Aunque por razones obvias (dados los motivos que la inspiraron) fue ignorada por los grandes medios, la Asociación Argentina de Actores organizó el miércoles pasado una jornada de protesta frente al Congreso nacional, reclamando el cumplimiento de la ley que establece los derechos laborales para el sector (Ley 27.203, sancionada en 2015 durante el gobierno de Cristina) y de los cupos de producción nacional en los medios audiovisuales, una fuente de trabajo para muchos de los afiliados al sindicato.
En efecto, el artículo 65 inciso 2. apartado a) de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) sancionada en el 2009 estableció la obligación de los licenciatarios de servicios de televisión abierta de ofrecer una programación con un mínimo del 60 % de los contenidos de producción nacional.
Años después pero siempre en el gobierno de Cristina, en septiembre del 2015 el Congreso sancionó como dijimos la Ley 27.203, a instancias de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y elaborado por la Asociación Argentina de Actores: en ésta entrada analizábamos en detalle el contenido de la norma, que les reconoce a los actores su condición de trabajadores, y todos los derechos derivados de tales: vacaciones pagas, aguinaldo, protección frente a los accidentes de trabajo y acceso a los beneficios de la seguridad social.
Pero a partir de la llegada de Macri al gobierno, las cosas empezaron a cambiar: tal como lo cuenta Palomino (miembro del sindicato) en el video de apertura, la suba de las tarifas de los servicios públicos impactó muy fuertemente en la estructura de costos de la actividad; que en muchos casos ejercen los propios actores organizados en cooperativas, o en producciones independientes.
Sin embargo, sus mayores problemas vienen dados cuando son empleados como trabajadores, por los empresario del sector: en un primer acto, pese a que Macri desguazó la ley de medios a pedido de Clarín con el DNU 267/15, no tocó el texto del artículo 65 citado, que sigue vigente; pero el ENACOM no hace absolutamente nada para que los licenciatarios lo cumplan, y es así por ejemplo como los canales están llenos de ficciones extranjeras, que desplazan a los actores locales.
En un segundo acto, y aunque es una materia ajena a su competencia, apareció el comisario ideológico del régimen Hernán Lombardi diciendo que la ley del actor sancionada durante el gobierno de Cristina era una mala ley, que perjudicaba a la autoridad y que debía ser derogada.
Como no se atrevieron a tanto (porque la ley fue sancionada por un amplio consenso, incluso con los votos de los que hoy son oficialistas), llegó el tercer acto: Macri reglamentó la ley a través del Decreto 616/16, violándola para favorecer los intereses de los empresarios del sector (¿qué otra cosa podía esperarse?); por ejemplo diluyendo el rol de los actores como trabajadores en relación de dependencia.
Y finalmente en un cuarto acto la ANSES (encargada de fiscalizar que los empresarios les hagan los aportes a la seguridad social) hace la vista gorda mientras los negrean, o como explica Palomino, solo se los hagan sobre una parte de sus remuneraciones, y no sobre el total; lo cual además de perjudicarlos en su jubilación futura, desfinancia la obra social de la entidad gremial.
¿Cómo se llama la obra entonces?: "Cambiemos".
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