LA FRASE

"QUE DESDE LA VICEPRESIDENCIA SE SOSTENGA UNA AGENDA QUE NO SEA LA DEL GOBIERNO ES ALGO QUE NUNCA SE HA VISTO." (JULIO COBOS)

jueves, 26 de febrero de 2015

LA LISTA DE STIUSO


En las primera horas de hoy la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto enviado por Cristina al Congreso para modificar la Ley de Inteligencia 25.520, disolviendo la Secretaría de Inteligencia (SI) para dar lugar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Tal como consta en las actas de la sesión cuyas imágenes ilustran el post, la aprobación contó con el voto del Frente Para La Victoria y sus aliados (131 votos), contra 71 votos negativos y 54 diputados ausentes.

Recordemos que la oposición faltó al debate en el Senado, tanto en las comisiones como en el recinto (a excepción de algunos senadores del "peronismo federal"), con el argumento de que se trataba de una cortina de humo instrumentada por el gobierno para sacar del foco de atención el caso Nisman; mismo argumento con el cual buena parte de ella tampoco concurrió al debate en las comisiones de Diputados, aunque luego cambiaron de postura y entraron al recinto a la hora de la discusión, rajándose algunos antes de la votación: todos los climas, como quien dice. 

El paso del proyecto por el Congreso desmintió además el lugar común sobre que el kirchnerismo impone aprobar a libro cerrado los proyectos del Ejecutivo, toda vez que a la iniciativa original se le introdujeron profundos cambios, como consecuencia del aporte de expertos como Marcelo Saín, o instituciones como el CELS.

La iniciativa fue la respuesta institucional del gobierno a la escalada de un sector del Poder Judicial contra el gobierno, con la complicidad de buena parte de los servicios de inteligencia desplazados en la purga de diciembre pasado.


Entre los aspectos más conocidos del proyecto, se crea la AFI cuyo director y subdirector serán designados con acuerdo del Senado (antes existía un mecanismo de consulta no vinculante con la Comisión Bicameral de control de los servicios de inteligencia), se transfieren las escuchas telefónicas en causas judiciales a la Procuración General de la Nación de acuerdo con las reformas al Código Procesal Penal de la Nación (aunque la aclaración parezca obvia, vale: para escuchar teléfonos se debe seguir pidiendo autorización judicial) y se impide que los agentes de inteligencia mantengan vínculos con los poderes públicos nacional, provinciales o municipales; los que se canalizarán exclusivamente por la conducción del organismo.

Entre los no tan conocidos, se invierte el concepto del secreto en cuanto al uso de los fondos de los organismos de inteligencia (serán públicos, salvo los estrictamente vinculados a las operaciones de inteligencia y en la medida que sean estrictamente necesarios a esos fines), y la reserva en cuanto a los agentes que revisten en la AFI; cuyas funciones se precisan con más claridad como organismo rector del Sistema Nacional de Inteligencia.

Las modificaciones a la Ley 25.520 -en cuanto fijan un nuevo marco legal a la actividad de los servicios de inteligencia- serán aplicables a las áreas de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad federales; cuyo personal (al igual que el de la AFI) deberá presentar la declaración jurada de sus bienes de acuerdo con la Ley de Etica Pública 25.188.

Se clasifica la documentación disponible en los archivos de inteligencia (de acuerdo con sus grados de accesibilidad) en secreta confidencial y pública; al tiempo que se establece la posibilidad de acceder a la misma por pedido de cualquier persona u organización que acredite un interés legítimo, o su desclasificación por el Poder Ejecutivo cuando lo estime conveniente, al tiempo que se dispone la obligación de respetar en todo momento la Ley 25.326 de protección de datos personales en la compilación y conservación de la información.

Se modifica la vinculación de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial, en tanto pueden actuar en causas judiciales pero sin elaborar en ningún por sí mismo hipótesis de investigación criminal (tal lo ocurrido con Nisman en la causa AMIA), y con las mismas obligaciones que cualquier otro auxiliar de la justicia; como los peritos o los organismos de seguridad. 


Los argumentos opositores para votar en contra del proyecto fueron de los más variados, pero siempre en torno a las mismas cantinelas habituales: que por qué ahora y no antes (o sea que si te demorás en hacer algo a criterio de alguien, cuando lo hacés ese alguien esté en contra porque no lo hiciste antes), que en realidad el proyecto tiene motivaciones ocultas, que concentra todo el poder del aparato de inteligencia en Milani; y el ya apuntado de la "cortina de humo".

A propósito de Milani (y el "Proyecto X", como no) es bueno señalar que el proyecto tipifica como delito realizar actividades de inteligencia en contraposición con lo que establece la Ley de Defensa 23.554, y la de Seguridad Interior 24.059, y aumenta las penas por realizar intercepciones telefónicas no autorizadas o hackeo de correspondencia o bases de datos electrónicos; mientra dispone taxativamente que no se pueden conformar las bases de datos de los organismos de inteligencia tomando como base la raza, religión, acciones privadas u opinión política de las personas, o su pertenencia a organizaciones políticas, sociales o de derechos humanos.

Los cambios introducidos constituyen sin dudas un notorio avance para la consolidación de nuestra democracia, avance del cual la oposición decidió autoexcluirse, con argumentos que no resisten un debate serio; como consecuencia de una lógica de acción política en la básicamente renunciaron a hacer política.

Las ausencias también en este caso corresponden a varios de los opositores más notorios, la mayoría de los cuales son habitués a rajarse, como Binner, Barletta, Massa (que estuvo en la sesión exactamente entre las 20.24 y las 21.09) y buena parte del Frente Renovador; o que dicen su discurso prendiendo el ventilador (como Carrió, que reiteró en el recinto buena parte de sus delirios dichos acá) y luego se rajan porque no se bancan perder una votación.

Como dato de color, uno debutó fugándose: Luciano Laspina (economista que vive en Buenos Aires, pero es diputado del PRO por Santa Fe) juró en la sesión de ayer en reemplazo de Miguel Del Sel, pero estuvo ausente del debate y la votación.



1 comentario:

Anónimo dijo...

A ver si le avisan a los Jueces Federales de éstos cambios, porque a mí me siguen llamando todos los días para reclamarme los sobres.
JAIME