¿Y POR QUÉ NO?

La columna del jueves del todo terreno Pagni en La Nación (completa acá) toca entre otros temas el nuevo sistema de subsidios compensatorios para los agentes del Seguro de Salud establecido por éste decreto de Cristina. 

Hace un tiempo en éste post nosotros analizábamos la disolución de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que venía desde los tiempos del menemismo, y que manejaba parte de los fondos de las obras sociales, para el pago de reintegros por tratamientos prolongados o de alta complejidad; y que hasta hace poco estuviera en manos de Moyano.

Decíamos entonces que los medios hegemónicos -para variar- planteaban el tema en términos de "otro manotazo del gobierno a una caja", cuando en realidad los recursos que manejaba la APE (el llamado Fondo Solidario de Redistribución) eran el 10 % de lo recaudado en concepto de contribución patronales y aportes de los trabajadores a las obras sociales; mientras que el otro 90 % se giraba directamente a éstas; pero que bien podía ser el puntapié inicial para poner en manos del Estado (en lugar de las obras sociales o las prepagas) la cobertura de los tratamientos de alta complejidad o la provisión de medicamentos en forma prolongada o permanente, aunque eso no surgiera del decreto de disolución de la APE.

Pagni en su columna vuelve a agitar el fantasma de la estatización, como si fuese antinatural que el Estado intervenga más activamente en algo tan delicado como la salud, en lugar de dejarlo puramente librado a intereses privados; y tal como entonces -con el anterior decreto- se habla de un proyecto para poner exclusivamente en manos del PAMI las compras de medicamentos (el decreto nada dice eso), agregando Pagni que esa medida favorecería los intereses de los laboratorios: ¿alguien puede creer que si las compras de medicamentos están en manos -como ahora- de las obras sociales sindicales y las prepagas los laboratorios se perjudican o pierden plata?

El mismo artículo se desmiente a sí mismo cuando -planteando el fantasma de la "estatización progresiva" de las obras sociales sindicales- dice que el diseño de ese eventual nuevo sistema (que reiteramos, no surge del decreto) afectaría los intereses de las prepagas, que reciben clientela derivada por las obras sociales sindicales justamente cuando se trata de los tratamientos de mayor complejidad, o que requieren de medicamentos en forma prolongada o permanente: justamente la crema del negocio, que se retroalimentaba además con los reintegros de la APE.

Pero lo que el decreto dispone es un mecanismo compensatorio para garantizar un flujo financiero más o menos homogéneo entre las obras sociales (teniendo en cuenta que tienen entre ellas diferencias de tamaño por cantidad de afiliados y masa salarial sujeta a aportes), para garantizar de ese modo una amortiguación en las diferencias de cobertura: un pequeño pero importante paso hacia el establecimiento de un "piso" garantido, aunque con el dinero manejado por los agentes del seguro de salud, entre los más relevantes, las obras sociales sindicales.

El subsidio compensatorio se integra con los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, de los que un 20 % se reparte por partes iguales entre todos los agentes del sistema de salud que tengan más de 5000 afiliados (sin importar cuantos tenga cada uno), y el 80 % restante en proporción a la cantidad de afiliados; mientras los agentes del seguro u obras sociales que tengan menos de esos 5000 afiliados y cuyas cotizaciones estén por debajo del promedio, recibirán una compensación mensual para alcanzar el promedio por afiliado del conjunto del sistema.

En el caso de las obras sociales más grandes (con más de 50.000 afiliados) se les ponen topes del subsidio a recibir: no puede ser menos del 1,5 % ni más del 8,5 % de su recaudación por aportes y contribuciones, y lo que sobre o falte -por aplicación de esos topes- se financia con las disponibilidades del Fondo Solidario de Redistribución, o se ingresa al mismo como excedente para distribuir entre todos.

Como se ve, el sistema por ahora no estatiza las compras de medicamentos, ni pone en manos del Estado la atención exclusiva de los tratamientos de alta complejidad o medicación prolongada, pero si así fuera en un futuro, en el marco de una rediscusión del sistema integral de salud y su financiamiento, ¿cuál sería el problema?.

Claro, los intereses de las prepagas y de los laboratorios y demás prestadores privados de la salud; y de no pocos sindicatos que tienen ahí negocios conexos.

A lo mejor éste decreto explica (al igual que el de la disolución de la APE) cierto endurecimiento verbal de Moyano contra el gobierno en los días previos; o en todo caso veremos como responden las distintas partes del mosaico sindical a la medida.