Leíamos ayer en ElLitoral un informe elaborado por el Instituto de Desarrollo Social (IDESA) en el que se decía lo siguiente: “El gobierno peronista “neoliberal” de Carlos Menem transfirió en los ’90 las escuelas y el sistema de hospitales a las provincias sin remitirles los fondos. Durante el gobierno “progresista” de los Kirchner ese esquema se mantuvo, pero la Casa Rosada armó partidas no automáticas para reforzar planes de salud y educación. El criterio para repartir ese dinero “a sola firma” desde el gobierno central fue parte del sistema de condicionamiento político de Cristina a los mandatarios provinciales. Esas partidas son parte de lo que el gobierno de Mauricio Macri se propone recortar en 2019 para bajar el déficit primario al 1,3% del PBI según se comprometió el gobierno nacional ante el FMI como condición para el crédito de U$S 50 mil millones.”.
“Este tipo de intervenciones colisiona con el régimen federal que establece que son las provincias las responsables de administrar estos servicios. Sin embargo, se han justificado como herramientas tendientes a promover el desarrollo social y corregir brechas entre regiones. Subyace el supuesto de que los funcionarios nacionales son más idóneos que sus pares locales para administrar los fondos públicos. La Nación estaría gastando no menos de mil millones en insumos para escuelas y centros de salud provinciales. Dado que equivale a un quinto del déficit fiscal primario, se trata de un volumen cuya revisión podría hacer una contribución importante a la reducción del déficit fiscal. La duda que se plantea es la incidencia que esto podría tener sobre la calidad de la educación y la salud pública.”.
“No hay posibilidad de administrar centralizadamente con eficiencia la compra de libros, computadoras, medicamentos, equipamiento médico o la construcción y reparación de escuelas u hospitales en todo el territorio nacional. Pero lo más negativo es que inducen a las provincias a desatender lo más importante, que es, el monitoreo y los estímulos a docentes y médicos del sistema público”. Así evalúa Idesa la gestión paralela entre Nación y Provincias sobre el gasto en las áreas analizadas. “Que los ministerios nacionales dejen de cogestionar servicios a cargo de las provincias y municipios no sólo debe ser asumido como una vía para recobrar sustentabilidad en las finanzas públicas”, evalúa el instituto que preside Colina, sin abordar la forma en que desde los ’90 eso se descentralizó sin transferir los recursos a los estados subnacionales.” (las negritas son nuestras)
Completitos los muchachos de IDESA exponiendo sus complejos, y su ignorancia: al parecer el error que cometieron los gobiernos kirchneristas (en especial los de Cristina) fue transferirles a las provincias partidas para gastos en educación y salud, luego de que en los 90’ Menem les transfiriera las escuelas y los hospitales, sin los fondos correspondientes. Y esas partidas dependerían de la firma de la propia Cristina, como una manera de condicionar políticamente a los gobernadores; en cambio el ajuste que ahora plantea Macri (cortar de un hachazo la transferencia de esos fondos) pondría las cosas en su lugar, porque la educación y la salud son responsabilidad de las provincias.
Hablando en serio, no se puede creer que este tipo de chantas tengan espacio en los medios, cuando no aportan un puto dato, y lo único que evidencian son prejuicios ideológicos, y una profunda ignorancia de cómo son las cosas, al menos acá en Santa Fe.
Hablando de lo que conocemos, y con los datos oficiales, el Ministerio de Educación de la provincia recibiría este año unos $ 1.362.660.000 millones de pesos correspondientes a diferentes programas de su par de la nación, sin contar los $ 1.674.731.000 del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado por la Ley 25.030 (1998) y sus prórrogas.
De ese total, $ 290.560.000 corresponden al Programa de Mejoramiento de la Enseñanza Secundaria (PROMSE) al cual Santa Fe adhirió por la Ley 12.591 (2006), $ 66.410.000 son aportes del Fondo de Desarrollo de la Enseñanza Técnica Profesional creado por la Ley 26.058 (2005), $ 502.709.000 son fondos destinados a implementar en la provincia las metas de la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006) como la escolaridad con jornada completa o extendida, otros $ 94.775.000 corresponden al PROMER (Programa de Mejoramiento de la Enseñanza Rural) que surge de la misma ley y al que Santa Fe adhirió por el Decreto 1324/07 y $ 53.419.000 son del Instituto Nacional de Formación Docente creado por el artículo 76 de la Ley de Educación Nacional, y se destinan justamente a la capacitación de los docentes provinciales.
Y hablando de salud: siempre basándonos en datos oficiales, el Ministerio de Salud de Santa Fe recibiría este año unos $ 389.660.000 de distintos programas nacionales, según este detalle: $ 40.756.000 para prestaciones del Sistema Unico de Prestaciones para Personas con Discapacidad, $ 162.484.000 para la atención en los hospitales provinciales de los beneficiarios de las pensiones no contributivas que hasta hace poco manejaba Desarrollo Social de la nación, $ 159.420.000 del Seguro Nacional de Salud al que Santa Fe adhirió por la Ley 12.282 (2004) y se implementa en forma experimental en los departamentos de la costa, 15 millones de pesos para el Plan Remediar (aprobado en el 2002) y otros 13 para el Plan Nacional de Sangre, creado en el 2004.
Como ven, ni uno solo de los programas fue aprobado durante los mandatos de Cristina, ni tampoco la provincia adhirió a ellos en ese momento, responden todos a leyes nacionales y los gastos se ejecutan en la provincia, no en la nación y no dependen de la firma del presidente/a de turno, o de su capricho. Pero hablar al pedo es gratis, para estos nostálgicos del menemismo, que ahora aplauden que Macri pode lo que el kirchnerismo dio, aun a costa de empeorar la educación y la salud de los argentinos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario