Nadín Argañaraz es el presidente del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), que produce periódicamente informes sobre el comportamiento de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias; y firma en La Nación de ayer esta columna de opinión sobre las dificultades fiscales que están atravesando muchas provincias.
La tesis central del artículo es que esas provincias resolverían sus problemas si se rediscutiera el federalismo fiscal para dotarlas de mas recursos (algo que en abstracto se puede compartir), y que la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, si bien habría crecido desde el 2003, aun es comparativamente menor a la de la década del 90'; en perjuicio de las provincias.
Para eso Argañaraz toma el conjunto de los ingresos fiscales, exceptuando los aportes y contribuciones a la seguridad social porque -señala- no son coparticipables.
El análisis es incompleto, con lo que termina siendo falso.
El economista de cabecera de este blog, Diego Rubinzal, hace un tiempo demostraba acá con números contundentes, como los recursos que el Estado nacional transfiere a las provincias estuvieron en torno al 6 % del PBI durante la década del 90', para comenzar a subir ininterrumpidamente en los años del kirchnerismo; hasta llegar al 9,4 % del PBI en el 2010.
Y además decía Diego que las transferencias automáticas (que involucran centralmente a la coparticipación federal) de la Nación a las provincias pasaron del 3,4 % del PBI en 1998, al 5,6 % del PBI en el 2010.
La comparación que sólo toma en cuenta la masa de recursos captados por el Estado nacional (que sería el 100 %), para ver cuanto se remite a las provincias, y que lleva a Argañaraz a decir (bien que veladamente) que en los 90' estábamos mejor o éramos más federales (porque las provincias se llevaban el 52 % contra el 42 % de ahora, según sus cifras) omite un dato central: el sostenido crecimiento de la presión tributaria desde el 2003 hasta hoy, como consecuencia del aumento de los aportes y contribuciones a la seguridad social (por el crecimiento del empleo registrado), y -sobre todo- de los derechos de exportación, es decir las famosas retenciones.
Elemento clave del modelo económico instaurado a partir del 2003, las retenciones son una consecuencia lógica e inevitable de la salida de la Convertibilidad y el ajuste del tipo de cambio (lo que se convirtió en un fortísimo estímulo para las exportaciones y la sustitución de importaciones); y son la herramienta por excelencia que tiene el Estado nacional para captar parte de los excedentes económicos que generó ese reacomodamiento de las variables macroeconómicas.
Y como todos saben, los derechos de exportación corresponden al Tesoro nacional (artículo 4 de la Constitución Nacional) y no son coparticipables; por lo que es erróneo incluirlos en el cálculo de la relación Nación-provincias.
De hecho, si se los excluye, la comparación con los 90' en términos de la distribución de recursos Nación-provincias resultaría también ventajosa para el kirchnerismo, pero sobre la base de una mayor presión tributaria, y una mejor recaudación del Impuesto a las Ganancias (que se coparticipa a las provincias); lo que junto a las retenciones hizo que además esa mayor presión tuviera un sesgo más progresivo, aun sin haber encarado una reforma a fondo del sistema tributario.
Todo eso sin contar que hoy el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja se transfieren automáticamente a las provincias (como la coparticipación) a través del Fondo Federal Solidario (FFS), vulgarmente llamado Fondo Soja.
Claro está que nada de lo dicho implica que no se deba discutir el federalismo y sus implicancias fiscales, o que las provincias no deban apuntar a modificar sus sistemas tributarios para captar mayores rentas propias de sectores económicos que pueden aportarlas, como el agropecuario.
Pero esa discusión se debe encarar sin falsear la realidad.
Para eso Argañaraz toma el conjunto de los ingresos fiscales, exceptuando los aportes y contribuciones a la seguridad social porque -señala- no son coparticipables.
El análisis es incompleto, con lo que termina siendo falso.
El economista de cabecera de este blog, Diego Rubinzal, hace un tiempo demostraba acá con números contundentes, como los recursos que el Estado nacional transfiere a las provincias estuvieron en torno al 6 % del PBI durante la década del 90', para comenzar a subir ininterrumpidamente en los años del kirchnerismo; hasta llegar al 9,4 % del PBI en el 2010.
Y además decía Diego que las transferencias automáticas (que involucran centralmente a la coparticipación federal) de la Nación a las provincias pasaron del 3,4 % del PBI en 1998, al 5,6 % del PBI en el 2010.
La comparación que sólo toma en cuenta la masa de recursos captados por el Estado nacional (que sería el 100 %), para ver cuanto se remite a las provincias, y que lleva a Argañaraz a decir (bien que veladamente) que en los 90' estábamos mejor o éramos más federales (porque las provincias se llevaban el 52 % contra el 42 % de ahora, según sus cifras) omite un dato central: el sostenido crecimiento de la presión tributaria desde el 2003 hasta hoy, como consecuencia del aumento de los aportes y contribuciones a la seguridad social (por el crecimiento del empleo registrado), y -sobre todo- de los derechos de exportación, es decir las famosas retenciones.
Elemento clave del modelo económico instaurado a partir del 2003, las retenciones son una consecuencia lógica e inevitable de la salida de la Convertibilidad y el ajuste del tipo de cambio (lo que se convirtió en un fortísimo estímulo para las exportaciones y la sustitución de importaciones); y son la herramienta por excelencia que tiene el Estado nacional para captar parte de los excedentes económicos que generó ese reacomodamiento de las variables macroeconómicas.
Y como todos saben, los derechos de exportación corresponden al Tesoro nacional (artículo 4 de la Constitución Nacional) y no son coparticipables; por lo que es erróneo incluirlos en el cálculo de la relación Nación-provincias.
De hecho, si se los excluye, la comparación con los 90' en términos de la distribución de recursos Nación-provincias resultaría también ventajosa para el kirchnerismo, pero sobre la base de una mayor presión tributaria, y una mejor recaudación del Impuesto a las Ganancias (que se coparticipa a las provincias); lo que junto a las retenciones hizo que además esa mayor presión tuviera un sesgo más progresivo, aun sin haber encarado una reforma a fondo del sistema tributario.
Todo eso sin contar que hoy el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja se transfieren automáticamente a las provincias (como la coparticipación) a través del Fondo Federal Solidario (FFS), vulgarmente llamado Fondo Soja.
Claro está que nada de lo dicho implica que no se deba discutir el federalismo y sus implicancias fiscales, o que las provincias no deban apuntar a modificar sus sistemas tributarios para captar mayores rentas propias de sectores económicos que pueden aportarlas, como el agropecuario.
Pero esa discusión se debe encarar sin falsear la realidad.
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