SE VEÍA VENIR

Los otros días decíamos acá que era muy prematuro evaluar si el resultado de las últimas sesiones de Diputados marcaban un cambio de tendencia en la relación de la autodenominada “oposición responsable” con el gobierno de Macri.

Ejemplificábamos con el caso del presupuesto como el siguiente escalón que permitiría evaluar más a fondo la cuestión, partiendo de la base de que existe un consenso generalizado en el sistema político de que cualquier gobierno tiene derecho a contar con su presupuesto; lo cual no implica que todas las fuerzas con representación parlamentaria tengan que aprobárselo a libro cerrado tal cual lo envía al Congreso.

Según todo parece indicarlo y con la provisoriedad que exigen los juicios hablando de política y en la Argentina, tal parece que no estábamos muy errados: Macri contará con el presupuesto para el año que viene con el apoyo del trípode Pichetto-Massa-Bossio (sin el cual y con la fuerza propia no podría lograrlo), a cambio de concesiones menores, o algún que otro maquillaje o arreglo cosmético de los tijeretazos planteados en el texto original en algunas áreas, como por ejemplo ciencia y técnica.

Habrá que ver los resultados finales, pero hasta aquí la solución no difiere en términos político respecto de lo observado en los casos del acuerdo con los fondos buitres y el lanzamiento del canje, “embellecido” con la famosa “reparación histórica” a los jubilados: una oposición (o parte de ella) sin muchas ganas de oponerse realmente, que da por sentado que se ha instaurado en el país un nuevo orden político que llegó para quedarse; y del cual espera obtener -a cambio de su actitud “colaborativa”- beneficios puntuales.

Los supuestos beneficios a obtenerse de esa mirada política (en especial para los que tienen la responsabilidad de gestionar, como gobernadores e intendentes) están todavía por verse. Por el contrario, el camino está jalonado hasta acá de promesas incumplidas del macrismo, de las que el famoso “Plan Belgrano” es la más publicitada, pero lejos está de ser la única.

Sin embargo, también hemos dicho varia veces en éste blog que la cuestión entraña un aspecto más profundo que el de un simple pragmatismo de toma y daca, que desde esa óptica (la del estricto pragmatismo) podría aceptarse, a condición de mostrar resultados.

Lo que está sucediendo (y de allí que sí sea pertinente hablar de la implantación de un “nuevo orden político”) es que muchos sectores de la oposición en realidad tienen coincidencias de fondo con la mirada de Macri sobre el país, su “modo de gobernabilidad” y su economía; y en función de eso comparten creencias básicas del programa de “Cambiemos” sobre cuáles han de ser los supuestos fundantes de ese nuevo orden político, y los pilares del presunto despegue económico.

Para lo primero, la idea de una “pax romana” donde la política renuncia de antemano a todo intento de despliegue autonómico respecto de los poderes no institucionales (esencialmente los económicos y mediáticos) en busca de los anhelados “consensos”; que suelen ser por lo general la forma de denominar la aceptación por el sistema político, del pliego de demandas del poder económico.

Para lo segundo, la suposición (cercana a la creencia religiosa) de que los desequilibrios del sistema productivo del país se resuelven retornando al endeudamiento en los mercados voluntarios de capitales, y con el concurso decisivo de la inversión extranjera para superar los conocidos “cuellos de botella”, como la restricción externa.

En función de eso, no hay disensos fundamentales entre el gobierno y parte de la oposición respecto a cuáles son las llaves para encender los motores: sacrificar el consumo en beneficio de la inversión, apertura a la inversión extranjera, otorgamiento de todo tipo de facilidades y desregulaciones al capital (incluyendo al nacional), progresivo retiro del Estado de sus roles arbitrales, ni que decir de la gestión directa de actividades empresariales.

Aunque no se lo verbalice porque goza de mala prensa, o aunque se diga en público lo contrario, el retorno al corazón de las políticas del consenso de Washington, y la creencia absoluta en la teoría del “derrame”.

Un buen testeo para medir cuanto de cierto hay en éstas deducciones nuestras, lo proporciona el proyecto de “participación público-privada” que volvió a comisiones, pero según cuentan acá rápidamente retornaría al recinto de Diputados para ser aprobado, con el apoyo decisivo del massismo.

