ESTA PELÍCULA YA LA VIMOS

La bajada del título de la nota (completa acá) puede confundir, porque no se refiere a las empresas privada en las que el Estado tiene participación accionaria a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES: para esos casos el gobierno se aseguró en la ley que aprobó el blanqueo la derogación del “cepo” impuesto por la Ley 27.181 sancionada durante el gobierno de Cristina, de modo tal que el gobierno tiene las manos libres para desprenderse de esas acciones cuando lo crea conveniente.

En éste caso se está hablando de la disminución de los aportes del Estado a un conjunto de empresas estatales de las más variadas: se incluye por ejemplo al Correo Argentino, Télam, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, el Belgrano Cargas, AYSA, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares, ARSAT o la Operadora Ferroviaria que maneja los ramales de trenes metropolitanos; porque buena parte de los del. Interior ya han sido desactivados.

Esos aportes en muchos casos son englobados dentro de la categoría de “subsidios”, y se nos aclara que quedan afuera de la poda CAMMESA y ENARSA, las dos empresas a través de las cuáles se canalizan las importaciones de combustible y la remuneración a las generadoras de electricidad. Debe ser casualidad.

A esta altura del partido no debería sorprendernos la escasísima imaginación de la derecha vernácula para renovar sus argumentos a la hora de volver a proponer una y otra vez -con abstracción de las particularidades de cada ciclo histórico- las mismas soluciones

Así como la excusa de la corrupción sirvió para terminar con el Plan Qunita o “Argentina Sonríe”, el supuesto gasto excesivo de dinero que podría aplicarse a otros fines más loables (antes fue pagarles a los jubilados, ahora son los jardines de infantes, o la urbanización de villas) suele ser la excusa perfecta para avanzar en estrategias de privatización, que a su vez son -invariablemente- la generación de nuevas oportunidades de negocios para el sector privado.

E incluso en no pocos casos los términos se invierten: primero se perjudica a la empresa estatal con decisiones que favorecen a sus competidoras, para luego atribuírsele deficiencias de gestión que justifican la poda de recursos, o sus privatización: es justamente lo que está pasando con Aerolíneas y el progresivo avance hacia la política de “cielos abiertos”, o con ARSAT y el “regalo” de la banda que se le había reservado del espectro para la prestación de servicios de telefonía celular para que lo usufructúen operadores privados, o la autorización para la prestación de servicios satelitales a otros; mientras se dilata la elaboración de la nueva legislación sobre esos servicios.

Es decir primero se sabotea deliberadamente la gestión de las empresas del Estado para luego rifarlas, al mejor postor. Nada nuevo bajo el sol.