LA FRASE

"QUE DESDE LA VICEPRESIDENCIA SE SOSTENGA UNA AGENDA QUE NO SEA LA DEL GOBIERNO ES ALGO QUE NUNCA SE HA VISTO." (JULIO COBOS)

sábado, 14 de julio de 2018

SI LA QUIEREN PRIVATIZAR, BLANQUÉENLO



Si alguno leyera la tapa de Clarín del jueves (a la que corresponde la imagen de apertura) sin ver la fecha de la edición del diario, podría pensar que estamos en 2012, cuando el gobierno de Cristina tomó la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF; o en 2013 cuando los medios del Grupo comenzaron la ofensiva final contra el kirchnerismo usando como principal arma al programa de Lanata.

Porque las idioteces que se dicen a propósito del fallo de la justicia norteamericana ante el reclamo del fondo buitre Burford por la expropiación de YPF son más o menos del nivel de las que se decían entonces a propósito de los reclamos de Paul Singer, cuando el propio Lanata viajaba por el mundo financiado por él para encontrar “la ruta del dinero k”, y hacer que Cristina pagara con su patrimonio el reclamo contra la Argentina.

En medio de una corrida cambiara que ya lleva meses y le ha costado al país 19.000 millones de dólares de las reservas en fuga de capitales, y un endeudamiento con el FMI de otros 15.000 millones (ya recibidos) y potencial de hasta 50.000 palos verdes, arman un escándalo por un reclamo que está planteado por 3000 millones de la misma moneda, recién comienza y está capitaneado por alguien que pagó 800 millones por el juicio probable de los Eskenazy contra el Estado porque no les expropiaron las acciones de ellos; ya que como es sabido el gobierno tomó el control del 51 % que correspondía al grupo Repsol.

El fallo conocido esta semana lo único que hace es admitir que el litigio iniciado por Burford siga en los tribunales de Estados Unidos, a lo que el país se oponía por entender que debía sustanciarse ante los tribunales nacionales; e incluso al Estado argentino le quedan aun recursos legales que utilizar: apelar ante un panel (plenario) de jueces de la corte de apelaciones del distrito, o ante la Corte Suprema de los EEUU para revertir la decisión; o pedir un “discovery” para determinar las condiciones en las que el fondo inversor compró el litigio (en la quiebra de dos empresas del grupo Eskenazy, abierta en España), del cual a su vez ya vendió una parte a otro fondo.

El cuestionamiento se basa en que -de acuerdo al estatuto social de YPF- el Estado argentino al expropiar la compañía debió ofrecerles comprarles sus acciones a todos los accionistas y no solo a Repsol, lo cual supondría el absurdo de que una norma estatutaria se imponga a una decisión soberana como expropiar, que además tiene fundamento constitucional.

Los propios tratados bilaterales de inversión firmados por la Argentina en los 90’ en los cuáles aceptó también la jurisdicción del tribunal del CIADI al cual adhirió por la Ley 24.353, así lo reconocen y el firmado con España y aprobado por la Ley 24.118 no es la excepción: lo único que exigen en esos casos es que la expropiación responda a causa de utilidad pública, y sea previamente indemnizada, que no es ni más ni menos que lo que disponen el artículo 17 de la Constitución nacional, y la Ley de Expropiaciones 21.499. Por esa razón Repsol retiró su demanda del CIADI cuando el Estado argentino le pagó la indemnización por el 51 % expropiado a través de la Ley 26.741 (2012).

El fallo de esta semana fue dictado por la corte de apelaciones del distrito sur de Maniatan, pero no tiene ningún punto de conexión con los reclamos por los bonos de la deuda que cayeron en default, en los que el país había aceptado la jurisdicción extranjera; y aun una eventual sentencia condenatoria debería ser ejecutada por intermedio de los tribunales argentinos, siempre que no viole nuestro orden público (artículo 27 CN y artículo 2600 del Código Civil y Comercial).

Si al gobierno le interesara verdaderamente resolver los problemas y no hacer papelones, tiene argumentos de sobra para defender la postura del país en el litigio; a menos que quiera que en realidad lo pierda, como pareciera que es el caso del reclamo de Met Life ante el CIADI por la recuperación de los activos de las AFJP, que podría basarse en que el propio Estado argentino sostuvo en su acuerdo con el FMI que los fondos fueron “incautados”. 

No sea cosa que en éste caso nos encontremos en un supuesto similar, y el absurdo fallo yanqui les sirva de excusa como para desprenderse de YPF: estas insólitas declaraciones de la impresentable Laura Alonso no hacen sino alimentar los temores.

No viene mal recordar -ante tanto disparate que se oye y lee por estas horas- que la ley de expropiación de YPF tuvo un amplísimo apoyo: 208 votos a favor en Diputados, el 81 % de la Cámara, incluyendo a todo el bloque de la UCR y algunos diputados de la Coalición Cívica. Dicho esto porque los medios hablan de “la responsabilidad de Cristina y Kicillof” por haber expropiado solo las acciones de Repsol en YPF, sin ofertarles a los demás accionistas comprárselas.

La propia Carrió se abstuvo, pero no votó en contra como era su norma durante el kirchnerismo, ante todo proyecto originado en el Poder Ejecutivo. Carrió, la misma que por estas horas anda planteando denuncias por posibles coimas a funcionarios argentinos en la compra de las acciones que le hiciera el Grupo Eskenazy a Repsol, por la cual llegó a tener el 25 % del capital social de la petrolera; como si eso tuviera algo que ver con lo que se está ventilando ahora, y como si alguien fuera tan ingenuo como para pagar una coima para que otro (los supuestos funcionarios coimeados) hagan algo que no pueden hacer: venderles lo que era de otro, por ejemplo.

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