BONO NAVIDEÑO

Hoy se vence el plazo de diez días que acordaron el gobierno y la CGT para el primero diera respuesta al pliego de demandas de la segunda, bajo la amenaza de concretar el paro que hasta hoy permanece “latente”, y sin fecha cierta de realización; y a esta altura de las cosas y por efecto de la dinámica de los acontecimientos, que termine o no habiendo paro parece poco menos que irrelevante.

Más aun: los propios dirigentes sindicales parecen no reparar en que ellos mismos contribuyen a bajarle el precio al eventual paro y sus efectos, cuando dicen que hay funcionarios del gobierno que lo estarían acicateando, “porque les sale más barato que otorgar un bono”.

Lo que no implica que esa lectura no sea cierta: si nos atenemos a las declaraciones de los funcionarios del gobierno, hasta acá han sumado una tras otra provocación y mojada de oreja a la dirigencia sindical como si quisieran empujarla al paro; acaso suponiendo que éste no tendría gran adhesión ni efectividad, o que el desprestigio del sindicalismo es mucho mayor que el desgaste del gobierno como consecuencia de los efectos de sus políticas.

Como también es cierto que en las conversaciones con el gobierno y en sus manifestaciones públicas la dirigencia de la CGT viene reculando en chancletas; tanto que arrancaron reclamando la reapertura de las paritarias (o defendiendo su derecho a reabrirlas, sin ingerencia del Estado) para terminar discutiendo un bono navideño,  que ellos mismos califican como “migaja”.

Resignar el reclamo de reapertura de las paritarias no es un dato menor: al archivarlo la CGT está convalidando el brutal retroceso de los salarios reales producido éste año (que algunos miden entre los 10 y 15 puntos) como consecuencia del combo de medidas aplicadas por el gobierno de Macri desde el inicio mismo de su gestión; lo que sería un gesto de “apoyo” al gobierno que éste ni siquiera estuvo cerca de obtener de los empresarios cuyos intereses defiende con tanto ahínco.

Si procediendo de ese modo la CGT alimenta la duda respecto a su capacidad no para organizar un paro sino para garantizar que tenga una amplia adhesión (para lo cual es clave la conducta de los gremios del transporte), más dudas arroja respecto a si tiene claro como seguiría la cosa después del paro: en su obsesión por no dejarse marcar la agenda por la CTA y los movimientos sociales (no hay que menospreciar en eso cierto reflejo maccartista de otros tiempos en muchos dirigentes gremiales), termina dejando que se la marque el gobierno.

Es que ese interrogante apunta a una discusión más de fondo que tiene que ver con a que sectores quiere representar en definitivas la CGT, lo que terminará definiendo su pliego de demandas, y sus prioridades; algo que en el gobierno de Cristina estaba claro: a los trabajadores formalizados de mayores ingresos, de allí que se dispararan a repetición uno tras otro paro reclamando por Ganancias, con una decisión que hoy falta cuando el contexto socio-económico es mucho más complicado; pues no solo está amenazado el salario (de todos los trabajadores, empezando por los informales y los formalizados de menores ingresos), sino también el empleo, como lo advirtió la propia Cristina en su discurso de despedida del gobierno.

En un reconocimiento implícito del nuevo cuadro de situación, superando viejas prevenciones y con un buen empujón papal, la nueva conducción de la CGT anudó lazos con los movimientos sociales, pero parece quedar claro que era más porque la confluencia le interesaba al Papa Francisco, y porque esos grupos pretendieron cobrar mayor autonomía del dispositivo kirchnerista y de la conducción de Cristina, que porque la CGT asumiera su agenda como propia: la propia calificación despectiva del bono que ofrecería el gobierno como “migajas” y el escaso acompañamiento de la dirigencia gremial a la “emergencia social” que impulsa el bloque de Pichetto en el Senado así lo demuestran.

Desde que se cerrara el proceso de reunificación de la CGT, el cuadro económico y social ha empeorado bajo cualquier aspecto que se lo quiera considerar (salarios, empleo, consumo, nivel de actividad, tarifazos), con lo cual las condiciones objetivas para avanzar en un paro y otras medidas de protesta existen. Suponer que no se definen por algún canje de favores con los fondos de las obras sociales, o por temor a los “carpetazos” judiciales (tras la detención del “Caballo” Suárez y la denuncia contra Caló) sería simplificar en extremo el análisis de un proceso que es más complejo; y del cual la dirigencia de la CGT teme perder el control.

