MERITOCRACIA JUBILATORIA

De acuerdo a lo que viene circulando en los medios, hoy sería el día de los “mega anuncios” de Macri vinculados con el blanqueo de capitales, y la situación de los jubilados. Hasta hoy han circulado especulaciones de todo tipo, que van desde el monto que el gobierno piensa recaudar con el “blanqueo” (las cifras que se tiran van desde los 40.000 hasta los 100.000 millones de dólares), hasta lo que hará con esa plata: la versión dominante es que al menos parte de ella se usaría para pagar los juicios de los jubilados por reajuste de haberes, e incluso para una mejora en los haberes a futuro.

A falta de información precisa y la “letra chica” de los anuncios, lo que queda en claro es que “Cambiemos” apela a una herramienta (el blanqueo) que denostó cuando la utilizó el kirchnerismo, porque significaba -según decían entonces los hoy oficialistas- “apelar a dinero sucio, de la corrupción, y manchado de sangre del narcotráfico”.

Con la autoridad de haber dicho que estaba mal cuando lo impulsó el kirchnerismo y sin abrir pronóstico sobre el éxito de la medida que se lanza en un contexto distinto a aquél (hay un gobierno “capital friendly”, y supuestamente se cerraría el cerco internacional sobre los fondos oscuros, lo que nos parece más dudoso), nos interesa en cambio detenernos en los posibles anuncios sobre la situación de los jubilados.

Que tal como se hizo con las privatizaciones en los 90’, se utilizan hoy como la excusa perfecta para el blanqueo del dinero proveniente de la fuga de capitales: vemos acá en Diario Bae como el reservorio moral de la patria (es decir, Elisa Carrió) defendería el blanqueo en el Congreso con la condición de que los fondos que ingresen, se destinen a mejorar la situación de los jubilados. Allá ella: cada uno recula y se traga sus propias palabras, con los argumentos que quiere y tiene a mano.

En este sentido, también hay hasta acá información contradictoria, sea sobre cuántos y cuáles son los juicios previsionales que se pagarían (las cifras oscilan entre 50.000 y 300.000, según quien las tire), que se hará con los jubilados que no iniciaron juicio pero estarían en condiciones de hacerlo (acá también se tiran cifras que van desde los 800.000 hasta los 2 millones de jubilados), cuáles serían las jubilaciones que serían reajustadas, en base a que parámetros se haría y que pasará -en general- con la sustentabilidad del sistema previsional, y con su tasa de cobertura.

Lo concreto es que lo hasta acá se va filtrando es bastante preocupante, por varios motivos: ya se habla del aumento de la edad jubilatoria, se sabe (porque lo ha dicho el titular de la ANSES) que no se prorrogará la moratoria previsional cuando venza en septiembre (lo que provocará una caída en la tasa de cobertura del sistema); y el gobierno no ha dado hasta acá ninguno de los informes bimestrales que debe elevar al Congreso sobre la evolución de los recursos delFondo de Garantía de la ANSES; fuertemente afectado por la devaluación, y a cuyos recursos “líquidos” -según se señala por ejemplo acáen El Cronista- se apelaría para aumentar las jubilaciones más altas (de alrededor de un millón de beneficiarios, según se dice); sin descartar (pero que sorpresa) que se apele a la venta de las acciones que tiene el FGSen diferentes empresas.

Al mismo tiempo y mientras se anunció que no se prorrogará la moratoria previsional, vemos en AmbitoFinanciero que el gobierno compensaría la decisión con la creación de una “pensión universal a la vejez” para los que se quedarían afuera de la posibilidad de acceder a una jubilación en ese marco. Pensión que estaría por debajo de la jubilación mínima, y que quedaría afuera del mecanismo de movilidad semestral hoy vigente para el reajuste de los haberes.

Una decisión de por sí cuestionable, que se toma además en un momento poco oportuno, cuando hay despidos y suspensiones en todo el país, y hasta el propio gobierno a través del SIPA informa que ha caído el número de aportantes a la seguridad social en más de 108.000 personas, y los empleadores con alta en el sistema en casi 11.000; lo que supone cierre de empresas, aumento de los despidos o del empleo en negro, o todas esas cosas, en diferentes proporciones.

