LA FRASE

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martes, 24 de enero de 2017

Y YA QUE ESTAMOS, ESTUDIEN UN CAMBIO DE MINISTRO


Después de la guerra de concheros al interior del Frente Progresista por los pases de facturas por las inundaciones y los rajes en el gobierno de funcionarios del área recomendados por Corral y Barletta, el ministro Garibay sale a blanquearse en esta nota del diario aun del Loco Lindo; donde -curiosamente- no le preguntan por el tema.

Esta lumbrera de la gestión pública es el autor del fabuloso "convenio de rescisión de mutuo acuerdo" de la concersión de la autopista Santa Fe-Rosario analizado acá; un indulto a las empresas amigas como Pecam, para que puedan seguir quedándose con contratos del Estado. 

En una entrada anterior repasábamos algunos números de la gestión del FPCyS en éste tema de prevenir las inundaciones, y se nos ocurrió hacer lo mismo a partir de los dichos de Garibay, que arranca diciendo que "Nosotros veníamos trabajando con pequeñas intervenciones como ampliaciones de alcantarillas, la limpieza y el ensanche de canales... ".

Lo cual es interesante, porque hete aquí que revisando las Cuentas de Inversión de la provincia en los años que van desde el 2008 al 2015 (es decir los gobiernos de Binner y Bonfatti) para "Tareas de limpieza y desobstrucción de canales" en toda la provincia, se registraba una asignación de fondos de apenas $ 3.697.740,81, de los que se gastaron solo $ 2.174.515, 19, o sea el 58,80 % por ciento de lo presupuestado. Con éste detalle: desde el año 2009 que la provincia no gasta un centavo con ese fin, y desde el 2010 ni siquiera lo presupuesta.  

Sigue Garibay: "Vamos hacer las obras con el derecho que tenemos los santafesinos de pasar por el campo de quien sea para garantizar el escurrimiento de las aguas. Vamos a desarrollar algunos procesos para acelerar esto.". 

Alguien debería explicarle que ya en el año 2000 la Ley 11.730 (aun vigente) en su artículo 25 declaró: "...genéricamente de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de cualquier naturaleza de cuyo dominio fuera menester disponer para el cumplimiento de los fines de esta ley, y de aquellos que resulten necesarios para la construcción, reconstrucción, conservación y/o mantenimiento de obras de defensa contra inundaciones, de evacuación de excedentes hídricos y de las obras complementarias que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos centralizados o descentralizados decida ejecutar.". O sea que no necesitan "desarrollar" nada para avanzar en la materia.

Claro que por ejemplo en el caso de las obras de la Laguna La Picasa (que el ministro menciona en el reportaje) los gobiernos del FPCyS recién individualizaron cuáles son los inmuebles que deben expropiarse para hacer las obras, en diciembre del año pasado, aunque las obras que hizo la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner se culminaron en el 2004.

En un gesto para celebrar, Garibay descubre que faltan hacer obras, y que existen los comités de cuenca: "...nos faltan obras e intervenciones, pequeñas en algunos casos y, en el caso del departamento Castellanos, una inversión de gran magnitud. Algunas se están ejecutando y otras se van a ejecutar a través de los Comités de Cuencas y de algunas localidades.". 

Siempre con base en los datos oficiales, podemos señalar que entre 2008 y 2015 la provincia invirtió apenas el 26 % de los $ 10.535.000 asignados para obras a realizar a través de los Comités de Cuenca; y desde el 2012 que no invierte ni un centavo en obras ejecutadas de ese modo; y va disiminuyendo cada vez más año a año lo que presupuesta con ese fin: de 2,35 millones de pesos en el 2011 pasó a $ 300.000 en el 2013, y apenas 100.000 pesos (sí: $ 100.000) el año pasado, encima no ejecutados. 

Se habla en el reportaje -y mucho por éstos días- del canal Vila-Cululú en el Departamento Castellanos, una de las zonas más afectadas por las últimas inundaciones; lo cual nos permite recordar que en marzo del 2014 por el Decreto 603 Bonfatti adjudicó obras de arte (puentes), protecciones de fondo y alcantarillas nuevas a Constructora Pilatti S.A. por $ 5.069.376,84, las que deberían haber estado terminadas -de acuerdo a los pliegos- en septiembre del 2015.

Sin embargo nueve meses después -en junio del año pasado- y por el Decreto 1253 Lifschitz prorrogó el plazo de ejecución hasta fines de julio, aprobando un "adicional de obra" por el 45,87 % del contrato original; y la obra aun hoy (a 16 meses del plazo original) no está concluida.   

Y para terminar, cuando comenzó el reparto de culpas entre radicales y socialistas acá en la provincia y el reclamo de obras y fondos a la nación, desde el gobierno provincial "presentaron las carpetas" para financiar seis proyectos considerados "prioritarios" para resolver los problemas de las inundaciones en Santa Fe: la estación de bombeo Norte de la Laguna La Picasa (Departamento General López), el puente sobre la ruta provincial 21 en el canal Constitución, las obras en el arroyo Colastiné entre Coronda y Arocena (Departamento San Jerónimo), el canal trasvasador de la cuenca del arroyo Candelaria entre Sanford y Arequito (Departamento Caseros), la readecuación del canal Vila-Cululú ya citado (obra que el gobierno estima costará 300 millones de pesos) y el canal trasvasador Oliveros, en el Departamento San Lorenzo.

Pues bien, revisando el plan de obras contenido en el presupuesto para éste año que aprobó la Legislatura en diciembre del año pasado, nos encontramos con que las tres primeras obras ni siquiera figuran; y las tres restantes (que tienen un costo estimado total para las tres de 400 millones de pesos) tienen asignados diez mil pesos (sí: $ 10.000) cada una para ser ejecutados éste año.

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