electrointensiva", por decirlo de alguna forma, al punto que muchas industrias radicadas aquí toman energía directamente del Despacho Nacional de Cargas (DNC), sin recibirla de la EPE, que es simplemente una distribuidora; no produce o genera la energía, ni la transporta, rubros en los que se demanda la mayor inversión para abastecer de energía eléctrica.
De acuerdo al Presupuesto provincial 2011, la EPE gastará en comprar electricidad al Despacho Nacional de Cargas (DNC) por $ 941.106.000, mientras que percibirá de los usuarios por el suministro (vía tarifas) ingresos por $ 2.337.756.000, es decir 2,48 veces más.
Esas cifras arrojan un "superávit compra/venta de energía" de la distribuidora estatal de $ 1.396.650.000 (más de mil trescientos noventa y seis millones de pesos), lo que deja una clara conclusión: el monto de los subsidios nacionales a las tarifas de la energía eléctrica en Santa Fe (repetimos: en una versión "amable" para el gobierno provincial, que tiene en cuenta exclusivamente los parámetros poblacionales, y no los de consumo efectivo) es equivalente a la "ganancia" que obtiene la EPE por comprar y vender energía.
Lo que, considerando que los subsidios nacionales no se han eliminado ni reducido, hace más incomprensible que, con esas cifras, los santafesinos hayamos tenido más de seis aumentos de la tarifa de la luz en los poco más de tres años del gobieno de Hermes Binner.
Subsidios a la tarifas eléctricas:
Una política de Estado seguida invariablemente por el gobierno nacional desde el 2003, ha sido subsidiar el costo de los servicios públicos básicos a la población, de modo de evitar aumentar las tarifas de los mismos; lo que alimentaría aun más la inflación y perjudicaría a los sectores de ingresos fijos, además de aumentar significativamente los costos de la producción industrial.
De acuerdo al Presupuesto nacional 2011, el Estado invertirá en subsidios a las tarifas de energía eléctrica $ 17.509.000.000 (más de diecisiete mil millones de pesos) en todo el país, y si bien este es un gasto difícil de clasificar geográficamente -porque se distribuye entre todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN)-, vemos que comparación se puede hacer en el caso santafesino considerando los números que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, y las cifras del Presupuesto de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para este año.
Como de acuerdo al Censo, Santa Fe reúne al 7,98 % de la población total del país; si utilizáramos esa pauta para asignar ese porcentual de los subsidios a las tarifas eléctricas en nuestro territorio, tendríamos que el gobierno nacional invierte aquí en ese ítem $ 1.397.218.200 (casi mil cuatrocientos millones de pesos); lo que en la práctica debe ser mucho más: Santa Fe es una de las provincias con mayor actividad industrial del país, en su territorio funciona el mayor polo aceitero del mundo y una importante industria petroquímica en el cordon industrial del Gran Rosario.
Todo ello implica que es una provincia "electrointensiva", por decirlo de alguna forma, al punto que muchas industrias radicadas aquí toman energía directamente del Despacho Nacional de Cargas (DNC), sin recibirla de la EPE, que es simplemente una distribuidora; no produce o genera la energía, ni la transporta, rubros en los que se demanda la mayor inversión para abastecer de energía eléctrica.
De acuerdo al Presupuesto provincial 2011, la EPE gastará en comprar electricidad al Despacho Nacional de Cargas (DNC) por $ 941.106.000, mientras que percibirá de los usuarios por el suministro (vía tarifas) ingresos por $ 2.337.756.000, es decir 2,48 veces más.
Esas cifras arrojan un "superávit compra/venta de energía" de la distribuidora estatal de $ 1.396.650.000 (más de mil trescientos noventa y seis millones de pesos), lo que deja una clara conclusión: el monto de los subsidios nacionales a las tarifas de la energía eléctrica en Santa Fe (repetimos: en una versión "amable" para el gobierno provincial, que tiene en cuenta exclusivamente los parámetros poblacionales, y no los de consumo efectivo) es equivalente a la "ganancia" que obtiene la EPE por comprar y vender energía.
Lo que, considerando que los subsidios nacionales no se han eliminado ni reducido, hace más incomprensible que, con esas cifras, los santafesinos hayamos tenido más de seis aumentos de la tarifa de la luz en los poco más de tres años del gobieno de Hermes Binner.
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