¿Se acuerdan de los "agrodiputados", ese ensayo de entrismo corporativo en el Congreso, fruto de la rebelión campestre del 2008, que cuajó en las listas del "Grupo A" en las legislativas del 2009?
Hace bastante tiempo en ésta entrada analizábamos las razones por las cuáles -a nuestro entender- el experimento naufragó en la intrascendencia; y que tienen que ver con las dificultades para compabitilizar la lógica de la política en sentido amplio, con la asunción de la defensa del interés corporativo como línea excluyente de acción parlamentaria.
¿Es posible que esté pasando algo parecido con los diputados de extracción sindical, salvadas las enormes distancias entre quiénes asumen la representación de una fracción de la patronal y quiénes -al menos en teoría- hacen lo propio con la de los trabajadores?
La imagen de apertura está sacada del acta de votación de la Cámara de Diputados (completa acá) esta semana, cuando se discutió el controvertido "régimen de participación pública-privada" para los contratos del Estado.
Como se ve, se trata de los 6 diputados que se abstuvieron en la votación, todos ellos de origen sindical (nosotros recuadramos a los más conocidos).
El diputado Romero (del SMATA y del bloque de "Sanguchito" Bossio) votó a favor, y su colega Furlán (de la UOM y del bloque del Frente Para La Victoria) fue el único que votó en contra; y había sido el que en la semana previa presentó la moción para que el proyecto volviera a comisiones y se siguiera estudiando.
Antes de eso, los dirigentes de la CGT dejaron trascender que ellos encabezaban una ofensiva contra el proyecto porque entendían -con razón- que pone en peligro a las empresas nacionales, y por carácter transitivo a los empleos de muchos trabajadores argentinos.
Sin embargo, el proyecto avanzó con el apoyo decisivo de los bloques de Massa y Bossio, ambos con diputados sindicalistas en sus filas. Y lo máximo que hicieron la mayoría (ioncluyendo al propio Daer, del triunvirato que conduce a la CGT) fue abstenerse.
Una postura tan tibia e inexpresiva como la que asumieron luego del veto de Macri a la ley anti-despidos, que la oposición impulsó en el Congreso a pedido de las centrales sindicales: hasta acá no se conoce que los diputados de origen gremial hayan impulsado el tratamiento formal del veto presidencial, aunque sea a título de dejar sentada su postura, porque es dudoso que se consiguiera la mayoría.
Pero al fin y al cabo posturas consecuentes con la tibieza de la CGT (que canjeó apertura imprescindible de paritarias por un bono de dudosa concreción), y con la integración de hecho del "peronismo competitivo y funcional" y el massismo del cual forman parte, a la coalición política que sustenta a Macri; y le provee "gobernabilidad".
Alineamientos consistentes con la inquina contra el kirchnerismo por viejas cuentas pendientes, como la negativa a ampliarles lugares en las listas electorales: a la vista de los resultados, nos preguntamos si no será ese un presunto "error" que habría que excluir de la lista de la "autocrítica" post triunfo del 2011.
Es decir que en éste caso y a diferencia quizás del de los "agro-diputados", es la lógica de la política (en especial los alineamientos en el "panperonismo" no k) la que termina esterilizando los posibles beneficios que significaría para el movimiento sindical contar con diputados "propios" en el Congreso; de un modo tan acentuado que el fracaso se manifiesta -sobre todo- en la incapacidad para articular estrategias eficaces en la estricta defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, sus representados.
Si bien se mira, otro capítulo en la extensa saga de las dificultades del sindicalismo para ensayar proyectos políticos autonómicos dentro del peronismo, que se remonta al vandorismo; con las limitaciones conocidas para prosperar.
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