Probablemente porque se aprobó sobre el fin de año, a tambor batiente, entre gallos y medianoche y sin demasiado debate, o porque al mismo tiempo Macri armaba su propio festival de vetos a leyes sancionadas por el Congreso, pasó desapercibido que Lifschitz vetó parcialmente el presupuesto 2017; y tal como lo muestran las imágenes del decreto que ilustran el post, específicamente en su artículo 57.
Como se ve, la norma estaba relacionada con los fondos que recibe la provincia por la coparticipación federal de impuestos y debe girar a los municipios y comunas, pero están sujetos a la afectación específica de la Ley 26.075 de financiamiento educativo. De allí que solo pueden invertirse en educación, ciencia y técnica o cultura.
El artículo disponía que los fondos que gire la nación por ese concepto éste sean transferidos a las municipalidades y comunas dentro del mismo ejercicio, y que los remanentes no transferidos de ejercicios anteriores sean cancelados también durante el 2017.
El gobierno provincial (tanto en las gestiones de Bonfatti como en actual de Lifschitz) trata a esos recursos como si fueran suyos propios, y no de los municipios y comunas a los cuáles -según la ley nacional 26.784 y sus prórrogas- les deben ser transferidos automáticamente.
En ésta entrada explicábamos en detalle el tema haciendo referencia a que hace lo mismo con los recursos provenientes de la recaudación de impuestos provinciales, que forman el llamado Fondo de Obras Menores.
Por esa razón, les exige a los municipios y comunas que presente proyectos (en el caso de Obras Menores) y que le presenten la rendición de cuentas del uso de lo fondos (en el caso de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo); y mientras tanto los retiene hasta "aprobar" los proyectos o rendiciones.
Por esa razón ya en el 2014 (según veíamos acá) el foro de intendentes peronistas impugnó judicialmente 3 decretos de Bonfatti (unos de ellos un DNU) por los cuáles incorporaba esos recursos al presupuesto como si fueran de la provincia, cuando en realidad son de los municipios y comunas y deben serles transferidos automáticamente, según las leyes nacionales.
Sin embargo, algunos tienen importes retenidos por la provincia desde el 2014, y no está muy claro que hace la provincia con esos fondos, pero todo hace suponer que los gasta como si fueran propios.
Pero no solos los intendentes y presidentes comunales del PJ están que trinan con el tema: en noviembre del año pasado Corral presentó un reclamo formal contra el gobierno provincial para que le transfieran esos fondos, con el argumento de que la Municipalidad de Santa Fe tiene que afrontar por ejemplo el sostenimiento del Liceo municipal y los jardines maternales construidos por su gestión con recursos propios; aunque en el último caso fueron construidos con las partidas del Fondo Federal Solidario (fondo soja) que la nación manda desde el 2009; cuando Cristina dispuso coparticipar el 30 % del producido de las retenciones a la soja por el Decreto 206.
Lo cierto es que Corral le reclama a la provincia una deuda por estos fondos no transferidos de más de 86 millones de pesos, solo en el transcurso del 2016; y el gobierno provincial no solo que "fondeó" el expediente respectivo sin responder el reclamo, sino que cuando los legisladores de todos los partidos lo hicieron suyo (porque como dijimos, involucra a todos los intendentes y presidentes comunales sin distinción de partidos), el gobernador vetó el artículo.
Y promulgó el resto de la ley de presupuesto, porque es el único caso en que la Constitución provincial permite la promulgación parcial; y propuso una "redacción alternativa" que no es ni mas menos que lo que dicen los decretos dictados por él y por Bonfatti, en base a los cuáles los recursos no son transferidos automáticamente, en contra de las leyes nacionales.
Habrá que ver que pasa con el veto cuando aterrice el veto en la Legislatura con los legisladores de la UCR (que administra una buena cantidad de municipalidades y comunas en toda la provincia), en medio de la discusión por la subsistencia o no de del Frente Progresista Cívico y Social en las elecciones de éste año.
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