LA FRASE

"DONALD, SOY EL NÚMERO UNO, DONALD, CUANDO PUEDA TE VACUNO." (VLADIMIR PUTIN)

martes, 27 de noviembre de 2012

A VER SI LA EXPLICAN MEJOR MUCHACHOS, PORQUE NO SE ENTENDIÓ


En el transcurso de la semana pasada fracasó por falta de quórum (hubo sólo 9 legisladores presentes sobre un total de 69) la Asamblea Legislativa convocada para tratar el pliego del ex Fiscal de Estado de Binner, Joprge Barraguirre, para la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; y otros cargos a cubrir en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Defensa y la Acusación.

Estos últimos serán tratados la semana que viene, pero el de Barraguirre  quedó aprobado por el mero tanscurso del tiempo, como lo establece la Constitución provincial cuando los pliegos mandados por el Ejecutivo no son tratados por la Legislatura.

En los días previos y como da cuenta la crónica, legisladores del Pj anticiparon su intención de rechazar otros pliegos que estaban en el mismo paquete porque se trata de ex funcionarios políticos de la gestión de Binner, que ocuparían cargos en la justicia, algo tratado en detalle acá; y que no es nuevo: de hecho, viene sucediendo desde que el Frente Progresista gobierna Santa Fe.

Y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bonfatti calentó más la previa acusando a la oposición de "caza de brujas", por cuestionar los concursos que llevó adelante el Consejo de la Magistratura por el simple hecho de que los ganan siempre candidatos que están vinculados al socialismo o a la UCR, y algunos que fueron funcionarios del gobierno provincial: ni más ni menos que algo parecido a lo que dicen los legisladores opositores en la Nación, por ejemplo en el famoso concurso para cubrir el juzgado que tiene la causa de la ley de medios.

Al parecer el argumento hizo mella en los legisladores del PJ, que optaron por no dar quórum en la Asamblea, para que el pliego de Barraguirre quedara aprobado por el mero transcurso del tiempo, de modo de evitarse tener que discutirlo; para lo cual tendrían que haber valorado sus antecedentes, y también su desempeño como Fiscal de Estado de Binner, que forma parte de esos antecedentes: no hay dos Barraguirre, uno el jurisconsulto, y el otro, el funcionario político de Binner y asesor de Bonfatti.

En el caso de los cargos concursados, lo que objetan los legisladores del PJ es la transparencia de los concursos, porque en muchos casos los ganaron ex funcionarios de Binner, incluso algunos que participaron en su diseño; pero además de ponerse en tela de juicio la transparencia del procedimiento, también debería estar en entredicho la independencia con la que ejercerán su función el día de mañana, considerando que muchos se postulan como fiscales en la justicia penal: ¿qué pasaría por ejemplo si deben intervenir en una causa que involucre a funcionarios del gobierno provincial?

En el de Barraguirre (que no fue seleccionado por concurso) los legisladores del PJ que integran la bicameral de acuerdos (incluyendo al obeidista Lacava, uno de los 9 que se quedó en el recinto en la Asamblea) votaron a favor del pliego enviado por Bonfatti, argumentando que hay que reconocerle al gobernador el derecho de nombrar a quienes ocupen determinados cargos.

El argumento es poco convincente: el gobernador propone, pero la Legislatura (de acuerdo a la Constitución) debe dar su acuerdo, y eso implica que puede rechazar un pliego si el candidato no satisface: justamente lo que los distintos sectores del PJ amenazan hacer con algunos de los que serán tratados la semana que viene. De lo contrario (si no pudiera rechazar un pliego) no se entiende a que fines intervendría en el trámite de designación de funcionarios de la justicia (como en el caso del Procurador), u otros que requieren acuerdo legislativo.

Y cuando presta un acuerdo, se supone que el Poder Legislativo evalúa todos los antecedentes del postulante, en función del cargo a ocupar; sin embargo en éste caso no se termina de entender la postura de los bloques del PJ en relación a Barraguirre.

