NOS TAPÓ EL AGUA

Las inundaciones que abarcan buen parte de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires nos devuelven la postal repetida de la misma situación, tantas veces vista: las quejas de los damnificados por la falta de asistencia estatal oportuna y del “campo” por las pérdidas que provoca el desastre, la polémica por la determinación de las causas del fenómeno y el revoleo de culpas y responsabilidades entre los responsables políticos de resolver el problema.

Problema sobre el cual hay más o menos consenso en cuanto a que es el resultado de factores concurrentes, a saber: las consecuencias del cambio climático producto a su vez en buena medida del accionar del hombre (por el desmonte para el avance de la frontera agropecuaria, prácticas inadecuadas de manejo de los suelos y la profundización del monocultivo de soja), y la desidia o ineficacia del Estado en ejecutar las obras de infraestructura para prevenirlo o mitigar sus consecuencias.

También hay que apuntar que hay consenso en la mayoría del sistema político ( y no sólo en la Argentina, sino en buena parte de los países de la región) de sostener el modelo de agro-negocios vigente, o por lo menos no profundizar las políticas para modificarlo o alentar formas alternativas de producción.

Claro está que eso ocurre por diferentes razones según el sector político de que se trate; y que van desde la base electoral de sustentación de cada uno, su modelo de país y el hecho objetivo de que el sector agropecuario es (al menos en economías como la nuestra) el principal proveedor de divisas genuinas, en una estructura económica cíclicamente impactada por el fenómeno de la restricción externa.

Dicho esto también corresponde señalar que hay matices en ese consenso, que van desde tratar de captar de algún modo las rentas extraordinarias que ese modelo genera y redistribuirlas, a la incoherencia de Macri que en la conferencia de prensa del martes se quejaba del cambio climático, luego de haber rebajado ya en 10 puntos las retenciones a las exportaciones de soja desde el inicio de su gobierno; generando así un horizonte de rentabilidad aun mayor para el producto que difícilmente pueda conseguirse con otras producciones alternativas; y que no hará sino profundizar la tendencia hacia el monocultivo.

El “campo” y sus entidades, en tanto, reclaman obras de infraestructura y subsidios estatales (como por ejemplo la bonificación de las primas de contratación de un seguro de riesgo agrícola) dejando de lado entonces su tradicional credo liberal que abjura del gasto público, y desentendiéndose además de su responsabilidad concreta en la generación del problema por sus propias prácticas productivas, que lo potencian y agravan sus consecuencias.

Cuando se apunta desde el sector que los mecanismos de las “emergencias agropecuarias” no sirven o resultan insuficientes para reparar los daños, no se dice que esos mecanismos (que consisten sustancialmente en el diferimiento o condonación del pago de impuestos) en efecto “no mueven el amperímetro” precisamente por la irrelevancia de la contribución fiscal del sector agropecuario, al conjunto de los ingresos del Estado en sus distintos niveles.

Pese a llorar todo el tiempo por “la elevada presión tributaria” el sector (al menos en Santa Fe) está exento de pagar Ingresos Brutos (principal impuesto provincial, que representa casi el 80 % de los recursos tributarios propios) desde 1992, y lo que paga en concepto de Inmobiliario Rural (gravamen directo sobre el patrimonio) es irrisorio porque no se corrigen los avalúos fiscales desde 1993. Suponemos que la situación no difiere mucho en las demás provincias hoy afectadas por las inundaciones, y está por verse (porque no hay información al respecto) como anduvo aquélla promesa de que eliminándole o rebajándole retenciones al sector, aumentaría su contribución por Ganancias: una especie de “teoría del derrame” fiscal.

Más allá de las cuestiones anecdóticas como el viaje de Vidal a México (que en todo caso deben señalarse porque exponen la incoherencia brutal del discurso político del oficialismo), es más provechoso concentrarse en evaluar la eficacia de las políticas públicas desplegadas desde el Estado en sus distintos niveles, para prevenir fenómenos como los de las inundaciones, o mitigar sus consecuencias.

Por lo pronto se advierte que el cambio de gobierno trajo aparejado también uno de actitud: la postura de Macri en la conferencia de prensa de esta semana (en la que no hubo ningún anuncio concreto para los damnificados por las inundaciones) contrasta con las decisiones concretas que tomaba Cristina en cada circunstancia similar; como por ejemplo duplicar en las zonas declaradas en emergencia el valor de las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la AUH. El presidente tuvo tiempo de jugar a ser empleado en el call center de la ANSES, pero al parecer no para replicar medidas similares.

