LA FRASE

"EL GOBIERNO DE LA CIUDAD TIENE QUE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE AL PROBLEMA DE LOS CORTES DE CALLE; Y A VECES NO HAY NADA MÁS INTELIGENTE QUE UN BUEN GARROTAZO POLICIAL." (GERMÁN GARAVANO)

lunes, 2 de enero de 2017

SIN DEFENSA POSIBLE


Hace poco reseñábamos en esta entrada el vergonzoso proceso seguido en la Legislatura provincial para suspender (sanción no prevista en la ley) en sus funciones al Defensor General Gabriel Ganón, hasta el final de su mandato.

La medida ha sido recurrida por Ganón y por ende no se encuentra firme, pero además ya está generando cuestionamientos al Estado santafesino de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su carácter arbitrario y desconocedor de los derechos y garantías consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina, y que n la mayoría de los casos están incorporados a la Constitución Nacional.

Lo que comprueba que no es Gerardo Morales el único gobernador que los viola, avergonzando al país en el exterior: Miguel Lifschitz tiene lo suyo, y no solo porque los legisladores provinciales del oficialista Frente Progresista Cívico y Social llevaron la delantera (junto a los senadores del PJ) y aportaron votos decisivos para suspender a Ganón.

Aunque el cargo de Defensor General no está técnicamente vacante aun (Ganón está "suspendido", y la medida no está firme), el Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no tiene rango constitucional ni legal, fue creado por decreto y depende del gobernador) ya llamó a concurso para cubrirlo.

Y tal como lo muestra la imagen de apertura, la postulante que quedó mejor posicionada para ocuparlo es nada más ni nada menos que la actual pareja del hasta hace poco eterno presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez.

La misma Corte que debería definir en primera instancia los planteos de Ganón contra la sanción; así que ya nos podemos dar una idea de como resolverá. ¿Supone acaso alguno que Gutiérrez se excusará, llegado el caso?

Como se ve entonces, cada una de las partes cumple con su parte del pacto para sacarse de encima a un funcionario que molestaba, porque denunciaba -por ejemplo- los casos de tortura a cargo de la policía santafesina, y su responsabilidad en delitos gravísimos, como la desaparición de Franco Casco.

Los legisladores "acusan" y "suspenden", la Corte convalida, el Ejecutivo apura el concurso para cubrir la vacante aun no producida, y la mujer del presidente de la Corte lo ocupa, como contraprestación por el rechazo de los planteos del suspendido.

Y los santafesinos -no solo Ganón- nos quedamos sin defensa posible.