PARA EL PRO, LAS ROSAS VIENEN CON ESPINAS

Aunque la noticia no esté en la primera plana de los diarios porteños ni digan nada en las radios o la tele, la municipalidad de Las Rosas (Departamento Belgrano) vive un prolongado conflicto desde diciembre del año pasado, cuando asumió como intendente Javier Meyer del PRO (con Macri en la foto de apertura).

El conflicto empezó cuando Meyer procedió a descontarles a los delegados gremiales de la FESTRAM (el gremio de los municipales santafesinos) de sus sueldos mensuales determinados adicionales, con el argumento de que su cobro era ilegal.

La medida generó las previsibles protestas y paros, y desde el gremio pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia; que decretó la conciliación obligatoria, que ya fue desconocida tres veces por el intendente.

Mientras tanto, a pedido de Meyer llegaron a Las Rosas más de 100 gendarmes que pusieron el pueblo bajo su virtual control, en medio de un clima enrarecido que incluye amenazas y el despliegue de patotas que amedrentan a los trabajadores en conflicto.

El Concejo Municipal de la ciudad votó el acatamiento de la conciliación obligatoria para poder zanjar el conflicto, pero el intendente sigue sin darle pelota al asunto, y se mantiene firme en sus trece.

El proceder de este típico representante de “la nueva política” que plantea el PRO es ilegal por donde se lo mire: al convocar a los gendarmes por su cuenta y sin la intervención del gobernador de la provincia ha violado la Ley 24.059 de seguridad interior, que en su artículo 24 establece claramente que es la máxima autoridad política de la provincia la que debe requerir el concurso de las fuerzas federales.

Claro está que esta presencia de los gendarmes (que continúan en Las Rosas hasta hoy) no se hubiera dado sin la complicidad del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, que para defender a un intendente “del palo” se pasó a nado el federalismo, la autonomía provincial y la ley de seguridad interior.

Es difícil además encuadrar el pedido de Meyer para que llegara la Gendarmería en lo que dice el artículo 23 de la misma ley que establece las causales en que procede: “Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”, “Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal” y “En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.”.

Recordemos que se trata de un conflicto gremial entre el intendente, parte de sus empleados y la FESTRAM, y que estaba interviniendo el Ministerio de Trabajo de la provincia. Probablemente el intendente PRO de Las Rosas haya sido un precursor del “protocolo de la protesta social” del gobierno nacional, y pensara resolver el conflicto a lo Cresta Roja: con palazos y balas de goma dispensados por los gendarmes.

Pero además al no acatar (por 3 veces) la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia, Meyer ha violado la Ley 10.468 de Santa Fe, y se hace pasible de las sanciones más graves que la misma contempla, por ser reincidente.

Por supuesto que no la acata porque eso lo obligaría a retrotaer la situación al inicio del conflicto, cesar en los descuentos de los salarios a los trabajadores, devolverles lo descontado y abstenerse de tomar cualquier medida en contra de ellos (artículos 15 y 16 de la ley cit.)

Y al desconocer el hecho de que el Concejo votó para que la acepte, Meyer hizo pasar la situación a otro plano, generando un conflicto institucional de poderes que pone a la municipalidad en condiciones de ser intervenida, y a él de ser removido de su cargo.

En efecto, así lo dispone la Constitución de la provincia en su artículo 108: “La Provincia puede intervenir por ley, o por decisión del Poder Ejecutivo, en receso de la Legislatura, con cargo de dar cuenta inmediata a ésta, los municipios y comunas a los solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía total, o de normalizar una situación institucional subvertida.”

El gobierno de Lifschitz consintió hasta acá la degradación de su autoridad por el intendente, que cuenta con un fuerte apoyo del gobierno de Macri: el gobernador permitió que ingresaran y se instalaran gendarmes en una ciudad de Santa Fe para suplir a la policía provincial sin que él lo haya pedido, y que sea desconocida por completo la autoridad y la competencia de su cartera laboral.

Y pese a que el conflicto está instalado desde que asumió y fue escalando en gravedad, esperó hasta que el domingo pasado la Legislatura comenzara sus sesiones, para “conversar” con los bloques legislativos si interviene o no la municipalidad, para lo cual sobran los motivos.

Tamaña desidia solo se puede justificar desde la interna del frente progresista (Lifschitz debe temer alguna estocada de Corral, el autoerigido representante de Macri en Santa Fe), o por el miedo del gobierno provincial a algún tipo de represalia del gobierno nacional, por eyectar de su cargo a un intendente del PRO.

Ayer anduvo por acá Patricia Bullrich, y cuando la consultaron por el tema se limitó a decir que “tenía que consultar con el Secretario de Seguridad” para saber si la llegada de los gendarmes a Las Rosas fue o no pedida por el gobernador (el único autorizado para hacerlo, como vemos) o su ministro de Seguridad, pero eso sí: se ocupó de exigir que “dejen gobernar” a Meyer, como si fuera un perseguido político o un obstruido en su gestión. Acá pueden acceder al audio de "El hormiguero". 

Habrá que ver como termina decantando la cosa, pero tal parece que el socialismo no aprendió nada de los episodios de la triple fuga, y tiene pánico de tomar medidas que caigan mal en la Casa Rosada, aunque claramente correspondan.