No porque se entren a analizar sus mayores o menores virtudes y conocimientos, sino (reiteramos) en función de que pasará a desempeñar una función importantísima dentro de la estructura del Poder Judicial, y no en el gabinete de Bonfatti; como cuando fue designado Fiscal de Estado, cargo que también requiere acuerdo legislativo.

Y no parece justamente que los legisladores del PJ (en tanto no dieron quórum a sabiendas de que el pliego quedaría aprobado por el mero transcurso del tiempo) hayan analizado el papel que le cupo desempeñar a Barraguirre como Fiscal de Estado de Binner; rol en que tuvo participación decisiva en todas las decisiones más controvertidas del ex gobernador.

A las pruebas nos remitimos:

Barraguirre dictaminó favorablemente en los más de 100 decretos de insistencia que dictó Binner ante otras tantas observaciones legales del Tribunal de Cuentas, por actos administrativos que aprobaron contrataciones y nombramientos de personal en condiciones irregulares.

También convalidó con su opinión las contrataciones directas del Banco Municipal de Rosario para la entrega de las tarjetas magnéticas de los planes del Ministerio de Desarrollo Social, de una UTE inexistente para la concesión de la Autopista Santa Fe-Rosario, y la adjudicación (también sin licitación pública) de la impresión de las boletas para las elecciones a AGL (la sociedad de Clarín y El Litoral) y la empresa Boldt; así como del subsidio provincial encubierto a los hospitales municipales rosarinos.

Opinó a favor de que la concesión de la autopista fuera hecha por el Poder Ejecutivo sin intervención de la Legislatura, en base a una ley derogada; y a la prórroga del contrato del agente financiero con el Nuevo Banco de Santa Fe (del Grupo Eskenazy), de modo que tampoco intervino la Legislatura en la redacción de los pliegos de la nueva licitación.    

También respaldó jurídicamente el puenteo a la Legislatura para que nunca interviniera en el análisis del convenio firmado por el gobierno de Binner con la Unión Europea, para la financiación de los Nodos y el Plan Estratégico; y anunció con bombos y platillos en el 2009 un sistema de reparación a los perjudicados por las inundaciones del 2003, hasta hoy nunca concretado.

Siendo Fiscal de Estado y por ende patrocinante obligado de la provincia en todas las causas judiciales, aconsejó la contratación en forma directa del estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra, y de los abogados de Cablevisión y Multicanal (los mismos de la ONG inexistente que patrocinó causas contra el Estado nacional en defensa de los intereses del Grupo Clarín), para llevar adelante varios juicios contra la Nación; la mayoría de los cuales aun no han sido ni siquiera iniciados, y otros (como el del descuento del 15 % de la coparticipación que va a la ANSES) que todo indica la provincia terminará perdiendo.

Y finalmente, fue Barraguirre quien convalidó expresamente la vulneración sistemática por parte del gobierno de Binner (continuada por el de Bonfatti) de la Ley 12.521 (2006), que mandaba a cubrir las vacantes y genera los ascensos de la Policía por concursos públicos y abiertos; con el insólito argumento de que la reglamentación y cumplimiento de la ley eran imposibles, algo que el propio Bonfatti acaba de desmentir por estos días. 

Es decir entonces que Barraguirre (como Fiscal de Estado de Binner) fue artífice principal de la resurrección de las tristemente célebres Juntas de Calificaciones, centrales en la construcción del modelo socialista de "policía atendida por sus propios dueños"; que estalló por los aires en el caso Tognoli.

Por eso es como mínimo sorprendente que los legisladores del PJ (que acaban de impulsar una ley de emergencia en seguridad, e interpelar a Lamberto) hayan elegido convalidar tácitamente su designación como Procurador General, sin poner en la discusión todos estos antecedentes que ponen seriamente en tela de juicio su independencia de criterio para la función que pasará a cumplir.

A lo mejor si explican lo que quisieron hacer lo entendemos todos, pero parece bastante confuso. 

No hay comentarios: