LA FRASE

"LA REUNIÓN CON SAÚL UBALDINI Y LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CGT FUE SUMAMENTE POSITIVA." (HERMES BINNER)

martes, 3 de enero de 2017

CUANDO EL MERCADO LE MARCA LOS TIEMPOS AL ESTADO


Tal como dan cuenta la mayoría de los medios, finalmente Macri alumbró ayer el anunciado decreto de la "convergencia" en materia de servicios de telefonía móvil, provisión de Internet por banda ancha y comunicación audiovisual. El decreto lleva el número 1340, y siguiendo este enlace al Boletín Oficial de ayer pueden leerlo completo. En su página el especialista Martín Becerra hace un análisis pormenorizado (completo acá), del que nosotros extractamos las partes que nos parecieron relevantes: 

"Con el Decreto 1340/16 los gigantes del sector de las comunicaciones, comenzando por Telefónica y el Grupo Clarín, mejoran sensiblemente sus condiciones para acceder y explotar recursos públicos (como el espectro radioeléctrico) y así maximizar beneficios. Sus accionistas y gerentes tuvieron un fin de año auspicioso aunque son conscientes de que el problema de fondo, que el decreto no resuelve sino que posterga con la estrategia de fugar hacia adelante, es que en el mercado argentino la expansión de Telefónica tiene como límite preciso el Grupo Clarín (en audiovisual de pago y banda ancha) y viceversa (en telecomunicaciones fijas y móviles). En verdad, esta fuga hacia adelante está inspirada en el pasado, cuando Telefónica y el Grupo Clarín regían sus segmentos con tensiones de baja intensidad.

Aquel pasado que Macri busca restaurar permitió cierto statu quo hasta 2008, cuando la ruptura entre el kirchnerismo y Clarín detonó el ordenamiento normativo del sector. La restauración al momento regulatorio de 2008 es una operación delicada que el macrismo ensaya con el Decreto 1340/16 (como antes intentó y falló con el DNU 267/15) a pesar de que hoy resulta doblemente imposible la convivencia armónica entre Telefónica y el Grupo Clarín: en primer lugar, porque las tecnologías evolucionaron y cada vez hay menos obstáculos técnicos para que ambos pretendan actuar en el segmento donde el otro es dominante; en segundo lugar, porque emergen nuevos actores de escala global (como Netflix o Whatsapp) que son heréticos con respecto a las regulaciones y a las escarapelas de naciones semiperiféricas. 

Con el eslogan de “convergencia plena” a concretarse dentro de un año (el 1/1/2018) que se traduce en el franqueo para que tres o cuatro operadores puedan “hacer todo”, es decir que los grupos del sector audiovisual pueden prestar servicios de telecomunicaciones e Internet y viceversa, el decreto retoma la filosofía general que -quién diría- inspiró la sanción de la Ley de Telecomunicaciones y TIC en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. No es accidente que el Decreto 1340/16 se declare reglamentario de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, ambas iniciativas kirchneristas, que sin embargo son sinónimo de infamia para el actual oficialismo (de hecho, en sus considerandos, este decreto no se priva de justificar el DNU 267/15 “pues no contemplaba elementos fundamentales de la realidad actual (sic.) de la industria de los medios y las telecomunicaciones”). 

De este modo, Telefónica, Telecom y Claro podrán ofrecer tv cable en los grandes centros urbanos a partir de 2018, además de conseguir la postergación de las obligaciones contraídas en la licitación de espectro para 4G realizada a fines de 2014 y el Grupo Clarín blanqueará la controvertida compra de licencias de espectro en 2,5 Ghz. para usarlo en telefonía móvil con su empresa Nextel, vía reatribución de su empleo (“con compensación económica y uso compartido” dice el decreto), y brindará servicios 4G en menos de dos años en las ciudades más rentables. Con lógica de piñata en donde todos los participantes ligan algún caramelo, las telefónicas serían compensadas con bandas de espectro en 2,5 Ghz. Ambos participarán de una prometida licitación para la banda de 3.5 GHz que les permitirá explotar servicios 5G en el futuro. 

Como observó Agustín Allende, el decreto obsequia a los operadores que construyan redes de nueva generación el privilegio de protección de la “última milla” (la conexión al hogar, es decir, el bloqueo de la competencia en el eslabón de la comercialización final) por un plazo inédito en el mundo (15 años). Se advierte, pues, una venia para que los grandes se expandan en condiciones más cómodas… para ellos. Este tipo de medidas bloquea en los hechos la posibilidad de competencia en un lapso muy dilatado. En el discurso, competencia y apertura; en los hechos, proteccionismo de los actores industriales dominantes. 

En tanto, más sigilosamente, DirecTV (AT&T) como operador audiovisual satelital sincerará la prestación de conexión a Internet, lo que contradice explícitamente el DNU 267/15, con lo que algunas PyMes cableras se frotan las manos pensando en su próxima judicialización. 

Hay cierto consenso en la Argentina al calificar al elenco gobernante como filosóficamente liberal. Si se examina el Decreto 1340/16, empero, se advierte que su concepción es antitética a la visión liberal de la competencia. En efecto, la decisión gubernamental valida un modelo de mercado convergente (que en la perspectiva oficial opera como sinónimo de mercado único) en el que pocos operadores que dominan los mercados convocados a converger (telecomunicaciones fijas y móviles, audiovisual de pago y banda ancha a Internet) obtienen mayores privilegios todavía. En la Argentina el libreto liberal fue tan distorsionado (desde hace décadas) que sus voceros refrendan que los actores industriales reclamen competencia donde no están pero la impidan allí donde actúan. La política pública es un paraguas protector. 

