La semana política provincial termina con un panorama complicado en los dos principales conflictos gremiales abiertos: el de los docentes estatales, y el de los trabajadores municipales; y con el telón de fondo (dominante) de la situación financiera del Estado provincial, y de los municipios y comunas.
El paro docente sigue su curso (la semana que viene sumará 72 horas seguidas sin clases), con la decisión del gobierno de descontar los días no trabajados, aun a los docentes que no hagan paro: el socialismo abre así una nueva doctrina del derecho laboral, que seguramente traerá polémicas, mientras los gremios docentes ya advirtieron que recurrirán a la justicia.
Gremios que en el caso de AMSAFE redoblaron la apuesta con movilizaciones, discursos incendiarios y pedidos de renuncia a la ministra; en un contexto en el que la nueva referencia de Cristina al conflicto abierto en la docencia santafesina generan bronca en algunos, y especulaciones en todos.
Sin ir más lejos, Bonfatti sobreactúa los gestos de amabilidad para que le abran el monedero en los despachos del gobierno nacional (esta semana se reunió con De Vido y su gabinete reclamando fondos para obras en la provincia), pero por ahora las fotos son más que los anuncios concretos; y lo mismo se puede decir de las palabras de Cristina sobre la docencia: parecen más dirigidas a marcar la cancha para la reapertura de la paritaria nacional (donde los docentes piden menos que sus pares santafesinos, pero por ahora tampoco hay acuerdo) que a oxigenar a un gobierno en manos de la oposición y con serios problemas, frente al que el peronismo provincial empieza a dar tibias muestras de actuar orgánicamente.
A la reunión del Consejo provincial del PJ (que concluyó con un anodino comunicado de crítica a la situación financiera de la provincia) le sucedió otra en la presidencia de Diputados (a cargo del kirchnerista Rubeo) entre los presidentes de los ocho bloques en que el peronismo está dividido en la Cámara, para unificar criterios en torno al proyecto de reforma tributaria que cocina el gobierno: un gesto hacia adentro del partido (dirigido además a los senadores que se cortaron solos y vienen negociando hace rato con Bonfatti el borrador de la reforma) y hacia afuera: le marcaron al socialismo que están dispuestos a hablar de recursos (retocar impuestos), siempre que también se hable de gastos, algo a lo que el FPCyS parece menos dispuesto.
Mientras tanto el paro de los trabajadores municipales continúa y el gobierno provincial trata por un lado de que acaten la conciliación obligatoria, y por el otro que los intendentes no mejoren demasiado su propuesta (un 23 % de aumento escalonado en tres tramos), porque de lo contrario se excederían la pauta que la administración Bonfatti fijó para sus empleados: acá sí las paritarias tienen un "cepo" concreto (provocado por las dificultades financieras del gobierno), del que no se habla tanto como en el orden nacional.
Mientras tanto algunos intendentes y presidentes comunales juegan a quebrar el paro en sus distritos, rompiendo la paritaria y ofertando por afuera cifras mayores para terminar con el conflicto; lo que generó denuncias de prácticas desleales por parte de la FESTRAM, que nuclea a los sindicatos de municipales de toda la provincia, enturbiando así más un conflicto que no parece tener solución a la vista.
Los dos conflictos abiertos (docentes y municipales) y la reforma tributaria en danza están estrechamente vinculados entre sí: el borrador consensuado por Bonfatti con algunos senadores del PJ habla de aumentar un 200 % el Inmobiliario Rural, y eliminar las exenciones de Ingresos Brutos a la construcción, no así a la industria (primero se pensaba hacerlo, luego se descartó por los previsibles reclamos del sector), aumentando las alícuotas a algunos servicios como los financieros, o el juego.
