VUELVEN LAS "INDUSTRIAS ARTIFICIALES"

Paso prácticamente desapercibido y tuvo poco rebote en los medios la presentación que el gobierno hizo ante la cúpula de la UIA de lo que denomina el “Plan Productivo”, un presunto intento de reconversión de la estructura industrial del país a partir de la diferenciación de sectores más o menos “competitivos”; siguiendo el ejemplo de Australia, y retomando aquélla vieja idea de Martínez de Hoz sobre la existencia de industrias “artificiales”, que no podían subsistir ni el Estado tenía por qué fomentarlas.

Dentro de los elementos disponibles para el análisis (en particular un resumen con cuadros y gráficos explicativos que anda circulando) y desde nuestra modesta opinión (que con es por cierto experta en la materia, ni mucho menos) nos parece necesario formular algunas reflexiones al respecto.

El “Plan” parte de elementos reales, como la necesidad de reformular el modelo productivo del país y en especial el de su sector industrial, porque tal como está planteado hoy agrava la restricción externa de la economía porque hay sectores que son altamente demandantes de divisas (como las automotrices y el complejo electrónico de Tierra del Fuego), e inciden negativamente en la balanza de pagos.

Sin embargo a partir de allí, el “Plan” parece asentado sobre supuestos teóricos al menos discutibles: sin explicitar a fondo cuáles son las semejanzas y diferencias entre nuestro país y Australia que harían viable la traslación de la experiencia de ése país, el “Plan” poco y nada dice del mercado interno y el consumo como motores principales de la demanda agregada: por el contrario, toda la reformulación del tejido industrial parece centrada en la exportación.

Un enfoque que omite la creciente debilidad actual del comercio internacional que se traduce en una sensible merma de la demanda de nuestros productos, incurriendo así en el mismo error de diagnóstico con el que el gobierno encaró el estancamiento de las “economías regionales”; que creyó solucionar devaluando la moneda y eliminando retenciones y restricciones a las exportaciones.

Por no decir que un modelo de menor diversificación industrial basado en la “especialización” por “competitividad exportadora” sumaría mayor vulnerabilidad de la economía en general a los shocks externos, sea por baja de precios, caída de la demanda o la conjunción de ambos factores.

En cierta medida la “reconversión” planteada en el plan ya comenzó, tanto que tuvo como punto de partida el nuevo contexto emergente de las políticas del gobierno de “Cambiemos”, con la salida del cepo y la consiguiente devaluación que significó una brutal transferencia de ingresos a favor de los sectores exportadores (incluyendo a los industriales), que les abarató el costo salarial medido en dólares; mientras subía considerablemente los costos de producción para muchos sectores de la industria vinculados al mercado interno.

Y comenzó también con una apertura indiscriminada de las importaciones que, en combo fatal con los aumentos de tarifas, la suba de las tasas de interés y la caída del mercado interno por la merma en el consumo ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, está haciendo estragos en la mayoría de las industrias "a reconvertir".

Conteste con la ideología del gobierno, el rol que el “Plan” parece asignar al Estado no es regulador ni planificador, sino simplemente orientador de las decisiones del mercado, o -menos que eso- acompañante de éstas.

Un Estado que además desde la asunción de Macri viene marcando un retroceso de la inversión pública no solo en términos de obras de infraestructura necesarias para la producción (algo que promete reactivar el año que viene), sino de desarrollos tecnológicos de punta impulsados por él, y de cadenas de proveedores nacionales asociadas a ellos; cuestión que se puede verificar por ejemplo en la reformulación de los planes de inversión y desarrollo de ARSAT S.A., INVAP, Nucleoeléctrica Argentina (que administra las centrales nucleares) o YPF.

Al mismo tiempo y como se ha explicado acá el gobierno impulsa una fuerte desregulación de las contrataciones estatales, la virtual derogación del “compre argentino” y la apertura indiscriminada de los contratos del Estado al capital extranjero, en condiciones sumamente favorables para éste.

La centralidad que asigna el “Plan” a la inversión extranjera sin un control adecuado del flujo de divisas y capitales (por el levantamiento del “cepo”), ni la fijación de prioridades para la corriente inversora, ni sectores críticos o excluidos de la penetración del capital extranjero o sujetos a mayores controles o restricciones por el Estado, conlleva el riesgo cierto de aumentar la ya elevada extranjerización y concentración de la economía y dentro de ella, del sector industrial; lo que pondría más aun en manos ajenas al país el control de las decisiones centrales de la estructura productiva.

Por otro lado los cambios en la regulación de defensa de la competencia que promueve el gobierno favorecen objetivamente las fusiones y adquisiciones de empresas nacionales por capitales extranjeros; y una inversión de ese tipo (materializada exclusivamente en la compra de activos preexistentes) no necesariamente amplía la capacidad productiva ni mejora la competitividad de la industria, o de la economía en general.

También parece dificultoso el acceso de la industria al financiamiento en un contexto de desregulación del sistema financiero que encareció objetivamente el crédito, licuó en términos prácticos la línea de crédito productivo que venía del kirchnerismo, y apuesta a un esquema de tasas de interés altas en términos reales; sin que existan al mismo tiempo mecanismos sólidos de canalización del ahorro nacional hacia la producción; lo que menos ha de lograrse con un blanqueo donde vendrán (si vienen) capitales destinados a la especulación financiera de corto plazo, como los que están llegando desde la llegada del nuevo gobierno.

Por otro lado y suponiendo que el “Plan” se pusiera en marcha, en la transición encontraría severas dificultades para desplegarse, creadas por las decisiones del propio gobierno: la financiación a los exportadores para permitirles “recuperar competitividad” consistió en otorgarle un plazo de hasta cinco años para liquidar las divisas en el mercado cambiario, lo que supone acentuar los riesgos cambiarios provenientes de la escasez de divisas genuinas para atender las demandas de la economía (en especial las importaciones de bienes de capital e insumos para el proceso productivo), que se vienen supliendo con un creciente endeudamiento público y privado que -más tarde o más temprano- termina condicionando la viabilidad del conjunto de la economía.

Tal como está diseñado el “Plan” no plantea una estrategia de integración del país para reducir asimetrías de desarrollo entre provincias y regiones; y tal como lo hiciera en la cuestión de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, se saltea por completo la discusión social sobre el perfil del modelo industrial y los costos asociados al que se escoja sobre el empleo, el salario y el consumo.

De hecho, los sectores definidos como “competitivos” y que serían los pivotes del entramado industrial a partir de su inserción exportadora, por regla general son poco demandantes de mano de obra, y en no pocos casos (como el complejo agropecuario, salvo quizás el polo aceitero) está además mal remunerada, o percibe salarios por debajo de la media.