Repasando los “retoques” que se le harían, hay un hilo conductor con las “mejoras” con que esta misma parte de la oposición (que incluye a Bossio) disfrazó su apoyo al acuerdo con los buitres y al blanqueo: cambiemos algo, para que lo esencial siga exactamente igual.

A estar por lo que publican los medios al respecto, entre los cambios a considerar no se cuentan la creación de sociedades con propósito específico para la ejecución de los contratos, o de fideicomisos para el desarrollo de los proyectos, en un claro avance hacia la introducción de formas de “off shorización” societaria en el país; la garantía a favor de los contratistas privados de repago íntegro del financiamiento que hubieran tomado para el desarrollo del proyecto al que corresponde el contrato en caso de rescisión anticipada del mismo (lo que supone una eventual asunción de deuda financiera privada por el Estado), la garantía extensiva al repago íntegro de las inversiones no amortizadas más una razonable utilidad esperada en el desarrollo del proyecto, es decir una especie de “rentabilidad garantizada” a priori, ni la indexación de los precios de los contratos o la posibilidad de que en caso de rescisión de los contratos se pague a los contratistas privados lucro cesante, o la exclusión de la posibilidad de pesificar obligaciones contraídas en moneda extranjera y de la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944.

Tampoco se ha cuestionado -al menos que se sepa- que se establezca el derecho del contratista a mantener el equilibrio económico financiero del contrato en cualquier circunstancia, por ejemplo si el Estado devalúa la moneda o dispone cambios en su política económica; o que los fondos afectados al desarrollo de los proyectos sean manejados a través de fideicomisos operados por los bancos nacionales o extranjeros; o que los contratistas privados tienen las más amplias posibilidades para ceder a terceros los contratos y subcontratar las obligaciones a su cargo con ellos, pudiendo incluso ceder sus créditos derivados del contrato sin notificación al deudor cedido, que sería el Estado. De este modo fondos especulativos como los de Paul Singer y similares terminarían convirtiéndose en acreedores del Estado, sin que éste lo sepa.

No hay demasiados cuestionamientos a que se les reconozca a los contratistas privados el derecho de suspender la ejecución de las prestaciones a su cargo si -por ejemplo- el Estado se atrasara en los pagos; entre otras cuestiones que denotan que el “carozo” del proyecto seguiría intocado pese a las advertencias de sectores del sindicalismo, y las quejas (menores) de parte del empresariado.

Se vuelve otra vez (como con los buitres, el endeudamiento o la “reparación histórica” a los jubilados) a la ilusión del control parlamentario, bien acotado en un sistema presidencialista como el nuestro; que además recuperó su fortaleza institucional tras la crisis del 2001 y en los gobiernos de Néstor y Cristina: otro aspecto de la “pesada herencia” que Macri no vacila en usufructuar, cuando lo cree conveniente.

Massa, Pichetto y Bossio se ilusionaron con ponerle “cepos” al re-endeudamiento del gobierno a cambio de su apoyo en el acuerdo con los hold outs, pero del proyecto que así lo disponía -haciendo pasar cada nueva operación de endeudamiento necesariamente por el Congreso- ya nadie se acuerda; y la deuda crece en millones de dólares por día, sin su intervención.

Por diferentes razones -fundamentalmente las disputas al interior de “Cambiemos”- terminó naufragando (habrá que ver si en forma definitiva) el proyecto de reforma a la ley del ministerio público que giraba en sentido parecido, desplazando hacia el Congreso la llave de las decisiones como en plena crisis del 2001.

Una época de la que muchos tanto en el PJ como en la UCR (excluida del núcleo duro que toma las decisiones de un gobierno que formalmente integra) parecen ser nostálgicos como si en el medio no hubiera pasado el kirchnerismo, o como si Macri hubiera sido electo por la Asamblea Legislativa y no por el voto popular.

Lo curioso es que todos ellos (el PJ “amigable”, la UCR, el propio Macri) parten del supuesto común de que el kirchnerismo es una excepcionalidad que no debe volver a repetirse, y pretenden atrasar el reloj más de una década; retomando el eje troncal de las políticas que llevaron a la crisis. Difieren simplemente en cuan concentrado o compartido debe ser el comando de la transición.