MANUAL PROGRESISTA PARA EL CONFLICTO SOCIAL

En noviembre del año pasado Lifschitz -como la mayoría de los gobernadores- firmó el pacto fiscal con el gobierno de Macri, que implicaba trasladar a las provincias el ajuste que ya por entonces ejecutaba la nación.

El pacto fue el punto de partida de la reforma previsional que podó el salario de los jubilados y pensionados, aunque Lifschitz luego lo negara: decíamos acá que bastaba leerlo cláusula por cláusula para concluir en que era así, porque a eso se habían comprometido.

Y dijimos también que el pacto conllevaba el compromiso del gobierno nacional de financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia sin exigir a cambio la "armonización" del sistema previsional santafesino con el nacional, compromiso que hasta ahora no se ha cumplido, por la cual con coherencia los gremios estatales (con el apoyo de todo el Movimiento Obrero Santafesino) se movilizaron en defensa de los derechos de los jubilados actuales y futuros.

Precisamente con el argumento de la financiación del déficit de la Caja Lifschitz urgió a la Legislatura a aprobar en extraordinarias el pacto, sumándole que de otro modo la provincia no podría cobrar la deuda que mantiene con ella la nación tras el fallo de la Corte nacional de noviembre del 2015 por el descuento de fondos coparticipables destinados a la ANSES y la AFIP: a pocos días de la fecha establecida en el pacto para que Macri haga una propuesta concreta de pago, la única que hizo no involucra dinero en efectivo, y ha sido rechazada por la provincia.

Lo cierto es que el pacto se aprobó en tiempo récord, en una sesión escandalosa en Diputados y pese a las promesas de Bonfatti a los gremios estatales de que no se aprobaría. 

Luego llegaron las paritarias, y el intento del gobierno nacional de ponerles un cepo del 15 % como máximo de aumento, sin cláusula gatillo; que es exactamente la cifra tope de aumento del gasto público corriente (que involucra a los sueldos de sus empleados) a la que se comprometieron los gobernadores que firmaron el pacto: ver al respecto acá.

Y la misma cifra que Santa Fe arrancó ofreciéndoles en las paritarias provinciales a los sindicatos: 15 % en tres cuotas. Así como Lifschitz había negado que el pacto fiscal significara la reforma previsional que cambió la fórmula de ajuste en la nación, sus funcionarios empezaron negando que ese mismo pacto condicionara la oferta salarial en las paritarias; para luego terminar admitiéndolo y ponerlo como excusa para no mejorarla.

En el medio y al mejor estilo María Eugenia Vidal, el "progresismo" santafesino trató de quebrar la voluntad de los gremios y los trabajadores apelando a la amenaza (aun vigente) de descontar los días de huelga, publicó solicitadas en los diarios con sueldos de los docentes para promover el resquemor entre trabajadores y quitarle apoyo social a los paros, y -dicen- envió a algunos periodistas "amigos" los sueldos de los empleados de la Administración.

Todo eso mientras repite que la oferta salarial -luego estirada a un 18 % que no es tal, en dos cuotas- es "la última, definitiva e inmodificable". 

La respuesta de los trabajadores fue contundente: todos los sindicatos (incluyendo a los municipales) rechazaron la propuesta, y la mayoría de ellos anunciaron medidas de fuerza, en algunos casos condicionadas a que el gobierno no haga un mejor ofrecimiento salarial. 

Todos, salvo UPCN, que en una votación peleada y controversial (por ser buenos) la aceptó, como se había comprometido antes de la asamblea su secretario general con el gobierno; y salvo UDA en el caso de la docencia, el mismo gremio al que Macri metió a dedo en la paritaria nacional docente por decreto, pasando por encima de la representatividad de la CTERA. Como ven, no son tan distintos el "progresismo" vernáculo y la derecha nacional gobernante; sobre todo cuando se trata de cumplir con lo que han pactado entre ellos.

Habrá que ver ahora como sale el gobierno provincial del embrollo en el que se metió solo (al firmar el pacto fiscal, de cuyos "beneficios" todavía no disfruta): si redoblando la apuesta y fijando unilateralmente por decreto el aumento salarial y descontando días de huelga, o por el contrario retomando el diálogo con los sindicatos y mejorando su oferta; aunque eso le implique incumplir lo que firmó en el pacto fiscal.

Después de todo, en caso de optar por esta última alternativa, perfectamente podría alegar que la nación no ha cumplido con ninguno de los compromisos a su cargo: no hay propuesta aceptable del pago de la deuda con Santa Fe, y Macri no ha derogado -como se comprometió- su decreto de 2016 "armonizador" de los sistemas previsionales.

A menos que el gobernador suponga que podrá alcanzar su deseo de reformar la Constitución provincial para ser reelecto de la mano de reuniones a escondidas con los senadores del PJ de la Banelco (que votaron a mano alzada el pacto fiscal), y respaldado por los dirigentes sindicales más desprestigiados de la provincia, por entregar sistemáticamente a sus representados.

Oia, ahora que lo pensamos, no difiere tanto de la fórmula que está empleando Macri para ganar "gobernabilidad", con la ayuda del "peronismo federal" de Pichetto y los gobernadores, y la CGT del triunvirato.    

Y los dichos del gobernador indican que se identifica más con el modo Macri o Vidal para resolver los conflictos sociales.