LA FRASE

"QUE DESDE LA VICEPRESIDENCIA SE SOSTENGA UNA AGENDA QUE NO SEA LA DEL GOBIERNO ES ALGO QUE NUNCA SE HA VISTO." (JULIO COBOS)

domingo, 4 de diciembre de 2016

LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL TARIFAZO DE LA EPE: MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS


El 25 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de Santa Fe. la audiencia pública convocada por el gobierno de la provincia, y a causa de la pretensión del gobierno santafesino de aplicar un aumento en la tarifa de electricidad del 37 %.


La audiencia comenzó en la mañana con la exposición de los representantes de la Empresa Provincial de la Energía, quienes expusieron durante un plazo de cinco horas. Se reitera, cinco horas. 

Recién en horas de la tarde, se dio el uso de la palabra a los usuarios del servicio, en representación de los cuales se habían acreditado algo más de 30 expositores.


Naturalmente, la interminable y poco técnica exposición en relación al cuadro tarifario por parte de los miembros de la empresa, ocasionó el retiro de mucho público y también de parte de los expositores acreditados por parte de los usuarios. 


Es más que evidente que esa inexplicable dilación en la intervención de los voceros empresarios, fue deliberada. Así el gobierno provincial intentó descomprimir un clima poco propicio para un nuevo aumento de tarifas en la provincia de Santa Fe, aumentos que los santafesinos venimos sufriendo reiteradamente desde el año 2003, aunque hasta el año 2015, el anterior gobierno nacional no aplicara aumento alguno al precio de la electricidad mayorista. No obstante ello, el gobierno santafesino, sistemáticamente produjo el incremento de la tarifa de la luz eléctrica, la que por ello hoy es una de las más caras del país.


La anodina exposición de los representantes empresarios, nunca hizo referencia numérica en relación a los distintos componentes del costo del servicio y su incidencia sobre la tarifa final. Ni con los costos vigentes hasta el año 2015 con los subsidios que se otorgaban a través de Cammesa, como tampoco luego del aumento dispuesto por el gobierno de Macri sobre el precio de la energía mayorista.


Por supuesto que tampoco nada dijeron los voceros empresarios en relación a que la Provincia hasta el año 2015, no abonaba al Estado Nacional la electricidad que recibía de Cammesa (siempre al mismo precio), mientras que aquí el gobierno provincial aumentaba la tarifa. Nunca explicaron donde fue esa enorme masa de dinero. Tampoco hicieron referencia a la condonación de la deuda por electricidad que le hizo a la provincia de Santa Fe el gobierno de Macri. Por el contrario, pese a los sucesivos aumentos aplicados en la tarifa durante más de diez años y a la condonación de la deuda por compra de energía, intentaron presentar un panorama desolador.


Marcelo Cassin, gerente general de la EPE, expresó que para el año 2017 los egresos presupuestados por la empresa ascienden a $ 15.839 millones. Y que los ingresos se reducirían a $ 12.298 millones si no se aprobara la “actualización tarifaria solicitada”. Pero, si se aprueba el aumento, los ingresos serán de $ 14.767 millones, entonces el déficit de la empresa se reduciría a “solo” $1.072 millones, en lugar de un  déficit de $ 3.540 millones sin los incrementos.  Algo tendrán que ver los gerenciadores nombrados en la EPE por el gobierno provincial, para que en una empresa que ni siquiera pagaba la electricidad que compraba mientras aumentaba las tarifas permanentemente, hoy se presente la situación que sus gerenciadores describen.  


Por su parte, el Ingeniero Raúl Stival, antes vocero de la empresa y hoy Presidente del Directorio, solo pretendió justificar la suba de las tarifas en la inversión prevista para 2017, que es de $ 1.213 millones.  Lo que tampoco aclararon es de donde se obtendrían esos $1.213 millones previstos para obras. ¿Estan incluídos dentro de los egresos previstos para el año 2017  y por lo tanto forman parte del déficit calculado en $1.072 millones? ¿O además del pretendido aumento de tarifas saldrán a endeudar a la empresa y a la provincia?


Estas preguntas quedaron sin responder a los usuarios, mientras la Secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, se limitaba a ser un espectador de lujo sentada al lado de los representantes empresarios. 


Demás está decir que quienes hicieron uso de la palabra en representación de los usuarios, sea personalmente o representando a asociaciones o instituciones, mostraron el rechazo al nuevo incremento, y todos destacaban que en los últimos años en Santa Fe se aplicaron 15 aumentos de tarifas.


Alguien remarcó por allí que en el año 2008, la participación del Estado en el gasto total de la EPE era del 5%; pero ya en el año 2015 sólo fue del 1%, es decir que con presupuestos provinciales cada vez más grandes, el gobierno provincial invirtió en EPE cada vez menos y los usuarios pusieron cada vez más como consecuencia de los aumentos de tarifas.

El vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda,  expresó que desde la Federación Industrial no avalan la suba de tarifas. Dijo que en éste momento económico complicado, están haciendo un esfuerzo para mantener los puestos de trabajo mientras se defienden de las importaciones indiscriminadas, y que el aumento de los costos impacta negativamente en las cuentas de las empresas. Y preguntó: ¿Para qué sirve el aumento de tarifas si luego no se puede pagar?”.


También dirigentes de APYME expresaron el rechazo al aumento, y denunciaron la incertidumbre del sector por la suba de costos, la caída del mercado interno y la constante disminución de la actividad.


Otra pregunta que nadie contestó es porqué el aumento propuesto solo para el primer trimestre es del 37% de promedio, un enorme aumento que ni siquiera cubre todo el año, mientras el presupuesto provincial estima un 17% de inflación anual.

En síntesis, una audiencia pública con demasiadas preguntas, sin ninguna respuesta y con un  gobierno santafesino que convoca desde su complicidad con el tarifazo. 


Si finalmente –como es previsible- el nuevo aumento se aplica, ésto debería hacer reflexionar a los usuarios, a sus organizaciones e instituciones. Habría que evaluar si concurriendo a éstas audiencias prefabricadas y no vinculantes, no se está contribuyendo a legitimar el enorme daño que se les ocasiona a los usuarios con tarifas irracionales e impagables. 


¿Qué ocurriría si frente a convocatorias artificiales como ésta, se dejara en soledad a los representantes empresarios y a los funcionarios provinciales, y se buscaran otros canales para mostrar el rechazo social a los aumentos tarifarios?

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