Desde acá no podemos sino coincidir con el enfoque de Agustín Rossi a un aspecto central que hace a abordar los graves problemas de inseguridad que padecen muchos lugares de la provincia de Santa Fe: acá pueden acceder al conjunto de posteos que vinimos haciendo en el blog sobre el tema.
Si bien en materia de seguridad no hay soluciones mágicas, y hay que escapar a la tentación que a ese respecto ofrecen las llamadas políticas "de mano dura", no es menos cierto que hay que encarar con decisión el problema, sabiendo de antemano que el Estado cuenta con un aparato organizado para brindar seguridad a sus ciudadanos, que es la fuerza policial.
La cuestión entonces no es no tener policía, sino como hacer que sea mejor, más confiable, democrática, profesional y efectiva; para que cumpla en definitiva el rol para el que fue creada, y esa es sin duda -como lo señalábamos en las anteriores entradas- una de las grandes deudas de la democracia reconquistada en 1983, en todas las provincias y en el Estado nacional.
Y en ese sentido la deuda del socialismo con los santafesinos es importante, y tiende a acrecentarse, porque como representación del poder político claudicó en toda la línea frente a las presiones de la corporación policial, que se siguió manejando por su propia cuenta, operando con su propia agenda y sin ningún control efectivo de las autoridades civiles.
Los tristes hechos de estos días (con el asesinato en Rosario de tres militantes sociales, y la atribución del caso al remanido "ajuste de cuentas" por parte de la policía) no son más que la corroboración de ese proceso; y de allí que Rossi acierta en el diagnóstico, porque el autogobierno policial está en el corazón del problema.
Sobre todo cuando posibilita ocultar complicidades con el delito organizado (que termina siendo siempre, de un modo directo o indirecto, el responsable de los hechos cotidianos de inseguridad, por aislados que puedan parecer).
Sin embargo, y a fuer de ser honestos, no sólo el socialismo en sus dos gobiernos ha sido responsable de que la fuerza policial se autogobernara: los legisladores de la oposición del PJ (incluyendo a los del sector que reconocen el liderazgo de Agustín Rossi) votaron en el 2009 la Ley 13.030, por la que se reestablecieron las tristemente célebres juntas de calificación de la Policía; y en el 2010 hicieron lo propio con la Ley 13.162.
En virtud de ambas, los ascensos policiales volvieron a hacerse de acuerdo con los métodos y prácticas que vienen de la dictadura; que habían sido reemplazados por la reforma impulsada por el gobierno de Obeid entre 2004 y 2006, aprobada con amplio consenso de todas las fuerzas políticas en la Legislatura.
Reforma que el gobierno de Binner nunca intentó aplicar, justamente porque cedió a las presiones de la corporación policial; pese a que las leyes están plenamente vigentes, y nada le impedía aplicarlas en lo que tiene que ver con los ingresos a la Policía y con el régimen de ascensos.
Y dejar a la Policía librada a su propia iniciativa es el punto de partida del fracaso de cualquier política de seguridad democrática -como lo estamos comprobando los santafesinos a diario-, y ni siquiera garantiza que desaparecerán las tensiones hacia el interior de la fuerza, como se puede ver acá:
De modo que una actitud coherente con la clara definición política de Agustín Rossi respecto al control del poder político sobre la Policía, sería exigirle al gobierno de Bonfatti la inmediata aplicación de la Ley 12.521 que regula el desempeño del personal policial, y que los ingresos y ascensos dentro de la fuerza se produzcan por los concursos que esa norma prevé.
Eso para empezar, porque claro está que el problema es más complejo.
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