VOCACIÓN POR LA TRANSPARENCIA

Siguiendo este enlace al Boletín Oficial de ayer pueden leer el Decreto 690, por el cual Macri modificó el reglamento de contrataciones de la Administración Pública nacional; elevando los topes que determinan -de acuerdo al monto del contrato- el procedimiento que debe seguirse.

En el caso de las licitaciones públicas, ese tope era de 800.000 desde el 2013 cuando así lo fijó Cristina por el Decreto 1039.

Ahora Macri lo llevó a 6 millones de pesos, es decir un aumento del 650 % en cuatro años: ni siquiera la famosa "inflación del 700 % en 10 años" de la que tanto habla justifica semejante salto.

De hecho, el decreto no menciona en absoluto el incremento de los precios, sino que se basa en otro tipo de razones. Así por ejemplo "con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones, coadyuvando con ello a un uso inteligente de los recursos públicos, resulta necesario actualizar la cantidad de módulos asignados para la fijación de las competencias establecidas para el dictado de actos administrativos de los procedimientos de selección".

O "siendo necesario por ende adecuar los mismos a las actuales condiciones económicas atento el extenso lapso de tiempo transcurrido desde dicha modificación, del mismo modo que ya lo han hecho diversas jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." (en el último párrafo podría entenderse que habla del alza de precios cuando refiere a "las actuales condiciones económicas").

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, fue el propio Macri siendo Jefe de Gobierno el que llevó el tope a 3 millones de pesos en el 2014, cuando en la nación era de 800.000 pesos, y en las provincias lo mismo, o menos: ver las cifras comparativas acá en ésta nota de Página 12 de entonces.   

Para tener en cuenta, en Santa Fe la Ley 13.525 de diciembre del año pasado fijó los topes a partir de los cuáles es obligatorio licitar en 650.000 pesos cuando se trata de contrataciones en general, y 850.000 pesos en el caso de las obras públicas.

Por supuesto que al levantarse los topes, también suben los que se toman en cuenta para hacer contrataciones directas, es decir sin previo concurso de precios ni licitación privada: ahora ese tope es de 1.300.000 pesos, o sea el doble de lo que -por ejemplo- en Santa Fe ya obliga a hacer licitación pública. 

Lo que se dice un gobierno con auténtica vocación por la transparencia.

Eso sí: van a publicar los pliegos en Internet para que no haya cartelización de ofertas, porque -al parecer- solo algunas empresas tendrían computadora y correo electrónico como para mandárselos entre ellos.