Por Matías Kulfas (*) (**)
En 1947 el presidente Perón daba el puntapié inicial para poner en marcha la primera gran acería en la ciudad de San Nicolás.
Somisa, tal fue su nombre, se sumó entonces al complejo industrial estatal pensado para promover el desarrollo productivo de nuestro país. Tras varias postergaciones, la inauguración tuvo lugar en 1960. Luego de tres décadas de producción y expansión, la firma fue privatizada en 1992, en tiempos de aquella expresión proferida por los propios ejecutores de la “reforma del Estado”, que indicaba que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.
Tras este proceso de reestructuración, que llevó a la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en el sector, la firma pasó a llamarse Siderar y continuó accediendo a beneficios promocionales y políticas específicas. Tras seis décadas de existencia y fuerte apoyo estatal, es hoy una empresa líder que factura $9.500 millones y obtuvo utilidades por $1.787 millones.
En 1969, mediante el decreto 206, se dio inicio al proyecto para la instalación de una fábrica de aluminio en Puerto Madryn, la que se complementaba con la instalación de una central hidroeléctrica sobre el río Futaleufú y un puerto de aguas profundas sobre el golfo nuevo. En 1971 se adjudicó a Aluar Aluminio Argentino la construcción, puesta en marcha y explotación de la planta de aluminio primario y en 1978 entró en producción la Central Hidroeléctrica Futaleufú. Esta última, que provee el insumo clave para la producción de aluminio, fue privatizada en 1994, siendo adquirida por la propia Aluar.
Originada en un proyecto estatal, continuó percibiendo diversos beneficios promocionales. Hoy es una empresa líder que factura $3.800 millones y obtuvo utilidades por $500 millones.
En 1922 fue fundada YPF, constituida como una de las primeras empresas estatales del mundo integrada verticalmente. La empresa realizó actividades de exploración y explotación petrolera, fundando diversos pueblos en las zonas aledañas a las reservas petroleras. En los ’90 fue privatizada, conservando el liderazgo en la producción sectorial. Hoy factura $44.162 millones y obtuvo utilidades por $5.790 millones.
El listado de casos podría continuar extensamente, pero vale rescatar estos tres como ejemplos del papel que tuvo el Estado argentino en la conformación de un complejo industrial de cierta complejidad, desarrollo y, en las últimas décadas, generador de importantes ganancias empresarias.
Estamos hablando de más de cuatro generaciones de argentinos que invirtieron mucho dinero para que estas empresas existan.
Pretender impugnar el legítimo derecho del Estado nacional a intervenir en asuntos de empresas en las cuales posee parte del capital accionario constituye la negación de derechos que confiere la legislación vigente pero también omite la propia historia de las empresas, la cual no se explica sin incorporar el fuerte peso que tuvo la acción estatal.
Es lógico y natural que el Estado pueda participar para proteger sus inversiones, las cuales –cabe recordar– no surgen de adquisiciones realizadas por el propio Estado sino de la absorción de las carteras que estaban en manos de las AFJP.
Asimismo, es de gran importancia esta presencia estatal para que sea articulada con acciones integrales destinadas a promover el desarrollo productivo. Durante décadas, el Estado nacional apostó a desarrollar las industrias básicas de insumos intermedios, los cuales resultan clave para el desarrollo industrial en productos con alto valor agregado, empleo y generación de pequeños y medianos emprendimientos. Hoy es fundamental que las industrias metalmecánica, de autopartes, maquinarias, envases y muchas otras accedan al acero, al aluminio y otros productos en forma abundante y a buenos precios, de modo que se pueda mejorar la competitividad y estimular el desarrollo de una multiplicidad de empresas. La existencia de posiciones monopólicas y oligopólicas se originó en los elevados requerimientos de capital que tienen la producción de tales insumos, y fue precisamente por tal motivo que el Estado intervino activamente durante décadas.
El desarrollo de estas industrias permite pensar en mejores opciones para el crecimiento de las pymes que se proveen de esos insumos y generan empleos y mayor valor agregado a las cadenas productivas.
La presencia estatal en esas empresas es entonces una pieza importante para profundizar la fase de reindustrialización iniciada en 2003.
* Economista. Director del Banco Nación y Presidente de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA)
** Gracias al compañero Alberto "Pocho" Papini por acercarnos el material
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