La CGT cerró su proceso de unificación haciendo un esfuerzo ostensible por “meter a todos adentro”, en espejo con lo que desde distintos sectores se reclamaba para la recomposición del peronismo tras la derrota electoral; pero luego de eso (y en medio de eso también) no dejó prácticamente error por cometer: esterilizó las proyecciones de la contundente marcha del 29 de abril para impulsar la sanción de la ley anti-despidos no generando ninguna acción hacia el Congreso para exigir el rechazo al veto de Macri, siendo además que desde entonces aumentaron lo despidos y suspensiones, en todos los sectores.

Del mismo modo, así como no protestó contra los masivos despidos en el Estado con que Macri inauguró su gestión (porque involucraban a la “grasa militante”, o porque la mayoría de los gremios estatales se enrolan en las CTA), Andrés Rodríguez de UPCN y miembro prominente de la conducción cegetista dijo que a él “no le constaban” las declaraciones de Prat Gay denostando a la militancia, o que los despidos tuvieren un propósito de persecución política. Salvando las distancias, hay que remontarse a los “olvidos” de Triacca padre y Baldassini en el juicio a las juntas militares sobre las desapariciones de trabajadores y dirigentes sindicales para encontrar registros de una canallada semejante.

Pese a las promesa de campaña, no hubo cambios en Ganancias (y está por verse cuando se producirán y con que magnitud), siguió el proceso inflacionario (en especial en alimentos y productos básicos) y se consolidó el tarifazo en gas, agua y luz; pese a una discusión social y judicial en la que la dirigencia de la CGT tuvo un rol opaco y secundario, porque otros sectores sociales llevaron el protagonismo y la delanter en la lucha. Incluso hubo guiño de algunos gremios (como los petroleros de Pereyra) a la brutal recomposición de los precios del gas en boca de pozo pergeñados por Aranguren y el gabinete de lo CEOS. Sirvan este ejemplo y el de Rodríguez para ver cuanto lastre arrastró la CGT, en aras de conseguir “la unidad con todos adentro”.

Es cierto que en tiempos de alza del empleo y el salario es común que el sindicalismo tienda a la fragmentación como parte de la puja distributiva (en el caso argentino, con el aditamiento de la disputa intrasindical por afiliaciones y representación); mientras que a la inversa cuando la cosa viene mal tienda a unificarse, pero éste proceso entre nosotros tuvo matices que deben señalarse.

El proceso de unificación de la CGT tuvo un claro sentido político: tras el ostracismo de los últimos años del kirchnerismo (por el conflicto entre Cristina y Moyano) la idea de una CGT unificada era influir en la interna del peronismo, aportando el peso específico de un centro unificado a un peronismo disgregado y en debate; y por que no decirlo: ofrecerle una plataforma de apoyo sindical a Massa, que por entonces refulgía como la estrella en ascenso de un peronismo sumergido en la crisis.

El opacamiento de Massa (su “no lugar” del que hablábamos acá) como consecuencia de la dinámica del proceso político que está agrandando la “grieta” lejos de achicarla, y la paralización de un PJ incapaz de definir nada (ni siquiera una postura y estrategia comunes ante el avance de la reforma política en el Congreso) impactan sobre esta estrategia política que presidió el proceso de reunificación de la CGT; y sobre su predicamento en la sociedad: la discusión por el “plan de reconversión productiva” presentado por el gobierno a la UIA no los tiene ni siquiera como convidados de piedra, pese a que podrían tener puntos de contacto con los sectores del empresario que se verán afectados si se lo pone en práctica, y a que el “plan” apunta directamente a los niveles de empleo, salarios y las regulaciones laborales.

El llamado de Palazzo en el acto de Atlanta para que la CGT se dé una estrategia sindical más clara, advirtiendo al mismo tiempo que ésta solo puede venir de la mano de una estrategia política definida para posicionarse frente al gobierno de Macri está poniendo el dedo en la llaga: el tiempo de las indefiniciones se va agotando, las presiones “de abajo” (léase delegaciones regionales de la propia central obrera, gremios con conflictos en ascenso) van creciendo y se genera un marco dentro del cual -más temprano que tarde- los propios supuestos de la “unidad” tan trabajosamente lograda serán puestos en entredicho: algo de eso se pudo ver en la activa participación de sindicatos alineados en la CGT (en especial los agrupados en la Corriente Federal) en la Marcha Federal convocada por las dos CTA.