OTRO APORTE DEL GOBIERNO A LA PAZ SOCIAL

La semana pasada explicábamos en éste post el anuncio de Macri del lanzamiento de una presunta “cobertura universal de salud” armada por DNU, y con parte de los fondos de las obras sociales sindicales.

Pasó medio desapercibido, pero el martes de ésta semana fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 921 (completo acá), íntimamente vinculado al anterior. Veamos lo que dice el decreto:

1) Actualiza en un 238 % promedio los valores de la “Matriz de Ajuste de Riesgo por Individuo”, que se usan para distribuir entre las distintas obras sociales los recursos del Fondo Solidario de Redistribución de la Ley 23.661 (explicado en su momento acá).

Esa plata (ahora aumentada) se les paga a las obras sociales por cada afiliado que tengan comprendido en los distintos grupos (según sea su edad o sexo), de modo que el decreto de Macri significa que las obras sindicales cobren bastante más por esos afiliados, por las prestaciones cubiertas con el Fondo (tratamientos de alta complejidad, discapacidad).

2) Establece el ajuste automático semestral por la ley de movilidad jubilatoria de los valores del SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales); que completa la diferencia que pueda haber entre los aportes a la obra social del titular y sus asociados, y los valores fijados. Otra fuente de recursos adicionales para las obras sociales.

3) Para la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigración de Asimetrías) entre las diferentes obras sociales se elimina el tope del 8,5 % como máximo del total a redistribuir a cada una de ellas, y se eleva de 50.000 a 100.000 el número de afiliados a partir del cual ese tope se libera; lo cual beneficia a las más grandes.

El SUMA tiende a garantizar un flujo financiero más o menos homogéneo entre las diferentes obras sociales, para que puedan garantizar un nivel mínimo equivalente de cobertura prestacional, y según veíamos acá, "...un 20 % se reparte por partes iguales entre todos los agentes del sistema de salud que tengan más de 5000 afiliados (sin importar cuantos tenga cada uno), y el 80 % restante en proporción a la cantidad de afiliados; mientras los agentes del seguro u obras sociales que tengan menos de esos 5000 afiliados y cuyas cotizaciones estén por debajo del promedio, recibirán una compensación mensual para alcanzar el promedio por afiliado del conjunto del sistema.

En el caso de las obras sociales más grandes (con más de 50.000 afiliados) se les ponen topes del subsidio a recibir: no puede ser menos del 1,5 % ni más del 8,5 % de su recaudación por aportes y contribuciones, y lo que sobre o falte -por aplicación de esos topes- se financia con las disponibilidades del Fondo Solidario de Redistribución, o se ingresa al mismo como excedente para distribuir entre todos."

Eliminando ese tope del 8,5 % y haciendo que los topes que cada obra social puede recibir del SUMA jueguen solo a partir de los 100.000 afiliados (como era antes) se favorece a las más grandes. 

Habría que ver con un poroteo de afiliados cuáles son, y que tiene que ver eso con los alineamientos de cara al congreso de la CGT del 22, y las diferentes posturas que hay hacia el interior del sindicalismo sobre el plan de acción a seguir frente a las políticas económicas del gobierno. Algo nos dice que ambos aspectos están íntimamente vinculados.