LOS ZORROS NO PUEDEN CUIDAR LAS GALLINAS

Por Raúl Degrossi

Leemos en La Nación los detalles del documento hecho público ayer por distintos referentes del denominado "Grupo A" (el rejunte opositor del Congreso, bah), en el que se manifiestan preocupados por los avances del gobierno contra la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial; y se ofrecen prestos a cuidar la democracia, amenazada -dicen- por el incontenible avance autoritario del kirchnerismo.

Suscriben el documento referentes de la UCR (Alfonsín, Sanz, Gil Lavedra), del peronismo federal (Duhalde, Solá), del PRO (empezando por el mismísimo Mauricio Macri) y de la Coalición Cívica; cuya líder Elisa Carrió ha decidido dejar su ego de lado para sumarse al convite.

Pero como dice el dicho: los zorros son muy malos guardianes de las gallinas.

Los firmantes del documento, autotitulados "guardianes de la democracia", no tienen pergaminos políticos y morales a la altura de tamaña responsabilidad.

No pueden pretender oponerse a "utilizar "los recursos del Estado" para perseguir y amedrentar a quienes no comulgan con su modelo político de gestión" quienes -como Macri- están procesados por la justicia por montar desde el aparato estatal una red de espionaje para amedrentar a opositores políticos y líderes sociales, o por montar una fuerza de choque parapolicial para perseguir a los indigentes en el espacio público; ni quienes -como Duhalde- cargan en su conciencia con la muerte de militantes sociales, asesinados por un aparato policial debocado que montaron y utilizaron; y luego no pudieron o quisieron controlar. 

No pueden reclamar por "el respeto por "la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial y el efectivo cumplimiento de los fallos" quienes se prenden de los pantalones del más importantes grupo de multimedios de la Argentina, que ejerce un virtual monopolio comunicacional a través de una vastísima red de medios propios, manipula jueces a su antojo para defender sus intereses, se niega sistemáticamente desde hace años a cumplir los fallos de la justicia laboral, los que le mandan aplicar la ley de medios votada por el Congreso de la democracia y los que le ordenan a los hijos de la señora Noble realizarse los exámenes de ADN para determinar su identidad.

Por no decir que no pocos de ellos claman (más en reserva que abiertamente) por un nuevo punto final a los juicios por violaciones a los derechos humanos en la dictadura -como Duhalde-, o cargan en sus alforjas con la claudicación ética y política de haberlo adoptado como medida de gobierno, como es el caso de la UCR.

No pueden embarcarse en esa empresa quienes -como Elisa Carrió- han dicho que "los hijos de la señora de Noble son nuestros hijos", y quienes -como ella y la mayoría de los firmantes del documento- practican el más absoluto autoritarismo y rígida censura de la disidencia hacia el interior de sus propias fuerzas políticas, jamás resuelven sus disputas por método democráticos y no aceptan el principio elemental de la democracia: el pronunciamiento de la voluntad popular.

Porque no olvidemos que, desde aquella noche de octubre de 2007 en que la misma Carrió desconoció el triunfo de Cristina hablando de "legitimidad segmentada" y revoleando al azar denuncias de fraude electoral que (como todas las que hace) jamás prueba, hasta estos días del bochorno de Cubut protagonizado por uno de los precandidatos presidenciales del denominado peronismo federal; se han sucedido unos cuantos hechos reveladores de la escasa estatura democrática de toda esta gente.

Causa risa -si no indignación- que se alcen en defensa de la liberad de expresión quienes plantean, de un modo abierto o soterrado, la represión estatal de toda forma de protesta social (y anatemizan al gobierno por no hacerlo), o se opusieron en el Congreso y en la justicia al avance de una legislación de avanzada que tiende, precisamente, a garantizar que todos puedan expresarse con igualdad de posibilidades.

Por no decir además que algunos -como los radicales en el gobierno de De La Rúa- resolvieron afrontar la "libertad de expresión" de un pueblo hastiado de ser defraudado, con estado de sitio, represión policial y más de 30 muertos en las plazas de todo el país.

