Termina una semana en la que Antonio Bonfatti -como Riquelme- podría decir que está feliz: los docentes levantaron el paro, los municipales de toda la provincia ya lo habían hecho antes e intercambió deseos de paz y buenas con Daniel Scioli; que anduvo de visita por Santa Fe para el lanzamiento de la proyección local del grupo BAPRO.
Detalle: alguien debería haberle dicho al gobernador bonaerense que el lugar escogido para el lanzamiento (el centro de convenciones ubicado al lado del casino de Santa Fe) es territorio del grupo Boldt S.A.; licenciatario de dos de los tres casinos de Santa Fe, a punto a ver vencer sus contratos para la explotación del juego en la propia Buenos Aires, y sindicado por Boudou como quien está detrás de la ofensiva mediática en su contra por el caso Ciccone.
¿O acaso Scioli lo sabía y eligió ex profeso el lugar, sabiendo además que estaba en territorio extraño y la repercusión no sería la misma que en su provincia? Como sea, ya venía de compartir el corte de cintas en Expoagro con Aranda y Escribano, y también con Binner y Bonfatti.
Pero volvamos a Bonfatti: vio coronado el conflicto docente con el retorno a las clases, apurado por un retoque cosmético a la oferta salarial (600 pesos para "material didáctico" y otros 150 para comprar guardapolvos para cada docente, los policías acaban de recibir 1000 pesitos por pera para renovar su uniforme), la discusión de los días descontados por la huelga y su recuperación (plazos dice el gobierno, objetivos plantea el gremio docente) y el compromiso de sentarse a discutir la controvertida reforma curricular del secundario: lo que se dice adornos al carozo del asunto; que es la recomposición salarial ofertada por el gobierno, y mantenida pese a los paros (el rojo de las cuentas manda, al fin y al cabo).
Lo concreto es que la protesta quedó socialmente aislada y ya no podía sostenerse más tiempo (las palabras de Cristina enojaron, pero dieron en el blanco en ese sentido); aunque las volubles asambleas de la docencia santafesina siempre pueden deparar sorpresas: un nuevo rechazo a la propuesta oficial hubiera llevado a un callejón sin salida al gobierno y a los sindicatos docentes.
También acordaron en la paritaria los municipales: un aumento del 24 % (por arriba de la pauta cerrada por los estatales provinciales) escalonado en tres tramos de acá a mediados de año, un triunfo para la dirigencia de la FESTRAM y un dolor de cabeza para los intendentes: el radical Palo Oliver (intendente de Santo Tomé), protagonista central de la discusión, se sinceró: ahora la pueden pagar, más adelante no se sabe, y si la reforma tributaria no prospera; "ni siquiera el Chapulín Colorado podrá salvarnos", dijo textualmente.
Y hablando de la reforma, por lo que se filtró se trataría de un aumento del inmobiliario rural del 300% con actualización importante del avalúo, y del urbano del 100 % con actualización menor; se elevarían los mínimos del impuesto y se fijaría un adicional para grandes propietarios. Se volvería a cobrar Ingresos Brutos a la construcción quedando exenta la obra pública, y también se aumentarían los mínimos del impuesto a los que ya lo pagan, y se reduciría a la mitad la deducción como pago a cuenta del Derecho de Registro e Inspección que cobran los municipios y comunas (punto reclamado por éstos hace años).
Se habla además de un monotributo provincial para pequeños contribuyentes y está en discusión reimplantar Ingresos Brutos para la industria; punto que reclaman los diputados del Frente Para La Victoria y que es motivo de debate interno en el gobierno. Los cálculos del Ejecutivo hablan de ingresos adicionales al fisco por unos 1800 millones de pesos, de los que la tercera parte irían a municipios y comunas.
Si bien el proyecto todavía no aterrizó en la Legislatura, ya lo precedió un mensaje del Ejecutivo pidiendo autorización para emitir letras de tesorería por 456 millones de pesos (casi un 130 % de lo previsto en el Presupuesto provincial para atender los servicios de la deuda ya contraída por gestiones anteriores), para financiar gastos corrientes (aunque sobre esto hubo contradicciones en las declaraciones de los funcionarios: otros dijeron que eran para obras públicas), y a ser canceladas antes de fin de año.
Hay guiños del archipiélago peronista en la Legislatura (sobre todo en el Senado, convertido en una especie de Titanic ante el mutismo prolongado de Reutemann) de dar luz verde a la iniciativa, siempre que haya alguna pista del destino que se les daría a los fondos.
Claro que eso no implica que el mercado acepte los papeles: la credibilidad del gobierno socialista como pagador está en baja, y si no que les pregunten a los proveedores y contratistas que acumulan meses esperando cobrar sus cuentas; y de hecho algunas empresas constructoras de obra pública han empezado con despidos; sin que desde el gobierno hayan señales de revertir el panorama en lo inmediato.
Los intendentes y presidentes comunales del PJ (nucleados en un foro provincial) reclamaron en público participar de las negociaciones con el gobierno por la reforma tributaria, y la razón es muy sencilla: quieren que les dé respuestas a sus necesidades, sobre todo luego de haber cerrado el acuerdo salarial en la paritaria con los empleados; porque de lo contrario -ya lo dijo Palo Oliver- no habrá quien pueda defenderlos.
Y como si todo esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas acaba de observar (en fallo dividido, con prevalencia de la mayoría automática orquestada allí por Binner durante su mandato) el decreto de Bonfatti por el cual aumentó la alícuota de Ingresos Brutos a las empresas (comercio, servicios, banca) que el año pasado facturaron más de 40 millones de pesos.
La decisión mayoritaria (hubo una disidencia del único sobreviviente del reutemanismo en el organismo) objeta no las facultades del gobernador para ordenar el aumento, sino el tope fijado y la discriminación en categorías según el nivel de facturación.
Como sea, el reparo obligará a Bonfatti a dar marcha atrás con el aumento, o insistir en el decreto original; en cuyo caso el debate se trasladará a la Legislatura (su ratificación sacándole al gobernador las facultades delegadas para aumentar el impuesto podría ser parte de la negociación), en el momento menos oportuno: cuando se empiecen a discutir allí la autorización para emitir las letras, y la reforma tributaria; todo lo cual volverá a poner en el tapete el lado más flaco de administración del Frente Progresista: el manejo de las cuentas públicas.
Y encima Gómez Bolaños anda con un montón de balurdos propios, como para prestarle atención a los llamados de auxilio de los demás.
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