Cualquier interesado en ingresar al mercado de la convergencia que no opere desde posición de dominio en los segmentos mencionados, vería en el Decreto 1340/16 un candado que tapona la entrada de nuevos competidores. Para Enrique Carrier, “los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios”. 

Lo que el decreto y sus voceros difunden como “competencia” es el entendimiento tácito por el que Telefónica y el Grupo Clarín ceden márgenes menores del mercado donde ejercen dominio a cambio de comenzar a operar, a escala menor y recíprocamente, allí donde es dominante el otro. Quid pro quo. Por supuesto, ninguno de estos dos conglomerados concretó su anhelo completo con el decreto, pues ello amenazaría severamente al adversario comercial. Telefónica y Claro no lograron autorización para dar tv satelital ni el Grupo Clarín consiguió el trato pleno de entrante –con las reglas asimétricas que corresponderían- en el negocio de la telefonía móvil. Pero, principio de realidad por medio, con el Decreto 1340/16 están bastante mejor que antes. 

Lo distintivo de la política de Macri en comunicaciones no es el reiterado fracaso de la regulación estatal como organizadora del mercado y su baja productividad. Los principales actores cultivan décadas de experiencia en sustraerse de la ley cuando la consideran inconveniente a sus intereses. Lo distintivo es la persistencia en cohesionar esos intereses en pugna a partir de la cesión de las variables centrales de la política a sus protagonistas industriales. De este modo, la noticia es un nuevo decreto en comunicaciones en el que las contraprestaciones de interés público derivadas de la mejora obtenida por los principales conglomerados siguen engrosando la columna del “Debe”. 

Además, y como el diablo está en los detalles, la probabilidad de que la convergencia sea realidad está supeditada a la pendiente distinción entre los eslabones de la cadena productiva y el señalamiento de sus diferentes obligaciones (licenciatarios con uso de espectro en bandas distintas que demandan explicitar compromisos también disímiles; prestadores de servicio público de telecomunicaciones con explotación de facilidades esenciales; servicios con inversión en redes propias algunas de las cuales pueden ser consideradas facilidades esenciales; servicios y aplicaciones over the top). 

No todos pueden operar con las mismas reglas dado que el acceso a los recursos para funcionar es totalmente asimétrico, algo que el decreto pretende contemplar preservando durante un plazo extra -que en una demostración de inseguridad jurídica, el Decreto 1340/16 no especifica- a PyMes y cooperativas del asedio de las dominantes en localidades de menos de 80 mil habitantes (donde, por cierto, los principales grupos tampoco han mostrado gran interés). Estos detalles serán tramitados por el ente gubernamental creado por el DNU 267/15, el ENaCom, donde el macrismo cuenta con mayoría absoluta. 

La Argentina se distingue de otros países por poseer un dinámico núcleo de operadores pequeños, medianos y cooperativos que operan en los segmentos audiovisual, de telecomunicaciones e Internet al cubrir necesidades de comunicación en grandes extensiones del país donde los gigantes infocomunicacionales casi no intervienen. Este núcleo es dinámico porque es más intensivo en el empleo de trabajadores, porque genera externalidades positivas en términos económicos y sociales, porque crea contenidos locales y porque atiende allí donde hay comunidad. Este sector no incidió en el nuevo decreto y su atención aparece descuidada por las políticas estatales. 

Mientras recita el mantra de la competencia, la plana mayor del gobierno niega que los distintos segmentos infocomunicacionales estén concentrados, toda vez que admitirlo sería incompatible con haber eliminado prácticamente todos los topes a la concentración, como estrategia competitiva, dispuestos por las leyes 26522/09 y 27028/14. Sin embargo, la “convergencia plena” a la que conduciría el Decreto 1340/16 tiene como protagonistas a tres o cuatro gigantes y, en un segundo nivel de importancia, a un estamento disperso de empresas pequeñas y medianas, cooperativas y entes públicos."

Por nuestra parte simplemente diremos que durante el kirchnerismo ambas leyes (la de medios y la de Argentina Digital) fueron ampliamente debatidas en el Congreso y con participación social, en foros en todo el país.

Por contraste, en la "revolución de la alegría" a un DNU gestado en las oficinas del multimedios de Magnetto (luego convalidado en el Congreso por la "oposición responsable") le sucede éste otro decreto; de cuyo contenido se vino hablando en las últimas semanas pero no en términos de debate público, sino de la mayor o menos capacidad del gobierno de resistir a las presiones de los grupos económicos en pugna; o como satisfacía sus demandas. Los usuarios, los consumidores, el público en general fuimos por completo ajenos a la disputa en otro grave retroceso democrático del gobierno con menos convicciones democráticas desde el 83' para acá. 

Mientras tanto, se nos trató de entretener con una especie de "mini foros" acotados y reducidos a todos los que pensaban igual en diferentes puntos del país, sobre la presunta "nueva ley de medios" de los tiempos de la convergencia, organizados por Aguad y el Enacom, con la participación de la impresentable empleada de Clarín, Silvana Giúdici. Una simple cortina de humo para tapar lo que verdaderamente les interesaba, que era esto.