QUE FÁCIL TE VEN, CGT

Leíamos en Ambito Financiero de ayer que el Ministerio de Trabajo a cargo de Jorgito Triaca prepara el plan "Garcarte 2017", con una batería de iniciativas y proyectos tendientes -como que no- a hacerle más placentera la vida a los laburantes argentos.  

Así por ejemplo nos cuentan: "Uno de los objetivos enumerados en el documento es la reducción de la "litigiosidad laboral" con una baja de las indemnizaciones que percibe el trabajador en caso de comprobarse un vínculo informal. A través de un proyecto de ley, prevé que el trabajador dejará de cobrar las sanciones económicas (extras indemnizatorios) aplicadas al empleador por falta de registración del empleado, por inscripción tardía, por declaración de menor salario que el efectivamente pagado o por despido incausado. Esos montos, de aprobarse la iniciativa, pasarán a la ANSES." (las negritas son nuestras) 

Sí, entendieron bien: para que baje el empleo en negro, lo que el gobierno plantearía es reducir las indemnizaciones que los trabajadores perciben si se los despide, y logran probar que los tenían sin registrar, los echaron sin causa, los anotaron tarde o el empleador declara menos salario que el efectivamente les paga, para ahorrarse cargas patronales. 

El mamarracho va en la misma línea de pretender que bajando esas cargas o las indemnizaciones por despidos. se logra generar más empleo; un absurdo desmentido por las estadísticas: con rebaja de cargas patronales e indemnizaciones en los años 90' el desempleo subió, con doble indemnización hasta bien entrado el kirchnerismo, bajaron el desempleo y el empleo no registrado.  

Nada se dice en la nota (y suponemos que tampoco en el documento del ministerio) que grado de cumplimiento tiene el régimen de sanciones de la Ley 26.940 (2014), que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y contempla como sanciones para los inscriptos en el mismo en su artículo 13 quedar excluido de "...Acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional;...Acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas;...Celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias;". 

Pero hay más, seguimos leyendo: "El documento fue presentado esta semana a sus colaboradores por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y recoge planes esbozados por Triaca y Mauricio Macri en sus reuniones periódicas. Uno de sus capítulos más extensos apunta a una reformulación de los programas de pasantías laborales y la elevación del sistema resultante al rango de ley. "El objetivo final es que toda la formación prelaboral pueda tener un período de aprendizaje de entre 3 y 12 meses, por fuera del marco laboral. De otro modo las empresas no van a querer participar. Esa es nuestra agenda", le dijo anoche a este diario Ponte, un exdirectivo del grupo Techint. También se pautó una iniciativa para la "creación del Sistema de Prácticas Formativas Secundarias, Terciarias, Universitarias y de Nóveles Graduados" como reemplazo formal de "la antigua ley de pasantías, hoy obsoleta", añade el documento, de modo tal de "brindar a los estudiantes el derecho a ser reconocidos en el mundo del trabajo". El antecedente más próximo es el acuerdo que concretó el Gobierno con la cadena de comidas rápidas McDonald's, que subsidia parte de los salarios de los empleados ingresantes. " (como siempre, las negritas son nuestras)

Por si no quedó claro: la idea del gobierno (en realidad, la de los empresarios, que es casi lo mismo) es replicar el vergonzoso convenio con Mc Donald's (declarado inconstitucional por la justicia) en todo el ámbito laboral, elevándolo a la categoría de ley; y aumentando aun más la precarización laboral, con un lapso "de prueba" donde la relación ni siquiera tendría ese carácter; y en consecuencia los empresarios la pueden terminar cuando se les antoje, sin consecuencia legal alguna..

Y se vuelve otra vez con la maniobra de "laboralizar" en condiciones precarias y de explotación las pasantías educativas, que son parte del trayecto y formación de los estudiantes, y no un "período de prueba" para ingresar al mercado laboral. Por cierto, la "antigua" ley de pasantías es la 26.427, y data del año 2008; y fue sancionada precisamente para derogar la anterior, que entronizaba esa formas encubiertas de explotación y fraude laboral por las empresas, para obtener mano de obra barata. 

Las ideas son todo menos novedosas: van en línea con el esperpéntico proyecto de "empleo joven" que Macri envió al Congreso; y un mamarracho similar ya fue presentado en el 2013 por el diputado Obiglio (del PRO), justamente modificando la Ley 26.427. Porque si hay algo que tiene la derecha vernácula, es que jamás renueva sus ideas.

Sin embargo, la culpa no es solo del chancho, sino también de quien le da de comer: sin la impresentable claudicación serial de la burocrática e impresentable conducción de la CGT (que registra entre sus últimos éxitos haber bancado los cambios al régimen de ART y al de Ganancias), ninguno de estos experimentos cercenadores de derechos serían intentados: los ven con el mondongo blando y crecido a los muchachos, por ende fáciles para pelearse. Si ni ganas tienen.