LA FRASE

"NO CREO QUE LA LEY DEL ARREPENTIDO SIRVA PARA EL CASO DE ARRIBAS, ESTABA PENSADA MÁS BIEN PARA EL KIRCHNERISMO." (PATRICIA BULLRICH)

jueves, 29 de diciembre de 2016

AL FINAL EL PREMIO LÁZARO LO TERMINÓ ENTREGANDO LIFSCHITZ COMO REGALO DE NAVIDAD


Medio en joda, medio en serio, desde la primera emisión de "Y nadie hace nada" (el programa que hacemos los lunes de 19 a 21 por la 100.9 FM Chalet) planteábamos nosotros si existían "Lázaros Báez" en la obra pública provincial y municipal; de los que nadie hablaba.

Es decir -según el esteterotipo construido por los medios en el caso del santacruceño- empresas o empresarios que ganaban seguido las licitaciones públicas y contratos del Estado, cobrando sobreprecios, incumpliendo las obligaciones a su cargo sin ser sancionados por eso, y beneficiados una y otra vez con adjudicaciones; que venían con "premios" incluidos: adicionales de otra, "trabajos extracontractuales", redeterminaciones de precios, reconocimiento de "costos improductivos".

Teníamos claro que los hay, y tienen nombre y apellido: Pecam S.A., Ponce Construcciones, Boscarino, Dycasa, Milicic, Mundo Construcciones, Edeca, Obring, Dinale. Algunos más pesados que otros, o con más contratos en su haber.

Por eso en el programa en joda plantéabamos entregar los "Premios", que terminaron compartiendo Pecam y Ponce Construcciones, uno por su presencia gravitante en la obra pública provincial en los gobiernos del socialismo (ver al respecto acá y acá), el otro en la municipalidad durante las gestiones de Corral y Barletta (ver por ejemplo acá o acá)

Lo que no imaginábamos es que el verdadero premio a los "Lázaros" provinciales se los iba a dar Lifschitz, con el decreto cuyas imágenes ilustran el post, dictado en la previa de la Nochebuena y la Navidad. Un regalo para el arbolito, digamos.


Explicamos de que se trata: con la excusa del "impresionante" plan de obras públicas que el gobierno piensa encarar, lo que hacen es aumentarles por decreto a las empresas contratistas (inscriptas en el Registro de Licitadores de Obra Pública) su capacidad de ejecución anual en un 150 % por un año, prorrogable por otro más.

La capacidad de ejecución es un indicador que utiliza el Registro para calificar a las empresas de acuerdo a su estructura y tamaño (capital, maquinaria y equipos), antecedentes en el tipo de obra de que se trate (por especialidad y monto o envergadura de los contratos) y de acuerdo con las obras que estén encarando simultáneamente o no por cuenta de las distintas reparticiones del Estado (las que adhieren al Registro para dar esa información, lo mismo las municipalidades).

De acuerdo con el resultado de esa calificación, se pueden presentar a las licitaciones y ser adjudicadas, y si su capacidad de ejecución es inferior a la exigida, quedan afuera. En este caso lo que hace el decreto es aumentar esas capacidades (que se expresan en pesos, para compararlas con los montos de los contratos), más allá incluso de cualquier índice de inflación para el último año, y esperemos que también los venideros (porque si la inflación anual supera el 150 %, estamos en el horno).

Para ponerlo en números, si para una licitación de 100 millones se exige una capacidad de ejecución de la misma magnitud (100 millones), lo que está haciendo el decreto es decir que una empresa con una capacidad de ejecución anual real de 40 millones, puede licitar esa obra.

De esa manera muchas empresas podrán participar de licitaciones de las que de otro modo no podrían participar, pero sin que se sepa a ciencia cierta si realmente están en condiciones de ejecutar las obras, en el caso de ser adjudicadas.   

Pero las más beneficiadas son las empresas que ya tienen muchos contratos con el Estado, porque así se aumenta también su capacidad "libre" de ejecución de nuevos contratos, que de otro modo se vería afectada por los contratos que están ejecutando; porque se van restando de esa capacidad de ejecución.

Y eso es así porque se considera que una empresa no puede estar involucrada al mismo tiempo en demasiadas obras, porque no daría abasto a hacerlas a todas (por ejemplo tendría que rotar equipos, o alquilarlos a otras empresas) cumpliendo los plazos contractuales, cosa que con esta norma cambia sustancialmente.

O sea un decreto a la medida de los amigos como Pecam, Ponce, las que se repartieron el Plan Abre y similares (más info al respecto, acá y acá).  Y si no nos creen, acá tienen otro ejemplo fresquito, de ésta semana:


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