LA SEQUÍA NOS TIENE SECOS

 

Antes que nada, pongámonos de acuerdo en algo: la sequía existe, no es un invento y es grave, porque tiene consecuencias profundas en todo el tejido social en vasta regiones de la Argentina.

Prioritariamente preocupa por las graves dificultades que acarrea la falta de agua potable bastante y segura para el consumo humano, y ya en el plano de las actividades productivas, por lo que afecta a la agricultura familiar; cuyos protagonistas en la mayoría de los casos no tienen las espaldas financieras de otros jugadores del mercado agropecuario, para soportar las contingencias adversas del clima.

Contingencias que en el caso de la actividad agropecuaria son parte del álea normal y habitual del negocio: ya decía allá por 1877 Carlos Pellegrini que nuestra riqueza no podía depender del humor de las nubes, abogando porque el país tuviera un desarrollo industrial.

Sin embargo, una recorrida por los principales medios basta para corroborar que lo que tiene que ver con la fuerte sequía que afecta a varias provincias argentinas, está enfocado no desde el punto de vista de la población común, o de los pequeños agricultores familiares, sino que es una excusa más para volver a poner en primer plano los reclamos de los empresarios del sector privilegiado del campo, nucleados en la Mesa de Enlace.

Ayer nomás destacábamos acá como Eduardo "Amigazo" Buzzi aprovechaba la volada para pedir la suspensión de las retenciones a las exportaciones, medida mágica que -al parecer- si no tiene la virtud de hacer llover, obraría como panacea de todos los males del "campo".

Para entender hasta que punto los reclamos del campo privilegiado están hechos carne en nuestra historia (como quedó demostrado con la vasta adhesión que en su momento despertó la asonada del 2008 en sectores que tienen menos tierra que una maceta), basta recordar que el sector agropecuario es el único que tiene normatizado por el Estado un sistema de asistencia permanente para este tipo de contingencias; como lo son los regímenes de emergencia agropecuaria.

No hay "emergencia industrial", por ejemplo si determinados países cierran sus mercados a los productos industriales argentinos, o si nos invaden masivamente productos manufacturados de otros países: más allá de algunas herramientas aduaneras y de administración del comercio exterior, no se prevé por ejemplo que el Estado ayude a la industria condonánle impuestos o prorrogándole los vencimientos, como sí ocurre en el caso de la actividad agropecuaria.

Actividad que en las últimas décadas incorporó masivamente la genética y la tecnología al proceso productivo, de un modo que ha impactado decisivamente en los niveles de producción y rentabilidad del sector; y que ha sumado a partir del boom de ciertos comodities como la soja, la incorporación masiva de capitales financieros que aportan al negocio, porque las rentabilidades son importantes.

Todas esas características -que se corresponden con niveles de desarrollo de un capitalismo de avanzada- contrastan fuertemente con el hecho de que la enorme mayoría de los productores del campo privilegiado no utilicen -sino en pequeñísima proporción- instrumentos también propios de ese desarrollo capitalista; como los seguros de riesgo agrícola que les permitirían cubrir las pérdidas que les ocasionan los fenómenos climáticos adversos, como es ahora la sequía.  

Ese comportamiento es más propio del habitual comportamiento rentístico de  nuestra burguesía criolla, acostumbrada -sobre todo en el caso de la actividad agropecuaria- a influir sobre el Estado para asociarlo en sus pérdidas, pero defender cerrilmente sus ganancias: exactamente eso fue lo que pasó en el 2008 con el conflicto de la Resolución 125, y en el 2009 (apenas unos meses después) con la anterior sequía prolongada.

Claro que el discurso campestre nunca reconocerá esto, y por eso Buzzi y otros agrogarcas dicen lo contrario, apuntando a la parte de la renta agraria diferencial que el Estado capta a través de las retenciones.

El pedido de suspensión de las retenciones es altamente burdo, porque contrasta con el hecho (comprobable por cualquiera que ande por los caminos argentinos, con campos a la vera) de que buena parte de la anterior cosecha (en especial de soja) sigue sin comercializarse en espera de mejores precios, justamente porque la sequía tiene esa contracara: las menores expectativas de cosechas futuras, mueven a la alza las cotizaciones de granos y oleaginosas.

Como igualmente burdas son las compadradas de Buzzi apelando a la bucólica figura del pobre gaucho que mete las patas en el maizal, en una asamblea de más que probables millonarios panzones cuya actividad principal -en muchos casos- es sentarse a tomar vermouth en el bar del pueblo (si es que siguen viviendo ahí), o entrar a ver por Internet a cuanto cerró la soja en Chicago; porque al campo lo tienen arrendado y lo trabaja otro.   

