CONTINÚAN LAS SORPRESAS (?)

En el Boletín Oficial de ayer (verlo completo acá) se publicó el Decreto 29/17, por el cual Macri autorizó al flamante ministro de Finanzas Caputo a colocar deuda en los mercados de capitales por 20.000 millones de dólares. Como se trata de gente amiga de la casa según veremos, ya la adelantaron 6000 millones, a cuenta de la emisión.

Además de las cláusulas de rigor (como la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros, o la renuncia a ciertos aspectos de la inmunidad de jurisdicción soberana), el artículo 3 inciso b) de la norma faculta a Caputo a "Designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos;"; o sea elegir los bancos que participarán de la emisión (cobrando las suculentas comisiones de rigor, desde luego), sin forma alguna de procedimiento licitatorio, o nada que se le parezca.

También ayer nos enteramos por ésta nota de Página 12 a la que corresponde la imagen de apertura, cuáles son esos bancos, y que entre ellos están el Deutsche Bank y el JP Morgan.

Es decir los ¿ex, actuales, futuros? empleadores del propio Caputo, y de su antecesor Prat Gay; respectivamente.

Con lo cual se confirmaría que más que el gobierno de los CEO's, éste sería el gobierno de los conflictos de intereses: todo, menos inesperado o sorprendente.

Como dato de color, al fijar las pautas para la emisión de la nueva deuda, el decreto en su artículo 1 dice que la emisión de los bonos queda sujeta a "que se incluyan las denominadas “cláusulas de acción colectiva” y cláusula de “pari passu”, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales.".

O sea, no los principios de regulación y reestructuración de las deudas soberanas aprobados por la Asamblea General de la ONU a pedido de la Argentina durante el gobierno de Cristina (más información al respecto, acá).

Tampoco debe extrañar -a esta altura de los acontecimientos- que el gobierno de Macri haya ignorado olímpicamente la vigencia de la Ley 27.207 (completa acá), dictada en noviembre del 2015 (un mes antes de asumir Macri); cuyo artículo 1 declara de orden público para el derecho internos argentino esos principios básicos aprobados por la ONU; y por ende aplicables a cualquier emisión de deuda del Estado argentino.

Lo que supone que ante una nueva crisis de deuda (nada descabellada, dado el elevadísimo nivel de re-endeudamiento del gobierno de Macri) volveríamos al mismo punto en que estábamos cuando se produjeron los canjes, y el país tuvo que soportar por años el ataque de los fondos buitres en los tribunales extranjeros.