LO QUE EL VETO SE LLEVÓ

El martes pasado (horas antes de la interpelación a Lamberto en la Legislatura) Bonfatti anunciaba reformas en la Policía provincial, que fueron analizadas acá.

En ese mismo acto, se refirió a la ley de emergencia en seguridad impulsada por la oposición en la Legislatura, anunciando un veto parcial.

Pero dijo más: que estaba en un todo de acuerdo con el espìritu de la ley, que leyéndola le costaba encontrar puntos con los que no coincidiera, y que sólo vetaría algunos que afectaban la división de poderes por avanzar la ley sobre atribuciones del Poder Ejecutivo.

Y sin embargo, terminó vetando 12 de los 16 artículos de la ley sancionada, y entre los 4 que dejó el pie está el de forma, el último que está en todas las leyes y dice: "Comuníquese al Poder Ejecutivo".

Entre los artículos vetados -como da cuenta la nota del tío Tizziani en Rosario 12- está el que ordenaba remover a jefes policiales investigados por la justicia, y el que refería al control legislativo y del Tribunal de Cuentas sobre los gastos reservados que tienen asignadas distintas unidades de la Policía para hacer tareas de inteligencia; algo que les está expresamente prohibido según explicamos acá.   

En el caso de los gastos reservados para hacer tareas de inteligencia, Bonfatti fue aun más lejos, porque allí el veto al artículo fue sin proponer una enmienda o redacción alternativa que los legisladores pudieran considerar, con lo cual para rechazarlo la Legislatura necesita los dos tercios.

O lo que es lo mismo: en línea con lo dicho en el recinto por los legisladores oficialistas cuando se discutió la norma (según lo contamos acá), el socialismo no quiere ningún tipo de control institucional del manejo de esos fondos, y quiere dejarlos librados al puro arbitrio policial.

Del mismo modo que la negativa a desplazar a los funcionarios policiales investigados por la justicia no es otra cosa que un modo de proteger a quienes (como el propio Jefe de Policía Cristian Sola) afrontan investigaciones por enriquecimiento ilícito y connivencia con el delito: el gobierno lleva -en apariencia- años investigando si Sola puede o no justificar con su patrimonio e ingresos, tener una casa valuada en medio millón de dólares en Roldán, cerca de Rosario.

Dos claros ejemplos de que el autogobierno policial y la connivencia del poder político con lo peor de la fuerza de seguridad en Santa Fe siguen vigentes, aun después del escándalo Tognoli.

Una realidad que no se puede ocultar con los cantitos del Gabinete Joven y todo el ñocaje progresista en las gradas de la Legislatura el pasado miércoles, ni con el activismo de algunos funcionarios en las redes sociales, invirtiendo en pelotudeces el tiempo en que deberían estar haciendo algo a cambio del sueldo que les pagamos todos.