Que decir de las estimaciones que se lanzan al voleo sobre las pérdidas del sector, que se atropellan unas con otras, como pueden ver en la imagen que ilustra el post, y que corresponden a dos sitios on line de la misma empresa (La Nación); o que llevan a cálculos disparatados como señala acá Artemio López.

Acá también se da un contrasentido: a la hora de declarar pérdidas, aparecen cosechas y hectáreas sembradas que nadie sabía que estaban, porque nunca fueron declaradas; lo mismo que sucede cuando se discuten los cupos de exportación de maíz o trigo; ahí la siembra y la cosecha son el doble o el triple que a la hora de pagar impuestos, un clásico de nuestros esforzados chacareros.

Y el coro de lamentos de la Mesa de Enlace y sus medios satélites (fuertemente vinculados al entramado de negocios del sector,con emprendimientos como Expoagro) se suman las voces que, desde la oposición, hacen causa común con los agrogarcas (algo que intentaron electoralmente en el 2009 y el año pasado, con suerte diversa) y reclaman que el Estado nacional tome de inmediato medidas para ayudar al sector.

Y cuidado con que algún funcionario (como el Ministro Yahuar) diga que van a analizar la situación, para asegurarse que la ayuda le llegue a quien verdaderamente la necesita, porque ahí le caen con todo.

Pero volvamos al asunto de los regímenes de emergencia agropecuaria: en el orden nacional, en el 2009 se dictó la Ley 26.509 que estableció el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios;  a la que la provincia de Santa Fe adhirió en el año 2010 por la Ley 13.147, que declaró directamente operativa en el ámbito provincial a la norma nacional.  

La ley nacional crea el FONEDA (Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios), y establece que no podrá tener una asignación inferior a los 500 millones de pesos en el Presupuesto nacional de cada año; en el de éste año son 520 millones de pesos, que se pueden destinar para otorgar aportes no reembolsables para gastos de inversión que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños productores agropecuarios; o establecer líneas de crédito especiales, para las medidas estructurales de mitigación en el establecimiento agropecuario.

Una vez declarado el estado de emergencia agropecuaria o desastre el Fondo podrá brindar asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o zona de desastre, aplicando de acuerdo a la situación individual de cada productor medidas especiales; así como asistencia técnica y financiera, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia, facilitando en esos casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.

La adhesión de la provincia de Santa Fe al sistema supone dos cosas: que instrumente mecanismos similares de asistencia a los productores, con recursos propios; y que además declare previamente el estado de emergencia o desastre agropecuario (la diferencia está en el grado de afectación de las explotaciones por el fenómeno, en este caso la sequía).

El gobierno del Frente Progresista no ha hecho ni una cosa ni la otra hasta hoy, y recién está previsto que esta tarde se reúna la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que prevé la Ley 11.297 (1995) e integran representantes del Estado y las patronales del campo; y en todo el Presupuesto del Ministerio de la Producción (que representa apenas el 0,41 % del presupuesto total de la provincia) tiene asignado apenas $ 807.000 para emergencia agropecuaria: una quinta parte de un stand en Expoagro, para ponerlo en perspectiva.  

Más aun: en plena campaña electoral el entonces candidato a gobernador Agustín Rossi presentó un proyecto para crear un Fondo de Reparación Histórica del Norte Santafesino (hoy la zona más golpeada por la sequía), que se conformaría con el 20 % de los fondos que Santa Fe recibe del Fondo Federal Solidario (es decir la coparticipación de parte del producido de las retenciones a las exportaciones de soja); lo que este año representarían unos 162 millones de pesos.

Pese a que la idea iba incluso en línea con el tan remanido discurso de "el campo pone tanto de retenciones y no le devuelven nada", el proyecto (que era más amplio que mitigar problemas de emergencia agropecuaria, porque apuntaba a realizar obras de infraestructura largamente postergadas en la región) cayó en saco roto, y al Frente Progresista nunca le interesó impulsarlo.

Peor aun: el gobierno de Binner culminó sin que tampoco cumpliera con lo dispuesto por la Ley 13.066 de redistribuir con intervención de la Legislatura los excedentes del Fondo Soja recibidos por encima de los previstos en el Presupuesto, los que permanecen inmovilizados desde diciembre del 2010; y hubieran posibilitado aliviar la situación de algunas comunidades del norte o encarar obras necesarias para asegurar la provisión de agua para consumo humano, o para uso del ganado.  

Con lo que la única ayuda que llegó hasta ahora son 15 millones de pesos aportados por la Nación, que por supuesto a la gente de Federación Agraria y las demás entidades de la Mesa de Enlace les parecerán siempre pocos: tal vez si se pusieran a juntar en baldes las lágrimas de los dirigentes agrogarcas, resolverían el problema de la sequía.