Ya se ha analizado hasta el cansancio la exasperante inutilidad del rabino Bergman (ya no como funcionario sino en su menester específico: al parecer no sirve ni para rezar, o sus ruegos no son atendidos), pero poco se ha dicho que el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley también brilla por su ausencia; y no hay información oficial disponible sobre la inversión que hizo Buryaile (el ministro de Agroindustria) de los recursos del fondo específico de asistencia creado para el sector agropecuario por la Ley 26.509 (2009)

De acuerdo con los datos oficiales, el ministro Frigerio dispuso en 2016 de 2537,4 millones de pesos para obras de infraestructura hídrica para prevención de inundaciones, de los que gastó apenas 1357,2, o sea el 53,49 %; y Patricia Bullrich (cuya ministerio es responsable del sistema de protección civil y prevención de emergencias) dejó sin gastar más de 202 millones de pesos de los fondos que disponía con ese fin, el 21,39 % del presupuesto específico.  

El año pasado el gobierno envió al Congreso con gran publicidad un proyecto de ley (luego aprobado como Ley 27287) creando  el “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil” del cual no se tuvieron más noticias; ni siquiera de la convocatoria de los Consejos Nacional y Federal que crea para este tipo de situaciones. Como la ley no establece ninguna fuente de financiamiento concreta del Sistema, tampoco da para ser muy optimistas respecto a su desenvolvimiento futuro.

En Santa Fe la situación no es muy distinta: tal como en Buenos Aires Vidal llegó a la gobernación haciendo campaña con las inundaciones del 2015 para pegarle a Scioli, aquí el Frente Progresista Cívico y Social accedió al poder tras 24 años de gobiernos del PJ enancado en parte en las críticas a las respuestas del Estado antes las inundaciones del 2003 y 2007, pero una vez en la gestión, el accionar no fue muy distinto al que criticaban como opositores, y nos remitimos para ello a una serie de datos puntuales:

* Contaron con los recursos del Programa de Protección de Inundaciones (PPI) consistentes en 55 millones de dólares provenientes de un préstamo autorizado por la Ley 11.515 (1997), pero desde el 2008 para acá invirtieron en obras de infraestructura para ese fin apenas el 51,98 % de los fondos disponibles, mientras pagaban religiosamente los intereses del préstamo todos los años; un dato que vale la pena recordar ahora, cuando la provincia -como tantas otras- se lanzó alegremente a tomar endeudamiento externo con la excusa de ejecutar obras de infraestructura.

En números redondos, de casi 397 millones de pesos asignados para obras contra inundaciones gastaron 206, mientras pagaban otros 131 millones en intereses y amortización del capital del préstamo.

* Entre 2008 y 2011 ambos años incluidos (es decir todo el mandato de Hermes Binner) el gobierno provincial no ejecutó un centavo de obras de infraestructura con los recursos del PPI, y recién en 2012 (primero año del mandato de Bonfatti) gastó el 7,54 % de las partidas disponibles. Solo a partir del 2013 (a seis años de comenzada la gestión del FPCyS) comenzaron a ejecutarse obras por éste programa.

* Los fondos asignados por el Estado provincial al estímulo fiscal de los productores que realizan planes responsables de conservación y manejo de suelos (garantizando por ejemplo el drenaje adecuado de los campos, incluso para preservar su capacidad productiva) que prevé la Ley 10.552 (1990) son irrisorios: de acuerdo al presupuesto para éste año serán 6 millones de pesos, en un presupuesto de casi 155.000 millones en total.

Como el estímulo fiscal consiste básicamente en la exención o devolución de lo pagado por Impuesto Inmobiliario Rural para aquellos productores cuyos planes de manejo de suelos sean aprobados, lo irrisorio de las cifras hace que a nadie le interese plantearlos; y cabe al respecto lo mismo ya dicho para la emergencia agropecuaria.

* Pero si los estímulos fiscales y las obras no funcionan o no se hacen, también brilla por su ausencia la autoridad regulatoria del Estado sobre el tratamiento de los excedentes de agua: Santa Fe tiene desde 1985 una ley de Comités de Cuenca (Ley 9830) y otra para resolver las situaciones conflictivas derivadas de obras para la evacuación de excedentes hídricos (Ley 12.081 de 2002).

Por ellas se exige la autorización del Estado para la realización de obras hídricas privadas, y la provincia, los municipios y los productores deben consensuar el manejo de las cuencias, y los planes de las obras necesarias para evitar los anegamientos. En el marco de un retiro sostenido del Estado de sus funciones básicas (aun en manos de quienes se dicen “progresistas”), ambas son letra muerta, no se conocen sanciones por su violación y en la materia impera la ley de la selva: cada productor se saca el agua del campo como se le antoja, aunque sea haciendo un canal para tirársela al vecino o sobre los caminos; agravando el problema.  

Tan poco han cambiado las cosas, que Lifschitz acaba de hacer lo mismo que Reutemann en las inundaciones del 2003: echar al responsable de las obras hídricas.