Lo cierto es que un 200 % de aumento del Inmobiliario Rural aportaría a las arcas de municipios y comunas (que se quedan con el 50 % de la recaudación del impuesto) algo así como 207 millones de pesos (y otro tanto para el Estado provincial), lo que no parece demasiado: en concepto de coparticipación de las retenciones a las exportaciones de soja (Fondo Federal Solidario) recibirían más -exactamente 243 millones- si se cumplen las pautas del Presupuesto 2012 votado por la Legislatura; claro que esos fondos sólo pueden ir a la obra pública y no a pagar salarios.
El gobierno de Bonfatti expone en cuenta gotas las cifras de la recaudación en lo que va del año (porque exhibirían un repunte, debilitando el argumento principal que aduce para plantear la reforma), y guarda bajo siete llaves las del gasto; porque todo indica que la tendencia al alza allí sigue vigente y en lo que va del año, se repetiría el rojo mostrado en 2011.
En el Presupuesto el costo de las exenciones sectoriales a Ingresos Brutos (el principal impuesto provincial) están estimadas en 2107 millones de pesos, de modo que si se mantiene a la industria exenta -según el proyecto que ha trascendido- poco de eso se recuperaría: hay que pensar que desde el propio gobierno estiman en 2700 millones el costo de la política salarial pactada con los gremios estatales, sin contar una nueva oferta a los maestros.
Como se ve, los conflictos abiertos -tanto como cumplir los acuerdos alcanzados en los cerrados- plantean un dilema de difícil solución.
Las otras gestiones de la administración provincial para sumar recursos (endeudamiento con la banca comercial, emisión de letras de Tesorería) están por ahora en etapa preliminar, o se encontraron con un frente más complicado aun; por lo que el avance de la reforma tributaria es crucial para el futuro del gobierno de Bonfatti, y la situación se refleja hacia el interior del FPCyS: satisfechos los reclamos de lugares en la abultadísima grilla política del Ejecutivo provincial, no se escuchan como antes los reclamos de los socios radicales y de otras fuerzas aliadas al socialismo, para participar plenamente de las decisiones de gestión.
Al parecer a Bonfatti lo afecta el síndrome Bonavena: le sacaron el banquito y lo dejaron sólo en el ring; en el que para colmo tiene que hacerle sombra periódicamente a los exabruptos verbales de Binner contra el gobierno nacional; amplificados esta semana en un colorido encuentro progresista que convocó a un arco tan extenso como llamativo: concurrieron desde De Genaro y Tumini, hasta Hugo Marcucci, el presidente de la UCR provincial.
Los radicales se muestran así en lo que les sienta mejor: la rosca de alianzas y armados (los que conducen el partido en Santa Fe abogan por meter a los boinas blancas en el FAP, aunque Barletta no es hombre de dejarse arrear fácil y tiene sus propias cuitas con Binner), más que las rispideces de la gestión.
Mientras en el PJ se conoció el cronograma de cara a las internas del 27 de mayo, y como es habitual, todos hablan con todos.
Está por verse si gestos como el comunicado del Consejo provincial (donde conviven casi todos los sectores internos) o la reunión en Diputados son causa o consecuencia del armado en cierres de una lista de unidad entre las diferentes vertientes kirchneristas (que reportan muchas veces a diferentes interlocutores en Buenos Aires) y el obeidismo, que estarían discutiendo quien conduce.
Agustín Rossi reclama para su sector la presidencia del PJ, advirtiendo que no serán él ni Luis Rubeo (el presidente de la Cámara de Diputados) quienes ocuparían el lugar, pero sí alguien de su sector: ¿su hermano, de buenos lazos con Obeid de quien fue funcionario en lo dos gobiernos?
En la vereda de enfrente María Eugenia Bielsa (que busca contactos con el diputado nacional y ex intendente de Rafaela Omar Perotti, y el sector del hoy funcionario de Aerolíneas Gustavo Marconatto) plantearía la confrontación interna; en la que parte con una desventaja: no es afiliada y por ende no podrá participar, en todo caso sí alentar a algún sector; y habrá que ver con que resultado.
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