Hay además sugestivo un párrafo del documento que el diario fundado por Mitre se ocupa de destacar:  "No resulta casual la mención en el texto a la Constitución y, particularmente, a su artículo 36. Fue incluido a instancias de Carrió y advierte que quien atente contra el orden democrático será considerado un infame traidor a la patria y sus actos serán nulos. Allí también se habilita a todos los ciudadanos a resistir "contra quienes ejecutaren los actos de fuerza".

Al parecer el mismo habría sido incluido por expreso pedido de Carrió, quien recordemos ha recorrido embajadas y organismos internacionales con su célebre carta en la que advertía sobre el autoritarismo del gobierno, buscando en esos despachos lo que las urnan le negaron, una y otra vez.

Pero no ha sido la única: las filtraciones del escándalo de Wikileaks han revelado que Duhalde, Sanz y Macri han trasegado los pasillos de la embajada de los EEUU clamando a los sucesivos embajadores una mayor dureza del gobierno yanqui contra su par argentino, en tiempos de Néstor Kirchner y en el actual mandato de Cristina.

Lejos de la sistemática violación de los derechos colectivos e individuales que -señalan los firmantes del documento- llevaría adelante el gobierno, la democracia argentina atraviesa hoy su momento más vital desde que fuera recuperada en 1983. Porque además se construye todos los días, pero desde un cimiento sólido e inconmovible: la firme decisión de clausurar el pasado con memoria, verdad y justicia, con cárcel a los genocidas y sin falsas reconciliaciones que lo único que buscan, es disfrazar la impunidad.

Pero además venimos de 8 años de ininterrumpida concreción de nuevos derechos -desde la asignación universal por hijo hasta el matrimonio igualitario, pasando por la ampliación de la cobertura jubilatoria o la recuperación de derechos laborales cercenados en la década neoliberal-, y de políticas públicas que han posibilitado el ejercicio efectivo de los derechos que la Constitución reconoce; como el derecho al trabajo y su justa retribución, a expresarse protestando en el espacio público, a defender sus intereses o a acceder a ser informado por pluralidad de fuentes diversas.

En una parte de la nota, casi marginalmente, se desliza el verdadero origen del pronunciamiento, además de las ostensibles presiones del Grupo Clarín que tiene a los firmantes incondicionalmente a su servicio. 

Dice La Nación: "La preocupación era compartida: tratar de revertir la opinión generalizada en la sociedad de que la oposición está peleada y dividida y que sólo se preocupa por sacarse ventajas. "Mientras tanto, el Gobierno avanza contra todo y crece en las encuestas", se lamentaba uno de los artífices del documento." 

La perspectiva cierta de ser barridos electoralmente del mapa en octubre por la candidatura de Cristina ha sido el verdadero disparador del exabrupto, todo lo demás son subterfugios para ocultar lo evidente: son un auténtico mamarracho que se cae a pedazos, luego de haber naufragado en el fracaso la tentativa de instaurar un remedo de gobierno parlamentario desde una relativa mayoría en las Cámaras del Congreso.

Y si no que lo digan los radicales o los peronistas federales, que no son capaces siquiera de organizar una interna de aparatos y aparatitos, por las desconfianzas recíprocas del fraude que tienen sus eventuales participantes.

La democracia argentina está más firme que nunca, y si algún peligro corre, es por el accionar desembozado de los grupos del poder económico concentrado que no vacilarían en llevársela puesta si les resultara necesario para defender sus intereses; tanto como por la deserción histórica de una oposición que nunca puede ponerse a la altura de las circunstancias, como estuvo por ejemplo el peronismo junto a Alfonsín en la asonada carapintada de Semana Santa de 1987, algo que por cierto su hijo parece haber olvidado hoy. 

Pero a esos peligros Néstor y Cristina Kirchner nos han enseñado a enfrentarlos desde el 2003 para acá: ya nadie podrá decir que un gobierno se cae por cuatro tapas de Clarín, y en algo tiene razón el extravío de Carrió: la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos el derecho a resistir todo intento de atentar contra las instituciones que ella proclama.

Que no dude que muchos lo vamos a ejercer, si hiciera falta.