Y lo apuntado viene a cuento de que -entre tanta maraña informativa- se pierde de vista un detalle esencial el Estado tiene que financiar sus gastos corrientes (y vaya si las jubilaciones y pensiones lo son: representan el 36 % del gasto total) con recursos también corrientes, cuya percepción esté regulamente asegurada; y no con recursos aleatorios (como los activos del FGS, o los provenientes del blanqueo de capitales), que hoy están, y mañana no.

En ese sentido preocupa que en el gobierno están evaluando virtualmente liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES (o por lo menos sus disponibilidades a plazos fijo en bancos, y eventualmente sus participaciones accionarias en empresas), justo cuando caen la recaudación de aportes personales de los trabajadores y las contribuciones patronales; proceso incluso alentado por el propio gobierno como con los proyectos de “Primer Empleo”, o los anuncios para las Pymes. Por no reiterar lo dicho acá: no pueden usar los recursos del Fondo para pagar los juicios, a menos que sea por una ley del Congreso; al igual que así lo exige la Ley 27.181 para vender las acciones,

Ni hablar de que también viene cayendo (en términos reales, medida contra la inflación) la recaudación, cuyo producido se destina en parte a financiar la seguridad social; o se destinaba: recordemos que el gobierno acaba de acodar con los gobernadores la progresiva devolución de la parte de la coparticipación que ceden las provincias para financiar la seguridad social luego de los fallos de la Corte; sin que hasta acá sepamos con que recursos los reemplazará.

Como tampoco sabemos (porque no hay información unívoca al respecto en los trascendidos periodísticos) como se financiaría lo que prometen será una “suba de las jubilaciones promedio” de 9000 a 14.000 pesos mensuales: queda claro que de ser cierto, el anuncio apunta a los jubilados de mejores ingresos, porque el promedio se reparte además en forma muy desigual entre los distintos tramos de beneficiarios.

Hace poco analizábamos en ésta entrada la política previsional del kirchnerismo, que puso el énfasis en la tasa de cobertura del sistema, para reparar desde el Estado las asimetrías del mercado laboral en los tiempos neoliberales, y los trauectos laborales individuales sacudidos por años de altas tasas de informalidad y desempleo abierto.

En ese sentido, los anuncios de cambios en el sistema que se vienen conociendo hasta acá parecen una reiteración de la filosofía (y de algunos instrumentos, como la liquidación de los activos del FGS) que sustentó en su momento el proyecto del 82 % móvil que vetó Cristina: énfasis puesto en la lógica contributiva más propia del régimen de capitalización de las AFJP(el que puso tanto, debe cobrar tanto); caro a los afectos de muchos sectores medios que sin duda han votado masivamente a Macri, pero profundamente desconocedor del sentido reparador de las injusticias, desigualdades e inequidades del mercado del trabajo que tuvo la política de seguridad social de la década ganada: la idea de la meritocracia, aplicada a la seguridad social.

Y de paso, cañazo: mientras el gobierno toca música sensible a los oídos de parte de su electorado prometiendo pago de juicios y reajuste de haberes, aprovecharía la volada para liquidar la participación del Estado (a través del fondo de la ANSES) en muchas empresas privadas, aumentar la edad jubilatoria y restringir la tasa de cobertura del sistema; para hacerlo sustentable (al menos eso plantean en los papeles, pero es realmente muy dudoso, por las razones expuestas). El ajuste llegaría así al sistema previsional. 

Todo eso en un contexto recesivo en el que afectaría a futuro ingresos de sectores con alta propensión al consumo, para favorecer a otros que en algunos casos tienen capacidad de ahorro disponible, que se aumentaría por el reajuste de haberes : decisiones acordes con el ajuste general de la economía, y con la idea de que el motor de ella sea la inversión, y no el consumo.

Idea falsa y equivocada, por supuesto, como tantas veces se ha experimentado en la Argentina, y el gobierno de Macri está lejísimos de ser la excepción a la regla. Más bien la viene confirmando, en los meses que lleva de gestión, con los resultados económicos que están a la vista.