PAGAR POR LO QUE ES DE TODOS, GRACIAS A MACRI

 

Esto era gratis con la ley de Cristina, porque el Estado es el dueño de las licencias y las otorga por tiempo determinado a los explotadores de los medios. Macri -para variar- lo cambió para mal, y ahora hay que ponerse: https://t.co/BgE5NWLWkT

— La Corriente K (@lacorrientek) August 22, 2021

En el primer mandato de Cristina, allá por el año 2009, se aprobó una profunda reforma de la legislación electoral y de las campañas políticas a través de la Ley 26571, que instauró en las elecciones nacionales las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y, entre otras novedades, trajo la asignación igualitaria de espacios publicitarios gratuitos para que los partidos difundieran sus propuestas, a través de los medios audiovisuales.

El artículo 34 de la ley prohibió además a las agrupaciones políticas y sus listas internas contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones. La violación a la prohibición apareja sanciones tanto para las agrupaciones políticas, como para las emisoras de radio y televisión.

Al mismo tiempo y por el artículo 74 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios, aprobada ese mismo año 2009), los servicios de comunicación y de televisión por suscripción estaban obligados a ceder en forma gratuita los espacios necesarios en su programación para emitir los spots de campaña. Es decir: no podían cobrarle al Estado por emitir esos avisos, que debían emitir obligatoriamente.

El sistema tenía su lógica: el espíritu general de la reforma era la democratización de la representación política (de hecho ese era el nombre oficial de la Ley 26571), y establecer ciertas condiciones igualitarias de competencia entre las distintas fuerzas políticas, en las competencia electorales. Por ejemplo, así como se garantizaban los espacios en los medios audiovisuales, se prohibía el financiamiento de las empresas en tanto tales a los partidos políticos.

Y por otro lado, el Estado hacía valer su condición de propietario y administrador del espectro radioeléctrico, que es un bien público (artículo 7 de la Ley 26522) que los particulares solo pueden explotar mediante una licencia que él les otorga. Dicho de otro modo: los espacios gratuitos los garantizaba el Estado, porque son suyos, siendo los licenciatarios meros administradores.

Pero luego pasaron cosas, concretamente el macrismo; que en el año 2019 -es decir en plena campaña electoral, a solo tres meses de las PASO presidenciales de ése año- vino a cambiar las reglas de juego a través de la Ley 27504: redujo a un 5 % del total de las emisiones de los medios audiovisuales el espacio destinado a los spots de campaña, y estableció que la mitad de ese espacio sería cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales; es decir los pagamos todos, para conservar la tajada de pauta publicitaria (oficial y privada) que los medios pueden vender en esos espacios, que hasta ese momento debían ceder gratuitamente.

Como esa misma reforma del 2019 volvió a permitir los aportes de las empresas a los partidos políticos (se imaginarán para favorecer a quienes), la lógica era la inversa: los negocios estaban por encima de los bienes públicos (como el espacio audiovisual, o la competencia electoral en condiciones igualitarias),  y es el mercado el que le dicta las reglas de juego a la política, y no al revés.

De resultas de esa reforma aprobada en los estertores del gobierno de Macri, existen hoy causas judiciales en las que las empresas de medios le reclaman al Estado por el pago de los avisos (en dinero o a través de compensación de impuestos), en un monto que puede llegar a los 16.500 millones de pesos. 

Y la cosa pudo ser peor, como por ejemplo si hubieran adoptado el sistema que impuso en la provincia el socialismo (y aún rige) y explicamos acá, por el cual el Estado paga los avisos de campaña en los medios audiovisuales -todos, del primero al último- como si fueran publicidad oficial, con pauta.