Se supo que arrojó resultados negativos la segunda tanda de cruzamiento de datos de los ADN de los hijos de la dueña de Clarín con los existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos; en este caso con los aportados por las familias de los desaparecidos entre 1975 y 1976.
Restan todavía completarse los análisis con cuatro grupos de familias correspondientes a ese período cuyos materiales genéticos aportados al BNDG son insuficientes para determinar una conclusión en forma categórica, en uno u otro sentido, como se informa acá.
La postura de Clarín que se expone en esta nota, lejos de despejar las dudas que despierta el súbito cambio de estrategia de los abogados de Marcela y Felipe en la causa, no hace sino acrecentarla: si se repasa la nota, se pueden sacar dos conclusiones.
La primera es que el diario se anticipa las conclusiones de la justicia cuando aun el procedimient no está concluido, la segunda es que le otorga un bill de indemnidad al tortuoso proceso de adopción de los hermanos por Ernestina; proceso en el cual hay falsedades documentales y de toda laya, acreditadas en su momento por el ex juez Marquevich.
Ni hablar del falso relato de lo sucedido todos estos años con la causa: si se llevan más de diez años tratando de esclarecer la verdad, no fue precisamente porque los hermanitos y el Grupo que está detrás de ellos, hubieran colaborado gustosos con la justicia en todas las instancias.
También queda claro en las declaraciones del ex juez Cavallo, a quien le corresponde la autoría intelectual del fallo de la Cámara de Casación Penal que en su momento analizamos acá, y que estableció de rondón y sin que nadie lo plantease, la cuestión del corte temporal en las desapariciones como criterio para determinar los cruces de muestras de ADN.
Lo curioso es que la línea argumental de Clarín es insistente en hablar de diez años de persecución orquestados desde el poder político nacional, lo cual implicaría que la acusación comprende por ejemplo a De La Rúa y a Duhalde, que de ser cierto habría sido tremendamente incoherente: perseguir sistemáticamente a quienes luego beneficiaría salvando de la quiebra con la ley de bienes culturales y la pesificación de una deuda de tres mil quinientos millones de dólares.
Si alguien alimentó las sospechas de que Marcela y Felipe fueran hijos de desaparecidos no fue el gobierno -ni el de Cristina, ni el de Néstor-, sino el propio Grupo Clarín con sus actitudes: trampas, mentiras y chicanas legales de todo tipo, durante más de diez años, y pasando por muchos jueces distintos que tuvieron a su cargo la causa.
Como no podía ser de otro modo, bastó que se conocieran los resultados, para que el coro de loros a sueldo (¿o gratis?) de la oposición hicieran fila para aprovechar el asunto para pegarle al gobierno: Carrió, De Narváez (una voz autorizada si de pedir disculpas por exabruptos se trata), Alfonsín, Ritondo y hasta el Golden Boy Redrado. Increíble, pero cierto.
La postura de Clarín (con todo lo que se juega en el caso) es comprensible, como también es comprensible que, si la investigación judicial concluye en que Marcela y Felipe no son hijos de desaparecidos, el gobierno sufrirá un daño político considerable.
Pero de allí a la incontinencia verbal de los dirigentes opositores media un enorme trecho: si las cosas eran tan claras desde el principio, si todo era nada más que una patraña o una campaña persecutoria montada desde el poder, ¿por qué no se unieron ellos a las Abuelas en el reclamo para que los análisis se hagan, si de estos surgiría prístina la verdad?
Hubieran evitado de ese modo lo que ellos llaman la "apropiación" por parte del kirchnerismo de la lucha de las Abuelas, y de los organismos de derechos humanos.
¿Ignora acaso el primitivismo conceptual de esta gente que la búsqueda de la identidad de los hijos y nietos de los desaparecidos es -desde su origen- una "causa política"?
¿Qué quiere decir el cada día más limitado Ricardito Alfonsín con que el gobierno "violó la libertad de las personas y la confidencialidad de los procesos", si se han respetado en el caso todas las garantías de los hermanitos (que abusaron hasta el hartazgo de todo tipo de chicanas procesales), y los propios medios hegemónicos dan a conocer todos los avatares de la causa antes de que algunas de las propias partes intervinientes sean notificadas?
¿O no dudaban hasta ayer, el propio Clarín, La Nación y su cadena de medios y la propia dirigencia opositora sobre la confiabilidad del BNDG porque decían que lo controlaba el gobierno, o dependía de las Abuelas de Plaza de Mayo, aun sabiendo que eso era falso?
Y si los resultados hasta acá producidos con los exámenes se revierten con las muestras que faltan, ¿de qué se van a disfrazar todos estos papanatas apurados por quedar bien con Ernestina y Magnetto?
¿Confían en la opinión de la justicia o en la opinión de Clarín?
O mejor dicho: ¿sólo confían en la justicia si los resultados de su trabajo son los que espera Clarín, en este caso y en todos aquéllos en los que están en juego sus intereses, como Papel Prensa o la ley de medios?
Curiosos republicanos estos, que hablan todo el tiempo de respetar la independencia de los poderes.
Después de todo, si el gobierno paga costos en este caso no será más que por eso; por lo que las Abuelas vienen peleando desde hace años, en este caso y en todos los demás.
Y lo peor de todo es esto: no hace falta raspar mucho en este tema para darse cuenta que -Clarín y los hijos de Ernestina aparte- lo que verdaderamente plantean muchos opositores es una clausura a la política de revisión del pasado con memoria y justicia, algo que involucra tanto encontrar culpables como declarar inocentes, por si no lo saben.
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